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Enfrentadas a una ciudadanía de segunda categoría por la humillación, la discriminación, la corrupción e ineficacia del Sistema Judicial, las mujeres nicaragüenses conmemoramos este 25 de noviembre el Día Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres.

En lo que va del año, según el reporte de la Red de Mujeres Contra la Violencia, se han cometido 82 asesinatos de mujeres, donde al menos el 75 por ciento de esos crímenes se encuentran en la impunidad
El desinterés y la insensibilidad de los actores involucrados en la ruta de la justicia para la mujer víctima de violencia, se pone de manifiesto cuando ni siquiera se ha realizado la detención del victimario o agresor.

En el proceso de denuncia, de recolección de pruebas e investigación, se abre el primer escenario donde comienza la impunidad, puesto que la palabra una la mujer no es valorada, lo que hace imposible llegar a una sentencia condenatoria en las denuncias de violencia contra las mujeres en cualquiera de sus formas.

Para nadie es un secreto las secuelas que presentan los hijos/as y familiares de las víctimas de violencia; cuando la familia busca justicia, por ejemplo en los casos de feminicidio (expresión extrema de la violencia) éstas son sometidas a la humillación y desgaste emocional, ahondando el dolor de las familias en la búsqueda para alcanzar la justicia.

Cuando no existe protección jurídica, políticas públicas para atender y reparar el daño a las víctimas, etc., y no se cumplen los convenios internacionales que sancionan la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus formas, pareciera que el mensaje del Estado, es de desinterés total de transformar la impunidad en justicia real y efectiva para las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia.

Considero que el Gobierno no puede continuar evadiendo su responsabilidad y seguir siendo cómplice de la violencia contra las mujeres. El Estado nicaragüense tiene una deuda pendiente con las mujeres, dado que aún no firma el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer (Cedaw).

En un informe preliminar de la Misión Internacional “Por el Acceso a la Justicia”, que estuvo en Nicaragua recientemente, se expresaba que la ineficiencia de los operadores de justicia, el ocultamiento de información, el desinterés por la verdad, la falta de investigación, la tolerancia y permisividad hacia los crímenes contra las mujeres, forman parte de la cadena de impunidad.

Para la Misión, la impunidad que acompaña estos crímenes, es el mensaje que el Estado envía socialmente, al desvincularse de la responsabilidad de proveer la verdad de los hechos, justicia y reparación a las víctimas.

Hasta hoy en Nicaragua no existe un solo albergue para proteger a las víctimas de violencia tutorado por el Estado, mucho menos existe un presupuesto para enmendar el daño a las víctimas de violencia.

Si bien, en el Código Penal se sanciona la violencia intrafamiliar, los abusos sexuales, violación sexual, etc. También es cierto que esos delitos y las sanciones para ello, no se están cumpliendo.

Podemos tener buenas leyes y procedimientos ante el tema planteado, pero si no hay voluntad política del Estado en esta grave problemática y un cambio de mentalidad en los operadores de justicia, entonces, será la impunidad y la corrupción las que prevalecerán en las denuncias de violencia en cualquiera de sus formas.

Por eso considero hoy más que nunca, la necesidad urgente de movilizarnos todas y todos, bajo una bandera común: detener la violencia contra las mujeres y exigir no más impunidad.

Que el 25 de Noviembre, Día Internacional por la No Violencia contra las mujeres, nos juntemos para demandar el respeto absoluto de todos los derechos de todas las mujeres. Defendamos sin distinción de clase, etnia, religión, nacionalidad y edad, ese Derecho Humano de vivir sin violencia.


*Periodista y Defensora del Derecho Humano de Vivir sin violencia.