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En todas las formaciones sociales de la historia, desde el régimen esclavista hasta el régimen socialista, y por supuesto, pasando por la etapa capitalista, de la cual no hemos podido salir, las fuerzas armadas –ejército, policía y órganos auxiliares— no han sido independientes, sino instrumentos fundamentales en la estructura del “orden social establecido” para su defensa y continuidad. Esta frase tan familiar en el lenguaje sociológico, la repite el presidente Ortega en sus tres proyectos de ley militares.

Para la defensa del “orden social establecido” por la revolución nacieron nuestras fuerzas armadas, después de haberse derrotado al ejército guardián del “orden social establecido” por los interventores yanquis y su títere Anastasio Somoza García. La defensa nacional, nuestras fuerzas armadas también la ejercieron durante tres gobiernos neoliberales. Y esa función Ortega la quiere extralimitar de la defensa del “orden social establecido” hacia la protección de su propio proyecto político. En sus proyectos, Ortega reitera las mismas funciones del Ejército, pero tiende a hacerlo más dependiente de sus funciones presidenciales, que también tienen sus límites en la Constitución, pero que él los ignora. No se encuentra otra motivación dado que la defensa del orden social establecido ya está explícita en la Constitución Política (Título IV. Defensa Nacional. Capítulo Único, artículos del 92 al 97).

Frente a este proyecto, y por las prácticas abusivas del presidente, ¿se vuelve necesaria la eliminación del Ejército de Nicaragua, como sucedió en Costa Rica? No sería correcto responder en ningún sentido esta pegunta, porque son dos experiencias diferentes, producidas por las condiciones históricas concretas de cada país y, por ende, irrepetibles. No obstante, la ausencia de un ejército formal en el país vecino, no significa ausencia de órganos estatales para los fines represivos y defensa que existen en toda sociedad llena de contradicciones políticas y de clases. Además, Costa Rica, por afinidad de sistema político y social con los Estados Unidos, se siente protegida por esta potencia. De manera que si no hay ejército, sí hay fuerzas armadas organizadas por y al servicio del Estado.

Pero el hecho de no poderse afirmar ni negar categóricamente la necesidad de tener un Ejército en Nicaragua, no impide hacer la observación acerca de los beneficios que el país obtendría si ahorrara los enormes recursos que invierte para mantener unas fuerzas armadas improductivas para el país, aparte de que, como institución, tiene negocios que les producen. La cuestión que niega esa posibilidad es de otro orden. Es histórica y política, de país pequeño, débil y no desarrollado que lo hace –iguaal que a muchos otros pueblos— presa fácil del expansionismo y de las intervenciones militares, las cuales, como a otros pueblos, y muchas más veces que a otros, Nicaragua ya las sufrió en el pasado lejano y reciente.

Mal le fue al país, cuando no dispuso de fuerzas armadas patrióticas, capaces de defenderla. Por ser historia conocida, relevo de pruebas. Pero ahí están, grabadas en la historia. Y entre otros daños causados, se cuentan los territorios perdidos en el sur, en el norte y en el caribe de nuestra geografía: en tres ocasiones ha habido guerras, gobiernos traidores y ejércitos débiles en 1856 y 1927, más 1961, cuando los Somoza requerían estabilizar la dictadura heredada de su padre ajusticiado.

Lo que en esta etapa histórica se demanda es evitar que nuestras fuerzas armadas pierdan su carácter profesional y apolítico, y más que apolítico, no partidario que logró forjar. Que obedezca a la Constitución como se le ordena y define ella misma, para que no se repita el desgraciado caso del ejército antecesor, que nació por la voluntad de la intervención extranjera y devino en instrumento de la represión antipopular en manos de gobernantes ladrones y criminales. Y nadie lo debe olvidar –mucho menos los militares fundadores—, la cantidad de sangre y de vidas que costó al pueblo derrotar a ese ejército de la dictadura.

No hago un recordatorio sentimental, mucho menos gratuito. Es un llamado de atención patriótico ante un peligro inminente –el cual, ojalá lo sigua siendo y nunca un hecho consumado—, por las demasiadas evidencias de sumisión hacia las políticas deformantes de Ortega, con las cuales ha venido rondando las altas esferas del Ejército. Los halagos de altos cargos en el Estado al pasar a la vida civil, las concesiones para la obtención fácil de privilegios y beneficios, están sirviendo para ablandar caracteres y estimular ambiciones personales.

Ésa no es una práctica exclusiva del gobernante actual para deformar la misión del Ejército, aunque ahora Ortega está en una ofensiva sistemática y oportunista, aprovechando el conflicto con Costa Rica. El gobierno de Arnoldo Alemán, dio los primeros pasos con la Policía Nacional, otorgándoles privilegios materiales a algunos comisionados. Para las elecciones de 2001, ordenó al general Javier Carrión, sacar tropas del Ejército a intimidar a la ciudadanía una noche antes de los comicios. Sin olvidar que los únicos estudiantes muertos en las calles de Managua después de Somoza, los hizo la actual Policía Nacional, bajo la jefatura de Fernando Caldera, y durante la presidencia de Violeta Barrios. Que tampoco se olvide que el ex presidente Enrique Bolaños, vinculó al Ejército con la invasión norteamericana de Irak.

Durante la celebración del 29 aniversario del Ejército, el general Omar Halleslevens clonó el discurso de Daniel Ortega contra los medios de comunicación. Son experiencias que no deben echarse en saco roto, porque reflejan los antecedentes de la ofensiva actual del presidente Ortega contra la condición apolítica, profesional y no partidaria de las fuerzas armadas. Tras ese objeto, Ortega no ha estado solo, y a diferencia de los presidentes anteriores, cuenta con inagotables recursos económicos, y la identidad política e ideológica con los jefes del Ejército. Y, ¿por qué no decirlo?: hay la tendencia entre altos mandos a participar del enriquecimiento personal, aprovechando las ventajas que da el poder, para lo cual Daniel Ortega es su modelo.

Existen muchas razones para aspirar a no tener un ejército, máxime cuando, como ahora, hay condiciones para corromper su vocación patriótica. Pero no es sencillo aspirar a no tener ejército en una coyuntura histórica que, básicamente, sigue siendo la misma del pasado nicaragüense. Sin este Ejército, al que debemos proteger, y él debe protegerse de las manipulaciones, no estaría garantizada la soberanía nacional. Pero eso no debe ser estímulo para abandonar la crítica contra las leyes de Ortega.

Y pensar siempre que el peligro no está en la frontera sur, sino en las fronteras de la historia: el expansionismo imperial y el derecho a tener una patria soberana.