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Solo días atrás, el presidente Daniel Ortega envió con carácter de urgencia a la Asamblea Nacional dos proyectos de leyes que, elaboradas con evidente “manu militari”, solo pueden ser concebidas a partir del convencimiento y el consenso entre el liderazgo militar y el presidente, que las fuerzas armadas pueden ser parte integral de un proyecto político de vocación autocrática y autoritaria. Esas propuestas de ley además, desdeñan la realidad histórica de que al final de cuentas, no se puede explicar la esencia de nuestra ya precaria democracia, sin las reformas que llevaron a que los militares, primero se apartaran de los asuntos que no corresponden ser asumidos por las fuerzas armadas, y luego que entendieran y asumieran que en una democracia los militares son quienes se subordinan a los civiles y no lo contrario como lo proponen esas leyes. No obstante, la respuesta de los partidos de oposición parece que remoralizaría por un momento la forma de hacer política en el país, pues el lunes 6 de diciembre podrían darse un no ha lugar a esa aprobación con carácter de urgencia. A pesar de las presiones de los militares, el presidente Ortega y el diputado libero sandinista Wilfredo Navarro.


La economía política de la alianza Ortega – Ejército de Nicaragua
La relación que se ha cimentado en los últimos 2 años entre Daniel Ortega y el Ejército de Nicaragua, no se puede entender sin poner en perspectiva la voracidad económica de la elite militar a través del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), y de las oportunidades que da a esos militares ser socio de un gobierno irrespetuoso de la ley, de los derechos de los ciudadanos y sobre todo, prebendario y altamente corrupto. El valiente trabajo de los periodistas Luis Galeano y José Adán Silva de El Nuevo Diario, y Octavio Henríquez de La Prensa, sobre los diversas operaciones económicas en las que estarían involucrados los militares, han sido tan solo una muestra de lo que ocurre en el “subsuelo” militar cuando se trata de sacar ventajas de todo tipo para favorecer sus intereses empresariales. Esa capacidad de sacar ventaja se ha multiplicado exponencialmente en el bacanal y la mezcolanza de los intereses públicos y privados del gobierno de Daniel Ortega. La perspectiva militar es no quedarse fuera del bacanal hasta lograr más o menos 2 objetivos: i) recuperar lo seguramente perdido en la reciente crisis económica del sistema capitalista, (recuerden que el Ejército es acreedor de acciones en la bolsa de valores de Nueva York), y desde luego reforzar las operaciones militares empresariales que han surgido con la fiesta del ALBA, sin dejar de lado proyectos como la hidroeléctrica Brito y la explotación del cerro Mokorón para sus desarrollos habitacionales. Solo basta recordar que quien solicitó la no declaración de ese cerro como reserva ambiental fue el auto concebido astuto Edwin Castro. Uno de los fervientes promotores de la batería de leyes sobre defensa, seguridad y fronteras, que dijo a los diputados que en realidad su partido no necesitaba de los votos de la oposición para aprobar dichas leyes, pero que preferían que pareciera una cuestión de consenso. Válgame Dios, que descaro!!

La desinstitucionalización consensuada
Los proyectos de leyes presentados a la Asamblea Nacional esencialmente habilitan toda una red institucional que subordina el país a los militares, y vulnera notablemente derechos fundamentales como el derecho al disenso. Esto pesa en la memoria del nicaragüense, pues apartar el ejercicio del poder militar sobre los civiles fue lo que ayudó a poner en marcha la transición democrática de Nicaragua. De allí que para nosotros es inexplicable pensar en la democracia sin haber sacado a los militares del gobierno de los asuntos públicos, y de hecho sin haber desmilitarizado la sociedad. Luego, con el tiempo el desafío fue construir confianza entre una sociedad profundamente polarizada y un ejército partidista. El éxito fue notable. Los militares entendieron su lugar en la construcción democrática. Y el resto ya todos lo saben, emergió una institución profesional que con el tiempo ganó una gran confianza ciudadana. Hoy en día, eso Ortega lo quiere hacer historia.

La aprobación de estas leyes, en los términos exigidos por un tal coronel Molina, el diputado Edwin Castro y su socio Wilfredo Navarro, solo regresaría al país al punto de partida en que se estuvo en los años 80 y el inicio de los 90. Luego, el resto ahora sí será historia. Los Wilfredos de Nicaragua, verán en unos años al Gral. Avilés o su sucesor, parodiando a su colega, el gral. Rangel de Venezuela, advirtiendo a los nicaragüenses que el ejército está casado nuevamente con la revolución socialista, cristiana y solidaria de Ortega, y que sería un retroceso un eventual triunfo de cualquiera que se le opusiera. En ese momento no habrá lágrimas de cocodrilo ni de candidato perdedor que valgan. Porque la esencia anti democrática de esas dos leyes de seguridad nacional y defensa nacional, representan el acuerdo entre los militares y el FSLN de que Daniel Ortega será reelecto sea como sea. Solo hay que tener un dedo y medio de frente para entender que un ejército que aprecia su institucionalidad, jamás se expondría a apostar por leyes de esa naturaleza en un período pre electoral. Debemos terminar de entender que no se trata ya de un presidente manipulando a los pobres oficiales del Ejército, como la derecha miedosa repite y repite. Se trata de un acuerdo explícito entre los militares y Ortega para ser socios de un proyecto autoritario que necesita de los militares para su razón de ser. Esas propuestas de leyes sobre defensa nacional y seguridad nacional son por eso la base estructural de ese proyecto autoritario. Veamos entonces qué pasa con Ortega, sus militares y sus leyes con carácter de urgencia.

*El autor se ha especializado en asuntos de defensa y seguridad.