Jorge Eduardo Arellano
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Aunque la historia e identidad de la universidad muestran sus tres funciones tradicionales, docencia, investigación y extensión, la práctica actual, en el país, tiene sus luces y sombras. Mientras las universidades públicas han venido desarrollando la investigación, las privadas, por lo general, no han mostrado interés en ella. No obstante, este interés mostrado en el ámbito público para aportar al país conocimiento, desarrollar cultura, nuevas ideas y soluciones a los problemas sociales, científicos y tecnológicos, lo cierto es que, aún, es amplia la brecha entre el discurso de buenas intenciones y la práctica investigativa. Esto ha provocado que esta tarea sustantiva sea dejada a la discrecionalidad de los académicos más intrépidos, preparados y motivados, los que remontan grandes obstáculos para lograr investigar. A ello concurren, entre otros factores, la poca disponibilidad de recursos, la falta de políticas y normativas claras, como las que existen para la docencia, y la ausencia de un escalafón que reconozca el trabajo investigativo y las contribuciones científicas, humanísticas y culturales.

En este proceso de altos y bajos se aprecia que mientras algunas universidades avanzan perfilando políticas claras de investigación, normando y requiriendo resultados a los investigadores, o construyendo agendas concertadas de investigación, otras estarían retrocediendo al establecer normativas que sólo reconocen la labor de la docencia, obviando la vocación investigativa, argumentando razones económicas. Tal política amplía, aún más, la brecha entre el discurso investigativo y la realidad, y afecta profundamente la calidad de la educación y al país. Lo cierto es que traicionar esta función consustancial alienta la reproducción del esquema escolar en la Universidad, desprotegiendo la docencia de la riqueza que le aporta la investigación y condenándola a propiciar un modelo exógeno de desarrollo de país no sostenible.

La Cumbre Mundial de la Educación Superior (París, 1998), en su artículo 1 reafirma esta misión como la mejor manera de contribuir al desarrollo del país, al “promover, generar y difundir conocimientos por medio de la investigación”, “comprender, interpretar, preservar, reforzar, fomentar y difundir las culturas nacionales y regionales, internacionales e históricas”. En el artículo 5 mandata “promover el saber mediante la investigación en los ámbitos de la ciencia, el arte y las humanidades, y la difusión de sus resultados”, convencida de que “promover el progreso del conocimiento mediante la investigación es una función esencial de la universidad,…a fin de fomentar y reforzar la innovación, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad”. Además establece que “las instituciones deberán velar para que todos los miembros de la comunidad académica que realizan investigaciones reciban formación, recursos y apoyo suficientes”. Añade, en otros apartados, que “se debería incrementar la investigación en todas las disciplinas, comprendidas las ciencias sociales y humanas, las ciencias de la educación, la ingeniería, las ciencias naturales, las matemáticas, la informática y las artes”…Llama a “garantizar la excelencia de la investigación y la enseñanza”.

La Cumbre de la Ciencia y el uso del Conocimiento(Budapest, 1999) llama la atención afirmando que “la investigación científica y sus aplicaciones pueden ser de gran beneficio para el crecimiento económico y el desarrollo humano sostenible, comprendida la mitigación de la pobreza…”, a la vez que reconoce que “la investigación científica es una fuerza motriz fundamental en el campo de la salud y la protección social, y que una mayor utilización del saber científico podría mejorar considerablemente la salud de la humanidad”.

Finalmente, en la Cumbre de Unesco sobre Responsabilidades, Deberes y Obligaciones del Docente Universitario(1997) también reconoce que “el personal docente tiene derecho a llevar a cabo sin interferencias ni restricción alguna su labor de investigación, de acuerdo con su responsabilidad profesional y con sujeción a los principios profesionales nacional e internacionalmente reconocidos de rigor científico”; “tiene derecho a realizar actividades profesionales al margen de su empleo, en particular las que mejoran sus capacidades profesionales o permiten la aplicación de sus conocimientos a los problemas de la comunidad”; “la libertad de enseñanza debe ser compatible con la obligación del investigador de basar su labor en una búsqueda honrada de la verdad”, añade también que “la enseñanza, la investigación y la labor intelectual del profesorado deben realizarse de pleno acuerdo con las normas éticas y profesionales”, además de “basar sus investigaciones y su labor intelectual en una búsqueda honrada del saber”, “velar por que la investigación se realice de acuerdo con la legislación y los reglamentos del Estado en que se lleve a cabo, así como que “la evaluación y estimación de la labor de su personal docente forme parte integrante de los procesos de enseñanza, aprendizaje e investigación”.

La Ley General de Educación afirma en su artículo 48 que la universidad “consolida la formación integral de las personas, produce conocimiento, desarrolla la investigación e innovación y forma profesionales en el más alto nivel de especialización y perfeccionamiento en todos los campos del saber”. La Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior en su artículo 6 establece como uno de sus fines y objetivos, “fomentar y desarrollar la investigación científica para contribuir a la transformación de la sociedad y mejoramiento y adaptación de nuevas tecnologías”. En su Artículo 42 señala que “El Departamento docente… es el responsable de garantizar la calidad del proceso educativo, mediante el trabajo docente metodológico y la investigación científica. “En conclusión, pueden verse, con claridad, los compromisos mundiales y las obligaciones que imponen las leyes en este tema tan clave para el país.



*Ph. D. Ideuca