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Con la aprobación de las ‘Leyes de Defensa’, de ‘Seguridad Democrática’ y de ‘Régimen Jurídico de Fronteras’, nuestro país “supera las deficiencias jurídicas de nuestro sistema de defensa”, en momentos que atravesamos una “coyuntura especial”, caracterizada por “el recrudecimiento regional del narcotráfico y del crimen organizado, y la controversia iniciada por el Gobierno de Costa Rica, molesto por el dragado del Río San Juan, que el Gobierno de la República realiza conforme las técnicas de ingeniería, el ejercicio de nuestra soberanía, las leyes de la nación y el derecho internacional.”

Como lo indicaba hace diez días, -durante la clausura del ‘VII Curso de Seguridad y Defensa Nacional’ realizado por la ‘Dirección de Doctrina y Altos Estudios Militares del Ejército’-, la aprobación por la Asamblea Nacional de estas leyes, debía realizarse:

* “en breve plazo”,
* “con los ajustes necesarios, para que no haya dudas de su apego a la Constitución de la República” y
* “por unanimidad o por una amplia mayoría de los diputados”,
* “para el beneficio de todos y todas los y las nicaragüenses”.


Ciertamente, la presentación, la discusión y los ajustes de estas tres estratégicas leyes, como hemos visto, generaron una encendida polémica. Esta porfía es comprensible: por el inicio de un periodo electoral que de por sí es controvertido, pero también por la falta de la Asamblea Nacional de nombrar a los 25 funcionarios, por la ‘aprobación’ de la reelección presidencial sucesiva mediante una cuestionada sentencia que exacerba a un sector de nacionales preocupados por su incapacidad opositora y su percepción de autoritarismo de la administración de gobierno, y además, por la necesidad que tenemos de mejorar nuestra institucionalidad en general y en lo particular: la profesionalidad de la Corte de Justicia, el Consejo Electoral y la Contraloría.

No obstante, este complejo ambiente no fue obstáculo para que las tres leyes, con el aporte técnico de la fuerza armada, fueran profundamente analizadas por todas las bancadas parlamentarias y entidades de renombre de la sociedad civil, quienes las enriquecieron para asegurarnos que se ajustaban a la Constitución Política y a las demás leyes de nuestro sistema democrático.

Así, como señalábamos, las citadas leyes serán aprobadas para el beneficio de todos los nicaragüenses, como hace dieciséis años fue el ‘Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar’. Como en esa ocasión, que el líder de una de las actuales facciones opositoras señalaba en su radio como ‘traidores a la patria’ a los valientes y responsables parlamentarios que habían aprobado esa estratégica ley, con estas tres leyes la polémica continuará, sobre todo porque sectores de la oposición priorizan su disputa por el liderazgo de ser los ‘genuinos contendientes’ del sandinismo y sus aliados.

Y, con el tiempo, similar a esa ocasión, todos reconocerán que se hizo lo correcto, que se ha mejorado nuestro ordenamiento jurídico para la defensa, la seguridad democrática y el arraigo de un Ejército ejemplar en su desempeño profesional, en su vocación patriótica, y en su rol institucional al servicio de la soberanía popular, la Constitución, las leyes y la autoridad civil de nuestro bendito país.