Jorge Eduardo Arellano
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He leído parte del último informe de Amnistía Internacional que circuló por distintos medios electrónicos, escritos, televisivos a nivel nacional, donde pone en evidencia la problemática de abuso sexual en Nicaragua y demanda a las autoridades que deben erradicar la violación y los generalizados abusos sexuales contra niñas.

Este informe. “Escucha sus voces y actúa: No más violación y violencia sexual contra niñas en Nicaragua” revela la falta de acción y apoyo por parte del Estado, a las sobrevivientes para que rehagan sus vidas tras la violencia sexual.

Según datos policiales, entre 1998 y 2008 se presentaron más de 14,000 denuncias por abuso sexual. Dos tercios de las víctimas eran menores de 17 años. El informe, presentado en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, documenta cómo la sociedad nicaragüense estigmatiza a las víctimas de abuso sexual, y cómo el sexo sigue siendo un tema tabú, lo que hace que las niñas no se atrevan a denunciar la terrible situación que están viviendo.

Aunque la mayoría de datos no son nuevos, menos desconocidos por las autoridades nacionales, considero que deben visibilizarse siempre, ya que la tarea es seguir demandado seguridad y protección para las niñas. Según el informe los autores más habituales de la violencia sexual contra las niñas son familiares y personas que ocupan una posición de poder. El hogar se considera un lugar peligroso, y muchas niñas que sufren abuso sexual a manos de sus familiares se ven presionadas para guardar silencio. Ante esto qué hay. Hay ausencia de programas gubernamentales para concienciar a la población sobre la violencia sexual y para cambiar las actitudes sociales, lo que a menudo se traduce en culpabilización para las niñas y adolescentes, y no para el abusador.

A los cuatro vientos se ha dicho que no se cumplen las normas nacionales e internacionales sobre el trato a las niñas y adolescentes que sufren el horror del abuso sexual, se siguen dando malos tratos y una práctica poco ética sin precedente, con las niñas que denuncian la violación o los abusos sexuales. Como refiere el informe, pese a que en Nicaragua existen protocolos para policías, fiscales y jueces sobre el abordaje con personas que han vivido violación o abuso sexual, en la práctica a menudo estos protocolos no se tienen en cuenta, generando revictimización y complejizando aún más la secuela traumática.

El informe muestra la falta de ayuda que para las niñas y adolescentes que resultan embarazadas a partir del abuso sexual, que se ven forzadas a la maternidad y a quienes el Estado no proporciona ningún tipo de apoyo, para regresar a sus estudios o su trabajo. La penalización de todas las formas de aborto --en 2008-- sólo agravó las consecuencias para las sobrevivientes que regularmente rechazan el embarazo.

La ley obliga ahora a las niñas, bajo amenaza de encarcelamiento, a continuar con su embarazo después de haber sido violadas, incluso aunque el embarazo ponga en peligro su vida o su salud. Para una niña a la que su violador ya le ha negado todo control sobre su cuerpo, la ley actual supone una crueldad insoportable.

En octubre de 2010, el Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, manifestó su preocupación por “los elevados índices de malos tratos y descuido de niños, incluidos los abusos sexuales, y de violencia doméstica y de género” en Nicaragua.

Como dije antes no son nuevos datos, el informe solo reafirma más de lo que hemos dicho. Quizás debemos garantizar que haya resonancia de este nuevo grito de desesperación que lanzamos al gobierno y a la sociedad. Es importante seguir demandando atención por parte del Estado para esta problemática, desde una visión más integral y no con la concepción de ser un “problema de familia”.

Hay una responsabilidad directa en el gobierno para crear políticas públicas que den respuesta a esta problemática, que promuevan la participación de todos los sectores. Igualmente, la Asamblea Nacional debe establecer un marco jurídico acorde con la realidad de esta problemática, de tal forma que se garantice la efectiva penalización del delito.

La escuela debe ser un eje de intervención primario e insistente. Es importante prevenir y denunciar la violencia física y psíquica de los chavalos hacia las chavalas, denunciar a profesores que abusan sexualmente de niñas y adolescentes. Es importante contar con un Plan Escolar que promueva una permanente preparación de los maestros y maestras en este tema; para que las intervenciones sean oportunas.

La Iglesia en cualquiera de sus denominaciones, debe promover la denuncia y condena pública a los cintos de sacerdotes abusadores que por año fueron trasladados de parroquia en parroquia.

La familia juega un papel fundamental en la prevención del abuso sexual, ya que tiene la responsabilidad de romper con prejuicios y estereotipos sociales acumulados en los últimos siglos y empezar a tratar a niñas y niños en un marco de igualdad, respetando sus derechos, generando confianza para promover la fortaleza de sus hijas e hijos, de tal forma que sean capaces de prevenir el abuso sexual en cualquier momento.

Una nueva invitación queda abierta.

hablemosde.abusosexual@gmail.com
Movimiento contra el abuso sexual