Jorge Eduardo Arellano
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El anuncio extraoficial del primer secretario de la Asamblea Nacional, Wilfredo Navarro, sobre que la reunión final del actual período legislativo será próximo 5 de diciembre, indica que no habrá reforma constitucional ni la elección de los funcionarios que operan de facto en los poderes Electoral y el Judicial, ni en la Contraloría y la Comisión de Derechos Humanos. Este anuncio tiene una intención mucho más dramática que lo sugerido por las simples palabras de Navarro, pues ha dicho a nación, nada menos, que funcionará bajo un Estado de facto, al margen de todo derecho, bajo la voluntad dictatorial de Daniel Ortega, de inscribirse como candidato burlando la prohibición constitucional.

Sencillamente, se trata de un golpe de Estado. Y de ello se derivarán, por lo pronto, cuatro situaciones: 1) que siendo Navarro el primer secretario del pacto en la junta directiva de la Asamblea Nacional, se trata de una decisión anticonstitucional compartida por Ortega y Alemán; 2) que logrado ese tipo de “consenso” bipartito, Ortega se habrá impuesto por sobre el orden constitucional, con la complicidad del PLC; 3) que las otras representaciones parlamentarias perdieron la capacidad de influir en el curso de los acontecimientos políticos y legales; y 4) que se abrirá un proceso político al margen de los pactistas, con la libertad de las fuerzas antidictatoriales para abrir cualquier camino en defensa de la Constitución y la legalidad del país.

Dos de esas primeras cuatro posibles situaciones serían controladas por Ortega, con las fuerzas políticas, económicas y burocráticas del poder que controla, más el refuerzo de Alemán, su cómplice principal. La tercera situación será responsabilidad de los sectores de oposición parlamentaria, cuya mayoría acostumbra actuar con veleidades y oportunismos. Y la cuarta situación, dependerá de las fuerzas de oposición, obligadas a construir una coalición amplia, ahora apenas en proceso germinal.

Eso significa, la amenaza de que el país seguirá gobernado, casi sin solución de continuidad en su historia, con métodos personalistas dictatoriales de fuerzas políticas corrompidas en el ejercicio del poder, de una u otra corriente ideológica, pero identificadas en su desenfrenada ambición de poder, de dinero fácil y del disfrute privilegiado del mismo. Dentro de esas fuerzas, el orteguismo que opera a la sombra del sandinismo oficial, se ha convertido en la determinante no por su número, sino por la característica de operar con una disciplina, más como una fuerza militar, que como una fuerza política ideológica.

Pero su capacidad operativa, y cautiva como fuerza electoral, no es tan unitaria en lo ideológico como se ha supuesto. El orteguismo, que sigue cobijado bajo el nombre del FSLN, no funciona como partido político, sino como fuerza de choque con disciplina militar en distintos frentes, con una composición social heterogénea en su mayoría amalgamada con el incentivo económico, o por medio de toda clase de prebendas que emanan de un poder absoluto, sin el control institucional.

Los ministros y altos funcionarios estatales forman la primera fila, con los súper salarios, pese a lo cual no son éstos los que ofrecen las mejores posibilidades de enriquecimiento, si no las posibilidades de hacer negocios lucrativos con el tráfico de influencias. La posibilidad de hacerse de un ingreso familiar amplio y fabuloso, empleando a toda la parentela en cargos de todos los niveles y salarios, aunque no todos sus miembros sean aptos para desempeñarlos cabalmente.

Luego, vienen los funcionarios intermedios, menores y operadores políticos dentro de las instituciones, oficinas estatales y municipales. De este hecho han surgido dos fenómenos negativos desde inicios de 2007: miles de personas de ambos sexos, no orteguistas, despedidas de todo el Estado, como no lo había hecho ninguno de los gobiernos neoliberales anteriores; y la entrega masiva del carné del Frente entre viejos y nuevos empleados –hasta llegar a un millón, según el orteguismo—, unos obligados por el terror a quedar en el desempleo, y otros por el afán de incorporarse a un trabajo, después de un largo y doloroso período sin trabajo ni ingresos formales. Su fin: tenerlos como potenciales votos cautivos, y aunque no tengan la seguridad de lograrlo, les serán útiles para montar el fraude.

En los lugares inferiores de la pirámide orteguista, está incorporada una masa de gente pobre conquistada con pequeñas prebendas para ocuparla como activistas y propagandistas del culto a la personalidad de Daniel, y participantes en las concentraciones públicas progubernamentales. Entre esta masa popular, han quedado una buena cantidad de humildes sandinistas de sincera militancia –aunque no de carné—, con un historial de lucha durante las insurrecciones, como colaboradores con los combatientes populares. No pocos de ellos arriesgaron sus vidas y la seguridad de sus familias durante los años de resistencia popular a la dictadura, entre ellos las madres y padres de mártires de la revolución.

Esta composición humana y social que forma parte de la base del orteguismo, no está unida por convicción ideológica, sino por fidelidad a la causa sandinista original, fuertemente motivada por razones sentimentales. Son personas sinceras y sencillas que no han perdido la esperanza de tener una patria libre y progresista, y aún no han logrado distinguir entre el engaño de los líderes orteguistas enriquecidos en el poder y su proyecto de perpetuarse en el mismo, indefinidamente. Quizás esta gente sea la única reserva moral de que dispone el orteguismo.

La fuente de la cual se desprende tanto derroche de prepotencia e imposiciones por sobre la Constitución y todo el orden jurídico nacional, con el fin de lograr la reelección de Daniel Ortega, es la enorme cantidad de dinero emanado de la cooperación exterior, en primer lugar, de Venezuela, destinada a la campaña electoral del ya bastante próximo 2011. La suma calculada es no menos de un mil quinientos millones de córdobas. Difícil precisar la cantidad, pero en todo caso, no es menor a lo que podría utilizar, y talvez sea mucho más. Cuanto sea, lo seguro es que nadie en nuestro país posee tanto dinero para gastarlo a manos llenas, buscando la conservación y ampliación de su poder político y económico.

Quienes colaboran con este dinero desde el exterior para la imposición indefinida del orteguismo en el poder, por estar engañados con su discurso demagógico, o por la afinidad política de amor al poder y al enriquecimiento, nunca serán vistos a través de la historia como autores de un gesto de solidaridad con el pueblo nicaragüense, sino como cooperadores necesarios del delito de lesa patria y lesa democracia.

Pero aún habrán de contar con la decisión de lucha del pueblo nicaragüense por la constitucionalidad y sus derechos democráticos.