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Cuando los contenidos de una ley interesan a toda la sociedad, en razón de la materia de que tratan, es indispensable que ellas se fundamenten en un amplio consenso nacional, producto de una consulta a todos los sectores sociales.

Es lo que, ejemplarmente, se hizo hace pocos años con la elaboración y aprobación del Libro Blanco sobre la Defensa Nacional. En cambio, esta vez, el Presidente Ortega decidió enviar a la Asamblea Nacional tres proyectos de ley sobre seguridad nacional, defensa nacional y régimen jurídico de fronteras, sin ninguna consulta previa salvo, aparentemente, con el Ejército, solicitando su aprobación con “trámite de urgencia”. Paradójicamente, en la fundamentación de los proyectos se dice que estos asuntos requieren ser asumidos con “visión de nación” y que los “Intereses Supremos Nacionales”, que son “los principios y aspiraciones esenciales para la existencia del Estado”, deben ser el resultado “de un amplio consenso nacional”, algo que esta vez se ha omitido. Desde allí estas leyes comenzaron mal.

Tampoco puede justificarse el trámite de urgencia por el actual diferendo fronterizo con Costa Rica, desde luego que este se resolverá, tarde o temprano, por la vía diplomática o por la de la Corte Internacional de Justicia. Es el Presidente Ortega quien se ha empeñado en darle a este diferendo un matiz bélico, que en realidad no tiene ni debería tener.

Cierto que se necesita elaborar buenas leyes para normar estos asuntos, pero estas deberían ser muy bien consultadas y consensuadas, garantizando siempre el respeto a la institucionalidad democrática y la subordinación del poder militar al civil, tal como lo prescriben la Constitución Política y las leyes de la República. Los proyectos enviados a la Asamblea Nacional por el Presidente Ortega tienen un marcado corte militarista. ¿Será que se pretende, en alguna forma, involucrar al Ejército Nacional, que se ha ganado el reconocimiento ciudadano por su profesionalismo, en el proyecto autoritario y continuista del Presidente Ortega? El Ejército, al cabildear por la aprobación de estas leyes, está violando la Constitución. El Ejército debe ser consultado para la discusión de estas leyes, pero no debe cabildear por ellos. Además, estas leyes resucitan el concepto de “seguridad nacional” superado por el de “seguridad democrática”, según el Tratado Marco de Seguridad Democrática de 1995, suscrito por los países centroamericanos en al ámbito del Sistema Centroamericano de Integración (SICA).

El concepto de “seguridad nacional” proviene de la segunda postguerra y de la confrontación Este-Oeste. Dicho concepto dio origen a la creación de las temibles “Oficinas de Seguridad Nacional”, de tan triste recuerdo entre nosotros. ¿Será que se quiere volver a esos tiempos? Según el antes mencionado Libro Blanco de la Defensa Nacional, la política de defensa nacional es una política pública. Ahora, con estas leyes, se quiere hacer del “Plan de Defensa Nacional” asunto de “Secreto de Estado”. Este sería otro notable retroceso.

Las tres desafortunadas leyes tienen dos problemas fundamentales, por lo que no basta “maquillarlas” con unas pocas reformas. En primer lugar, sus disposiciones son muy generales, por lo que muchos aspectos operativos quedan referidos a los reglamentos que deberá elaborar y aprobar el Poder Ejecutivo. Esto es peligroso, ya que en el ejercicio de la facultad reglamentaria el actual Ejecutivo, por su reconocida tendencia autoritaria y de afán de controlarlo todo, podría introducir normas que afecten el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos. Estas leyes tienen que ser lo suficientemente claras en este aspecto para no dejar abierta esa posibilidad y evitar las discrecionalidades. Por ejemplo, cuando la Ley de Defensa Nacional define como “recursos estratégicos de la Nación” todos los “recursos humanos y bienes materiales, tanto bélicos como no bélicos para satisfacer las necesidades de la defensa nacional”, se tendría que agregar: siempre que se respete el Arto. 96 de la Constitución que establece que “No habrá servicio militar obligatorio, y se prohíbe toda forma de reclutamiento forzoso para integrar el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional”. Además, hacer referencia al artículo 44 de la Constitución que prohíbe la confiscación de bienes.

La Ley de Emergencia, en congruencia con el Artículo 185 de la Constitución, dispone que el Estado de Emergencia puede decretarse por razones económicas, de seguridad o desastres naturales. En el proyecto de Ley de Defensa se agrega que también puede hacerse en defensa del “orden democrático establecido”, concepto que requeriría una mayor precisión, pues el Ejecutivo, vía reglamento, podría considerar como contraria al “orden democrático establecido” las protestas cívicas, como por ejemplo, contra un fraude electoral, lo que afectaría seriamente los derechos ciudadanos.

Los límites de este artículo no nos permiten entrar en un análisis más detallado de estas leyes pero, por lo antes expuesto, se desprende que las materias sobre las cuales versan exigen una amplia consulta con todos los sectores sociales para darles legitimidad social. Esto requeriría que el plenario de la Asamblea Nacional decida, el lunes 13 de diciembre, pasar estas tres leyes a la respectiva Comisión legislativa, para que esta organice, con todo el tiempo que sea necesario, la indispensable consulta con la ciudadanía.