Jorge Eduardo Arellano
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El panorama electoral para el próximo año no es nada favorable a la transparencia que debe presidir un proceso donde el pueblo nicaragüense ejercerá su derecho soberano a elegir a sus autoridades mediante el sufragio universal, igual, directo y secreto (Art. 2 de la Constitución Política). Todo lo contrario. Negros nubarrones se ciernen sobre ese panorama. Poco a poco, van apareciendo síntomas que presagian la preparación sistemática de un eventual fraude.

En primer lugar, las elecciones han sido convocadas por un Consejo Supremo Electoral cuyos integrantes están actuando de facto, ya que los períodos para los que fueron electos se vencieron. Un decreto presidencial, dictado fuera de las facultades que corresponden al Poder Ejecutivo; una sentencia amañada de la Corte Suprema de Justicia, donde también dos de sus miembros actúan de facto y la resurrección del artículo 201 de la Constitución de 1987, verdadero milagro de arqueología jurídica, ninguno confiere legitimidad al Consejo Supremo Electoral.

Pero, además, y como si fuera poco, los señores que están actuando de facto en el Consejo Supremo Electoral son los mismos que hicieron el escandaloso fraude en las elecciones municipales del 2008, por lo que no solo carecen de legitimidad sino que tampoco cuentan con el respaldo ético indispensable para dirigir y organizar las elecciones del próximo año. Su credibilidad ante la opinión pública nacional e internacional está seriamente cuestionada.

Pero hay otros síntomas negativos, comenzando por la forma como se está llevando a cabo el proceso de cedulación: dándoles cédulas gratis a los funcionarios del Estado y a los simpatizantes del F.S.L.N. y exigiendo un cobro desproporcionado a los demás ciudadanos. De aquí arranca la desigualdad ciudadana en la competencia electoral próxima. Esto es un asunto muy grave porque demuestra el favoritismo del CSE para con una determinada opción política.

A su vez, el Calendario Electoral fue aprobado por el CSE sin atender las observaciones de los partidos políticos ni el exhaustivo análisis que hizo el Grupo Promotor de las Reformas Electorales, que pone en evidencia el propósito de sustituir la observación electoral, prevista en el numeral 8 del Art. 10 de la Ley Electoral, por un disminuido “acompañamiento electoral” que, además, será reglamentado hasta el 18 de agosto del 2011, con la clara intención de dejar sin observación electoral una serie de importantes procesos, cuya inscripción se adelanta varios meses en comparación con el Calendario del 2006, como son: el registro y constitución de Alianzas de partidos; la presentación de candidaturas para la presidencia y las diputaciones; la formación de las estructuras electorales y el proceso de verificación ciudadana. Todo esto ocurrirá sin la previa aprobación del reglamento de la observación electoral (“acompañamiento”) nacional e internacional.

A lo anterior se suma la exigencia de retirar al representante de la OEA en Nicaragua y la descalificación que el Presidente Ortega hizo de este organismo interamericano, lo que pudiera traducirse en que nuestra Cancillería no curse la correspondiente invitación a esta entidad para que envíe observadores o “acompañantes” (¿) Además, sospechosamente, se ha incorporado, a la estructura electoral una instancia que no contempla la Ley Electoral: la figura de los “Coordinadores Departamentales”, cargo para los cuales varios militares en retiro han sido designados. ¿Con qué propósito?
Pero es equivocado deducir de lo anterior que en estas condiciones no vale la pena participar en el proceso electoral. Todo lo contrario. El abstencionismo o el voto nulo solo favorecerían las intenciones reeleccionistas del Presidente Ortega. La mejor arma que tiene la ciudadanía para impedir el continuismo es acudir masivamente a las urnas el día de las elecciones, de manera que se produzca un verdadero “tsunami” de votos a favor del candidato de la unidad nacional y, de esta manera, ni con todos los trucos o maniobras imaginables será posible desvirtuar la verdadera voluntad del pueblo nicaragüense, que seguramente depositará su voto por la democracia y no por la dictadura.