Jorge Eduardo Arellano
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En noviembre de 2007, EL NUEVO DIARIO me publicó un artículo referente al Estado de Derecho en Nicaragua y cómo la idiosincrasia de nuestra sociedad y en especial la de nuestros funcionarios públicos, los de ayer y los de hoy, nos hace bien difícil llegar a tenerlo.

Para que exista un Estado de Derecho deben de llenarse los siguientes requisitos: a) Deben crearse diferentes órganos de poder del Estado entregándole a cada uno de ellos una de las funciones de gobierno., b) Esos órganos de poder del Estado deben actuar autónomamente unos de otros. Es decir, sus dictámenes o decisiones no pueden ser invalidadas, modificadas o anuladas por el otro órgano., c) Debe estar establecida la forma en que se nombran los titulares del respectivo órgano, y las solemnidades y procedimientos para poner término a sus cargos; d) El poder debe estar institucionalizado y no personalizado, vale decir, debe recaer en instituciones jurídico-políticas y no en autoridades específicas, las cuales son detentadores temporales del poder mientras revisten su cargo y e) tal vez el requisito más importante es que, tanto las normas jurídicas del respectivo Estado como las actuaciones de sus autoridades al aplicar dichas normas jurídicas, deben respetar, promover y consagrar los derechos esenciales que emanan de la naturaleza de las personas y de las instituciones mismas del estado.

Lo anterior nunca ha sido entendido en Nicaragua. En el caso de los Cenis, yo estoy de acuerdo en que los mismo deben ser pagados por mucho que nos cueste al pueblo de Nicaragua, independientemente de que si son nulos o no, o si hubo enriquecimentos, pues el no pagarlos le traería un daño mayor a la nación. En lo que no estoy de acuerdo es en que un funcionario público, por muy Presidente de Banco Central o Presidente de la República que sea, diga, yo no hago caso a la resolución del Juez que manda a suspender como medida precautoria el pago de los Cenis, pues dicha resolución es violatoria de la ley y yo los voy a pagar.

Por mucha sensatez que se le pueda adjudicar a un funcionario público porque decide pagar la deuda de los Cenis aun cuando el Juez Quinto de Distrito de lo Penal decide ordenar la suspensión de dicho pago, sensatez la cual es de mi agrado, ésta no puede servir de base para la violación de los principios que dan base a un Estado de Derecho. El hecho que el Juez haya violado la ley y quebrantado el Estado de Derecho no otorga al funcionario en cuestión facultades legales para no acatar el fallo y violar también el Estado de Derecho.

Lamentablemente, no entendemos lo que es un Estado de Derecho y muchísimos pilares de nuestra sociedad económica y política expresaron su agrado y respaldo a las declaraciones de los funcionarios ya mencionados anteriormente, olvidando por intereses propios o quizás ignorancia que la única forma de incumplir la decisión del Juez que mandó a suspender el pago es a través de los recursos que nos otorga la ley y, sobre todo, que es de mayor gravedad vivir en un estado sin derecho, que pagar o no los Cenis.

La repuesta lógica hubiera sido manifestar que el incumplimiento al pago de los Cenis sólo perjuicios le acarrea a la nación, pero esperamos que el funcionario que no esté de acuerdo con la resolución del Juez de suspender el pago de los mismos haga uso de los recursos que le otorga la ley para que dicha suspensión quede sin efecto.

Se imaginan que un Juez emitiera un fallo injusto y violatorio de las leyes en contra de determinada persona y ésta dijera yo no acato esa resolución por violatoria de la ley, pues la constitución y resto de leyes de la República establecen tales y cuales derechos a mi favor. Lo anterior nos llevaría a un estado de anarquía total que, para ser sinceros, tenemos años de estar muy cerca de él.

Así como inicialmente el Presidente del Banco Central, quizás con un poco de ofuscación al ver el daño que la decisión del Juez Penal causaría al país, dijo, no cumpliré dicha resolución, leí en las noticias periodísticas cómo este funcionario compareció ante dicho Juez pidiendo la revocación de lo actuado, reconociendo de esta manera el error de sus declaraciones y que la única manera de librarse de una resolución judicial ,que es de ineludible cumplimiento, es haciendo uso de los recursos que nos otorga la ley y no “por mis pistolas”, a lo Pancho Villa, como se ha acostumbrado toda una vida en este país por nuestros funcionarios públicos.

El acto del Presidente del Banco Central de comparecer ante el Juez,por muy ilegal que sea la resolucion, para mí, es un acto lleno de humildad pues con él reconoce y enmienda el error de sus declaraciones y se da ejemplo a la nación y a los funcionarios públicos de este gobierno, así como al de los anteriores, de cómo se debe actuar si en realidad queremos vivir en un Estado de Derecho. Según otros, le tocó jugar el papel del bueno en una película con un guión y un diálogo pre-establecidos por el director de la película
Ojalá Nicaragua tuviera más funcionarios como el Presidente del Banco Central el Dr. Antenor Rosales y todos comprendamos, como él lo comprendió, la importancia de que un estado viva bajo el imperio de la ley.


gareas@cablenet.com.ni