Jorge Eduardo Arellano
  •  |
  •  |
  • END

“¿Cuánta pobreza soporta la libertad? ¿Cuánta desigualdad tolera la democracia? ”

Con estas palabras dio inicio una charla de Dante Caputo, reconocido político y diplomático argentino en un encuentro internacional sobre temas de gobernabilidad, celebrado recientemente en Perú.

Estas interrogantes profundizan las reflexiones que fueran levantadas en el año 2004, cuando se presentó el Informe del Proyecto Regional sobre el Desarrollo Democrático en América Latina, iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y, en el cual se señalaba, que nunca antes nuestra región había tenido tanta democracia en coexistencia con tanta pobreza y desigualdad.

Efectivamente, América Latina, según datos recogidos en 2002 y 2003 en 18 países, sigue siendo la región más desigual del mundo, a pesar de los avances sociales y políticos plasmados en el cumplimiento puntual de procesos electorales y la entrega pacífica de mando.

Sin embargo, la transición de la democracia electoral a la democracia ciudadana, de la democracia formal a la democracia real, que es la del ejercicio de derechos sociales y económicos, sigue siendo un desafío pendiente, lo que amenaza, por lo demás, la perdurabilidad de la misma democracia, tal y como lo declaran, según la misma fuente, un 44% de los latinoamericanos que estaban dispuestos a aceptar un gobierno no democrático si “éste resolviera los problemas económicos de su país”.

Si bien, esta afirmación debe ser considerada cuidadosamente, pues podría ocultar una falta de distinción entre democracia plena y “democracia subdesarrollada”, tal y como es conocida según la experiencia práctica por la mayoría en el continente, las expectativas por un cambio han sido sistemáticamente expresadas en la ronda de procesos electorales que América Latina recién vivió y que han resultado en un mapa político donde el discurso a favor de una agenda social más amplia e inclusiva, así como esquemas de participación y democracia directa ocupa los primeros lugares; pero donde también parecen insinuarse ciertas tendencias hacia el autoritarismo personalista, centralismo y baja transparencia en el ejercicio del poder.

¿Cuáles serían en este contexto las condiciones necesarias para hacer válido el postulado que el sujeto de la democracia no es el elector sino el ciudadano/a? ¿Cómo transitar de individuos portadores de derechos en términos nominales a ciudadanos/a que viven y ejercen estos derechos cotidianamente?
Un punto de partida básico es reconocer que el ejercicio de la ciudadanía no se agota en el mero estatus legal que la explica: ser nacional, mayor de 18 años; sino que requiere condiciones materiales y no materiales para su plena realización: calidad de vida, acceso a información, educación, conciencia crítica, entre otras.

Hay varios retos en esta afirmación. El primero proviene precisamente de constatar el deficiente estado de estas condiciones hoy día, lo que a su vez constituye el caldo de cultivo propicio para el desencanto, la desmotivación y la manipulación. Analfabetismo nominal y funcional, desempleo, bajos ingresos, deficiente atención en salud, violencia familiar y social, pésimo servicio de transporte público, deterioro e insuficiencia de la infraestructura económica y social, escasa transparencia y rendición de cuentas, corrupción, entre el largo rosario de realidades a las que se enfrenta la población día a día, hacen saltar la pregunta ¿de dónde ciudadanos si no hay república? o considerar la sugerente clasificación que alguien hacía sobre la existencia en nuestra sociedad de una mayoría de “estantes” (aquellos que simplemente están), seguido de un número menor de pobladores, algunos pre-ciudadanos y unos, muy pocos, ciudadanos/as.

El segundo reto tiene que ver con el papel que les corresponde a los actores relevantes para la superación de estas condiciones. A la propia sociedad y sus organizaciones en primer lugar, al Estado también y en un contexto de alta interdependencia, a actores externos, como la cooperación internacional.

Y deberíamos empezar por la sociedad y no por el Estado, como es el lugar común a la hora de repartir responsabilidades, ya que los funcionarios del Estado, incluyendo los miembros de los partidos políticos de los cuales provinieron sus respectivas postulaciones, vienen del seno de la misma sociedad. No son extraterrestres caídos de algún planeta lejano, sino personas alimentadas y formadas en los hogares, escuelas y entornos de nuestra propia realidad. Nuestros padres o madres, hijos, hermanos, esposos, vecinos y amigos.

Aún estableciendo esta correlación y haciendo evidente que el cambio debe provenir desde el nivel personal, familiar y comunitario, no se puede dejar por lado la responsabilidad del Estado y preguntarse acerca de lo incluyente que logra ser un sistema político para considerar los intereses de las grandes mayorías.

También ahí América Latina tiene su punto débil, pues a diferencia de otras experiencias históricas, donde la sociedad “construyó” al Estado mediante la organización y actuación de sus diferentes gremios y asociaciones, y donde mantiene un estricto control sobre sus actuaciones a través de diferentes mecanismos; en nuestro continente éste ha tenido enormes dificultades por responder a los intereses de los grupos más amplios de la sociedad.

En un marco de co-responsabilidades y mutuas determinaciones entre el Estado y la sociedad es crucial asumir que la calidad de la ciudadanía se vuelve un pre-requisito fundamental para incidir en la calidad de las instituciones y con ello en la calidad de la democracia en general. Se trata en esa lógica de promover una ciudadanía sustantiva, la cual se refiere a “las personas que se apropian de los derechos formales para usarlos y para discernir, decidir y elegir soluciones colectivas” y que se diferencia de la ciudadanía formal, a la que el sistema legal atribuye derechos y deberes, pero que le son desconocidos o no ejercidos. (Cita de Enrique Gomáriz)
Para construir esta ciudadanía se requiere resolver los déficit concretos a los que hacía referencia antes, pero también promover la organización y participación de la población en los asuntos públicos, entendidos como los que nos importan y conciernen a todos/as, pues la construcción de responsabilidades y comportamientos cívicos sólo puede ser aprendida mediante experiencias asociativas donde se cultiven valores centrales como la responsabilidad personal, la mutua obligación, la autolimitación, la solidaridad y la cooperación voluntaria.

Por otra parte, también es cierto que dicha participación, aunque sea directa, requiere de una serie de condiciones y principios para que no sea instrumentalizada por intereses particulares que manipulen el legítimo derecho e interés de participar en función de cambios.

Estas condiciones y principios deberían ser, entre otros, la autonomía (partidaria, pero también de grupos de poder de cualquier tipo), la inclusión, el respeto a la pluralidad y el disenso, la transparencia y acceso a información, la rendición de cuentas, el respeto y colaboración y no la sustitución o cooptación del papel de las instituciones públicas, que al final de cuentas deben ser las garantes de los resultados de la participación ciudadana en forma de mejores bienes y servicios públicos, así como en el uso eficiente de recursos públicos.


En términos de roles para los actores esto representa un triple desafío: para el Estado, en sus múltiples manifestaciones, promover y posibilitar los principios antes descritos, para la población, demandar y exigir el cumplimiento de los mismos, ya sea mediante su integración o vigilancia en los diferentes espacios e instancias posibles y para otros actores como los partidos políticos y la propia cooperación, aportar también a su construcción, vigilancia y rendición de cuentas. Hablamos pues de un desafío que como país y sociedad ojalá pudiéramos echar a andar, recordando siempre las sabias palabras de un político estadounidense hace más de un siglo: “El precio de la libertad es la eterna vigilancia.”


mgws2002@yahoo.es