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La controversia con Costa Rica ha suscitado un admirable sentimiento de unidad nacional en defensa de nuestra soberanía e integridad territorial, algo que nos debe llenar de justa satisfacción. Sin embargo, honestamente, es preciso reconocer que la diplomacia nicaragüense no ha manejado la controversia del mejor modo. La primera falla de nuestra diplomacia fue rechazar la Resolución del Consejo Permanente de la OEA, aprobada el 12 de noviembre, tres de cuyas recomendaciones son enteramente favorables a las posiciones sostenidas por Nicaragua: la necesidad de reanudar cuanto antes las reuniones de la Comisión Binacional; retomar de inmediato las conversaciones sobre aspectos relacionados con la demarcación de la línea fronteriza, conforme los tratados y laudos existentes; e instruir a las autoridades pertinentes para que refuercen los mecanismos para enfrentar el narcotráfico, el crimen organizado y el tráfico de armas en el cordón fronterizo.

En cuanto a la recomendación de “evitar la presencia de fuerzas armadas o de seguridad en el área donde su presencia podría generar tensión”, en realidad es favorable a Nicaragua ya que, en contra de lo alegado por Costa Rica, no dice que Nicaragua está invadiendo territorio costarricense y que, por consiguiente deba retirar sus efectivos militares del territorio invadido. Únicamente dice que “con el fin de generar un clima propicio para el diálogo entre ambas naciones, evitar la presencia de fuerzas armadas o de seguridad donde su presencia podría generar tensión”, algo muy usual en los casos en que los organismos internacionales tratan de mediar en controversias similares a la que ahora sostienen Nicaragua y Costa Rica. Acatar esta recomendación en nada mengua nuestra soberanía territorial. Cabe también recordar que Costa Rica no había manifestado ningún interés en reactivar la Comisión Binacional ni el amojonamiento de la frontera, que se paralizó en el 2004, precisamente cuando Costa Rica se retiró de la comisión encargada de estas tareas.

Por lo tanto, Nicaragua pudo muy bien, en ese momento, apuntarse una victoria diplomática, que por mal manejo o lectura equivocada de la Resolución, se transformó en derrota. Por otra parte, el gobierno de Nicaragua ha adoptado la decisión de no estar presente en ninguna reunión de la OEA que aborde el tema de la controversia con Costa Rica, lo que tampoco conviene a los intereses del país, desde luego que es abandonar un espacio en un organismo interamericano, del cual formamos parte, donde siempre es necesario que Nicaragua deje oír su voz para defender y fijar con claridad sus posiciones. Después de las declaraciones del Presidente Ortega, ofensivas para varios países amigos, estamos más aislados que nunca.

Nicaragua fue la primera en anunciar que llevaría el asunto a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, pero Costa Rica se nos adelantó y ya nos está demandando ante dicha Corte. Nos parece que antes de anunciar la intención de ir a La Haya, se debió intentar, por economía de tiempo y dinero, encontrar la solución por la vía del diálogo bilateral con Costa Rica, principalmente si se tiene presente que está prevista una reunión entre el Presidente Ortega y la Presidenta Chinchilla para el día 27 de noviembre. Esta reunión no debería ser pospuesta.

Nicaragua tiene a su favor instrumentos internacionales incuestionables, como son el Tratado Jerez-Cañas, los laudos Cleveland y Alexander, más la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de 2009, que se basó en estos mismos instrumentos, para hacer ver a Costa Rica, en el diálogo bilateral presidencial del 27 de noviembre, que nuestro país tiene pleno derecho a dragar el Río San Juan para hacerlo navegable y para que recupere su curso natural, sin necesidad de pedirle permiso a Costa Rica, que tampoco puede impedirlo, por cuanto el Tratado Jerez-Cañas de 1858 le reservó a Nicaragua el dominio y sumo imperio sobre el Río y sus aguas y así lo reitera, expresamente, el Laudo Cleveland de 1888. Basta, al respecto, leer lo que dice el punto 6 del Laudo Cleveland, que incluso va más allá de lo que actualmente está haciendo Nicaragua con el dragado, siempre que se indemnice a Costa Rica si se produjera algún daño, que por el momento no existe. Al contrario, el daño, en todo caso, proviene de la contaminación del Río San Juan por los residuos que vierten en él los ríos costarricenses. Hacer navegable el Rio San Juan es algo que no solo conviene a Nicaragua sino también a Costa Rica.

Los presidentes de Nicaragua y Costa Rica están obligados a asumir esta controversia con serenidad y responsabilidad, para encontrarle una solución apegada a los tratados, laudos y sentencias internacionales existentes, evitando contaminar la disputa de elementos políticos de interés partidario. Si encuentran la solución que jurídicamente corresponde, evitarán que se deteriore la relación amistosa que debe existir entre ambos pueblos hermanos, lograrían superar rápidamente el diferendo y le ahorrarían a sus naciones millones de dólares que mejor se invertirían en atender las necesidades de los pobladores vecinos al Río San Juan.