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La política, entendida como la doctrina y estrategias para dirigir los asuntos públicos, requiere de una gran capacidad en sus líderes de influenciar la opinión de las masas y formar consenso sobre la dirección que, como Nación, se desea seguir. Lastimosamente, en la práctica diaria de la política moderna este concepto se distorsiona a tal punto que lo que se ve en realidad son líderes que desean manipular la opinión de las masas para lograr objetivos de interés personal o partidario mediante maniobras muy bien coordinadas y, preferiblemente, no muy evidentes. Creo que todos los nicaragüenses podemos estar de acuerdo que, a lo largo de la historia de nuestro país, la política nacional ha sido llevada de esta manera llegando a veces a manipulaciones que son obvias y hasta ofensivas a la inteligencia de todos nosotros.

Esta introducción es para referirme al conflicto actual entre Costa Rica y Nicaragua. Y es que se hace cada vez más evidente la coordinación que existe entre cada una de las maniobras políticas de parte de Daniel Ortega y su gobierno, con el objetivo claro de mantenerse en el poder. Mi argumento es que el conflicto con Costa Rica es una maniobra más que sirve para este mismo propósito. No pretendo debatir si la continuación del gobierno de Ortega es deseable para Nicaragua o no, ni tampoco discutir si es posible a estas alturas evitar su participación como candidato presidencial en la contienda electoral de 2011. Mi única intención es la de señalar hasta qué punto Daniel Ortega subestima las repercusiones que tienen sus maniobras políticas para asegurar su permanencia en el poder sobre la vida diaria de los sectores más vulnerables de la población nicaragüense. Esto revela una falta de concordancia entre los efectos que tienen sus tácticas políticas y los objetivos sociales que dice buscar.

Haciendo un recuento, después de las elecciones municipales en noviembre de 2008 en las que el partido FSLN se queda oficialmente con las alcaldías más importantes del país, la oposición falla en sus intentos de resolver sus reclamos de irregularidades en el proceso electoral. Además, algunos donantes congelan su ayuda a Nicaragua o se retiran definitivamente del país, como es el caso de Suecia y Noruega. Esto marca el inicio de una serie de maniobras por parte del actual gobierno que van asegurando la participación de Daniel Ortega en las próximas elecciones presidenciales a pesar de la doble prohibición constitucional que se lo impide. En octubre de 2009, se dio la sentencia de los magistrados sandinistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarando inaplicable el artículo de la Constitución que prohíbe su reelección, argumentando que éste viola sus derechos humanos.

A esto se le suma el decreto emitido en diciembre de 2009 en donde Ortega asume tener la facultad para autorizar a magistrados judiciales y electorales (que incluyen a aquellos magistrados autores de la sentencia dada dos meses antes) para permanecer en sus cargos aunque se venza su período. Luego vino la publicación del artículo transitorio 201 en La Gaceta, el cual tiene años de estar en desuso, con el cual se pretende dar legalidad a la permanencia de los magistrados en sus puestos. Y basado en esto, los magistrados sandinistas de la CSJ se reúnen junto a conjueces que pretenden reemplazar a aquellos magistrados opositores, para eliminar de la Constitución de la República el artículo 147 que prohíbe la reelección. Según el entendimiento sobre leyes de esta ‘corte plena’ , es el Poder Judicial y no el Poder Legislativo el único competente para modificar la Carta Magna. Días después el presidente del Poder Electoral, Roberto Rivas, anuncia públicamente la convocatoria a las elecciones de 2011 y aclara que acatará el fallo de la CSJ, permitiéndole a Ortega reelegirse.

Seguramente el lector estará confundido con el tema del cual trata este artículo, pues al inicio dije que éste se refiere al conflicto entre Costa Rica y Nicaragua. ¿Qué tiene que ver la política doméstica nicaragüense con Costa Rica? Exactamente… nada. Sin embargo, las maniobras políticas que actualmente toma el gobierno de Ortega involucran a Costa Rica con la aparente intención de distraer a la opinión pública y de crear un contexto que, intencionalmente o no (para aquellos que están convencidos de la falta de conexión entre ambos temas), ayuda a garantizar la candidatura de Ortega en las próximas elecciones.

Las maniobras para modificar la Constitución acapararon los titulares de todos los medios de comunicación en Nicaragua, tanto los oficialistas como los no-oficialistas. Y así se volvieron parte del debate público entre los sectores de nuestra sociedad. La reacción de la oposición, aunque débil, fue inmediata. Los grupos opositores lograron los acuerdos de Metrocentro 2, en donde aseguran unirse para evitar la reelección de Ortega. Y aunque es fácil cuestionar el compromiso real de algunos dirigentes de la oposición con este objetivo, ha habido suficiente coordinación como para que surja con cierto consenso la posible candidatura de Fabio Gadea Mantilla, representando una alianza opositora nacional que participe en las próximas elecciones.

Dado el movimiento de piezas que el gobierno de Ortega ya ha hecho dentro del juego político nacional, lo que más le beneficiaría para asegurarse que no exista ninguna reacción efectiva por parte de la oposición sería propiciar su inacción. Y qué mejor forma de distraer esta oposición y todos los sectores de la sociedad, que trayendo el tema del conflicto limítrofe con Costa Rica a la mesa. Desde el inicio de este nuevo conflicto, el Presidente Ortega ha sabido plantar la semilla de la polémica. El dragado en nuestro Río San Juan comenzó sin mucho cuestionamiento sobre cómo se licitó este proyecto y sobre la posibilidad de daños que esta actividad pueda causar en las ramificaciones aguas abajo que caen en territorio costarricense, algo que esta regulado por la ley internacional. El nervio de los ticos es fácil de entender si nos imaginamos por un momento en una situación en la cual la acción de terceros nos afecta indirectamente. El conflicto sube de tono cuando el reclamo de Costa Rica se transforma en un reclamo limítrofe, al afirmar que miembros del ejército de Nicaragua se encuentran en territorio costarricense, mientras el gobierno nicaragüense afirma estar en territorio nacional. Y es que éste es un debate entre Costa Rica y Nicaragua que tiene muchísimos años y, desafortunadamente, la desidia de ambos países lo ha perpetuado. Sin embargo, es justamente ahora, que el gobierno de Ortega decide reavivar el tema. Y dice estar dispuesto al diálogo con nuestros vecinos para definir de una vez por todas la frontera entre los dos países. Como muestra de esta voluntad de ‘diálogo’ envía a algunos efectivos militares justamente al territorio disputado, quizás para empezar las pláticas con nuestro vecino partiendo del hecho que Nicaragua tiene la razón. De esta forma casi gratuita se deteriora la relación con un país con el cual tenemos, y seguiremos teniendo, una relación socio-económica muy estrecha por el simple hecho de ser nuestro vecino.

Y es así cómo en las últimas semanas todos los medios de comunicación, los sectores de la sociedad civil y los líderes de la oposición han comenzado a destinar más tiempo al análisis de todos los argumentos legales que Nicaragua pueda tener para defender su posición en el conflicto limítrofe. Y ya nadie parece recordar aquellos enunciados que resaltaban las últimas maniobras políticas, ilegales o no, del gobierno y la oposición en miras a las próximas elecciones nacionales.

Es el tiempo que corre el que se encarga de legalizar definitivamente todas las acciones que se han tomado para modificar la Carta Magna y así permitirle a Daniel Ortega presentarse como candidato presidencial en las elecciones de 2011. Los efectos secundarios de estas maniobras políticas los sufren siempre los nicaragüenses más vulnerables: los que eran beneficiarios de la ayuda de donantes como los suizos y noruegos, los que tienen que migrar a Costa Rica para conseguir un empleo que les permita darle de comer a sus familiares en las zonas más pobres de Nicaragua. El pueblo no es ciego ante este tipo de maniobras y estoy apostando que el actual gobierno, cuyo lema es ‘El Pueblo Presidente’, se dará cuenta de esto a más tardar en Noviembre del 2011.


*Doctor en Economía
emiliohernandez@hotmail.com