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“Nicaragua puede ejecutar sobre la margen derecha del Río San Juan y sobre la del Río Colorado, las obras hidráulicas o de otro género que juzgue conveniente para mejorar su navegación”

Artículo V, tratado Navas-Castro, firmado el 19 de enero de 1884
El conflicto que ha escalado entre Costa Rica y Nicaragua a propósito de la decisión de Nicaragua de dragar el Río San Juan es completamente artificial, porque el Río San Juan en toda su longitud pertenece al territorio nicaragüense.

Los antecedentes históricos lo demuestran. Concluida la Guerra Nacional, el gobierno de Costa Rica mantuvo sus tropas ocupando militarmente la parte sur del lago de Nicaragua y del Río San Juan, al mismo tiempo que presionaba para concluir un tratado con el gobierno de Nicaragua que cumpliera los objetivos que se había propuesto respecto de su frontera norte. Ese objetivo, que perseguía desde la anexión de Nicoya y Guanacaste en 1823, que significaba la pérdida de 13 mil kilómetros cuadrados del territorio nicaragüense, era hacerse con la parte sur del lago de Nicaragua y todo el Río San Juan.

El 15 de abril de 1858, se firmó en la ciudad de San José de Costa Rica el “Tratado de Límites Territoriales” conocido como Tratado Jerez Cañas, que posteriormente no fue reconocido como válido por Nicaragua por faltarle algunos procedimientos de ley para obtener este rango, situación que se mantuvo por 30 años. En ese lapso, Costa Rica ofreció varias opciones para resolver el conflicto, desde dar como límite el Río Colorado, hasta dar dinero y otras prerrogativas para que el gobierno de Nicaragua ratificara el Tratado Jerez Cañas.

En ese contexto se firma, el 19 de enero de 1884, el tratado Navas-Castro en San José que en la parte medular de su Artículo I dice: “La línea de límites entre las repúblicas de Nicaragua y Costa Rica es la margen derecha del Río Colorado, desde su desembocadura en el Atlántico hasta su desprendimiento del Río San Juan, y a continuación la margen derecha de éste hasta un punto distante del Castillo Viejo, tres millas inglesas”.

Además este tratado establece en su artículo V que: “Nicaragua puede ejecutar sobre la margen derecha del Río San Juan y sobre la del Río Colorado, las obras hidráulicas o de otro género que juzgue conveniente para mejorar su navegación”.

El tratado no fue ratificado, pero el espíritu del mismo se recogió posteriormente por el Laudo Cleveland, que establece lo siguiente: “La República de Nicaragua tendrá exclusivamente el dominio y sumo imperio sobre las aguas del Río San Juan, desde su salida del Lago hasta su desembocadura en el Atlántico, pero la República de Costa Rica, tendrá en dichas aguas los derechos perpetuos de libre navegación, desde la expresada desembocadura, hasta tres millas inglesas antes de llegar al Castillo Viejo, con objetos de comercio, ya sea con Nicaragua o al interior de Costa Rica por los Ríos de San Carlos o Sarapiquí, o cualquier otra vía procedente de la parte que en la ribera del San Juan se establece corresponder a esta República. Las embarcaciones de uno u otro país, podrán indistintamente atracar en las riveras del Río, en la parte que la navegación es común, sin cobrarse ningún tipo de impuesto, a no ser que se establezca de acuerdo con ambos gobiernos.”

Ante este tratado, vigente hasta la actualidad hay que aclarar lo siguiente:
Primero: El derecho de navegación con objeto de comercio allí establecido, es exclusivo para la parte de la frontera en que el Río sirve de límite, donde el Río San Juan no es límite no existe ese derecho.

Segundo: La posición de Costa Rica con respecto a “derechos perpetuos de libre navegación” tiende a suprimir la especificación de “objeto de comercio” y presenta ese derecho como si se tratara de navegación irrestricta, como un derecho general de Costa Rica de navegar por el Río sin ninguna limitación.

Tercero: Ese derecho de navegación se refiere únicamente a que barcos de Costa Rica puedan navegar entrando por el Puerto de San Juan del Norte sobre esa parte del Río y o bien para navegar hacia el interior de Costa Rica por los ríos San Carlos o Sarapiquí o cualquier otra vía.

Es de suma importancia tener en cuenta que el objeto de esta cláusula era para que las embarcaciones con mercaderías destinadas a Costa Rica entraran a Nicaragua por el Puerto de San Juan del Norte y llegaran a su destino en Costa Rica, lo que en Derecho Internacional se conoce como Servidumbre de Paso.

Ahora bien, el objeto principal del Tratado Jerez Cañas de 1858, fue el derecho de navegación con objeto de comercio establecido en el Laudo Cleveland, destinado a otorgar a Costa Rica una salida al Océano Atlántico para que pudiese exportar su café, algo que hoy Costa Rica no necesita pues tiene carretera de todo tiempo, ferrocarril, puerto y canales costeros. Es decir la zona cafetalera de ese país dejó de estar enclavada y tiene mejores posibilidades de comunicación que Nicaragua. Todo ello indica que desapareció el objeto principal de libre navegación.

Cabe señalar además que la bahía y el puerto de San Juan del Norte fueron inutilizados por la obstrucción de millones de toneladas de elementos sólidos provenientes de Costa Rica por el despale de la rivera del Río San Juan. Hoy de hecho es prácticamente imposible que Costa Rica pueda sacar su café por el Puerto de San Juan del Norte, pues ellos mismos inutilizaron la navegación y el uso del puerto en perjuicio de Nicaragua.

En el derecho internacional existe una circunstancia en la cual los acuerdos interestatales pierden su vigor, y es cuando varían fundamentalmente las condiciones dentro de las cuales fueron suscritos. Se aplica entonces en estos casos la llamada cláusula “Rebus sic Stantibus” de la convención de Viena de 1969 de la ONU.

Esta cláusula sólo puede ser invocada en tres situaciones:

1.- Cuando una de las partes contratantes pierden su personalidad jurídica.
2.- Cuando desaparece o se altera sustancialmente el objeto principal acerca del cual versó el tratado y
3.- Cuando la alteración del estado de cosas fáctico y jurídicamente existente al tiempo del acuerdo, vuelven su aplicación materialmente imposible o lesivo para una de las partes.

Así, podríamos decir que la Cláusula Rebus Sic Stantibus, implícita en todos los tratados internacionales, al ser aplicada a la situación actual establecería que si el derecho de navegación no puede ejercerse porque las circunstancias han cambiado en virtud de los hechos de la naturaleza, ese derecho ha terminado. No existe ningún derecho cuando no puede ser ejercido debido a un cambio en la realidad de la naturaleza. Costa Rica tiene unos 151 años de no usar la “servidumbre de paso” y el permitirles navegar por el Río San Juan a policías armados o simplemente navegar, aún con el permiso expreso cada vez, y no digamos respaldados por una ley, sería aceptar la doctrina del dominio útil, es decir que compartimos la soberanía y defensa de todo el Río San Juan.

Esto no significa que Nicaragua va a denunciar el Tratado de Límites y los consiguientes Laudos, pero sí que los derechos que Costa Rica dice tener sobre la ruta del Río San Juan, no existen. Es decir, Nicaragua no tiene ningún problema de índole territorial con Costa Rica y todo lo actualmente planteado por ese país, a propósito de las labores de dragado realizadas por Nicaragua, responden a un conflicto meramente artificial.

Con el criterio utilizado por Costa Rica para sus reclamos, Nicaragua podría demandar ante la Corte Internacional de Justicia a ese país, para que se le reintegren a nuestro país las provincias de Guanacaste y Nicoya, que se entregaron a ese país para que la soberanía del Río San Juan fuese absolutamente nicaragüense.


* Doctor en Historia