Jorge Eduardo Arellano
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Con la recién dictada sentencia condenando a un par de profesionales médicos se prevé un aumento de denuncias por mala praxis o negligencia, lo que hace necesario tomar las medidas adecuadas para prevenir un gran número de estas acciones y evitar la tendencia creciente, que les quitará a los médicos la voluntad de asumir responsabilidades, pues si las cosas continúan así se desarrollará una psicosis de miedo, pues ¿cuál es la institución en Nicaragua capaz de diferenciar y dictaminar si el riesgo tomado por el profesional médico acarrea responsabilidad legal o era un riesgo legítimo tomado en el ejercicio de la profesión médica?
¿Quién puede negar que existen errores que parecen criminales únicamente a los ojos de quienes nunca han estado en situación de cometerlos y que por lo tanto no pueden entenderlos? Esto no implica eludir la responsabilidad, sino por el contrario, afirmar que el ejercicio de la medicina significa un riesgo, pero un riesgo que tiene doble presupuesto de sustentación: ético y científico, que protegerán al médico de reclamos temerarios.

La protección jurídica de la salud y el respeto a la dignidad humana son las coordenadas básicas que regulan las cuestiones comprendidas dentro de la Responsabilidad Médica. Durante el ejercicio de la medicina, hay momentos en donde el médico debe tomar decisiones trascendentales, en especial en las situaciones de vida o muerte de un paciente; en estas circunstancias el médico no se detiene a preguntarse si lo que se propone realizar puede entrañar consecuencias legales, puesto que el hacerlo podría convertirse en un letal freno, que en última circunstancia sólo perjudicaría al paciente.

Sin embargo, el médico puede cometer errores, los que no serán reprochables –ética y legalmente-, si ha tratado al paciente con los medios adecuados, con los conocimientos actuales y siguiendo las normas que su deber le imponen. Aquí podría surgir una duda: ¿Ha usado debidamente los medios adecuados? ¿Una sospecha puede justificar una denuncia judicial?

Uno de los derechos inherentes al ser humano es el Derecho a la Salud, que con mucha frecuencia se lo confunde con un Derecho a la Curación, pues el paciente cree que el derecho al tratamiento debe involucrar necesariamente un resultado positivo.

Cuando se violan las normas del adecuado ejercicio profesional queda configurada la mala praxis, la cual se define como la “omisión por parte del Médico, de prestar apropiadamente los servicios a que está obligado en su relación profesional con su paciente, omisión que da como resultado cierto perjuicio a éste”, o también “cuando el médico a través de un acto propio de su actividad, y en relación causal y con culpa produce un daño determinado en la salud de un individuo”; Por tanto, el no ceñirse a las normas establecidas (originando un perjuicio) hace al médico responsable de su conducta y de los daños que ocasiona.

La Responsabilidad Médica es la obligación de los médicos de dar cuenta ante la sociedad por los actos realizados en la práctica profesional cuya naturaleza y resultados sean contrarios a sus deberes por incumplimiento de los medios y/o cuidados adecuados en la asistencia del paciente ,pudiendo a veces adquirir relevancia jurídica.

Esta relevancia jurídica se origina por el dolo, o sea que hay una intención deliberada de hacer daño. Hay culpa, cuando necesariamente falta la intención de dañar, pero hay una negligencia, desidia, impericia, falta de precaución, descuido o diligencia que produce perjuicio a otro o que frustra el incumplimiento de una obligación imputable a quien la cause. El caso fortuito, se da cuando los hechos son extraños al hombre y ocurren por azar. En el caso del médico, éste no ha previsto el resultado porque éste no era previsible, por lo tanto no puede serle imputado.

La culpa inconciente es la falta de previsión de un resultado antijurídico que pudo y debió haberse previsto al actuar. La culpa conciente es la previsión de un resultado típicamente antijurídico pero que se confía evitar. La esperanza de que el hecho no ocurra la diferencia del dolo. Culpa profesional, es cuando se han contravenido las reglas propias de una actividad.

Así llegamos a la culpa médica, que es una especie de culpa profesional la cual se puede dar por impericia, imprudencia o negligencia. En el caso de la anestesióloga hallada culpable, lo primero que hubo que dictaminarse es si el lamentable fallecimiento del paciente, se debió a impericia, imprudencia o negligencia.

Quienes efectúan, dentro de un proceso judicial, la valoración de la culpa médica deben ser expertos en la materia y así poder valorar, según el caso, errores de diagnóstico, errores en los tratamientos, inobservancia de normas y procedimientos, errores quirúrgicos, etc., y demostrar la relación causa-efecto, que debe ser directa, próxima y principal del resultado.

En casos de anestesiólogos, estos evaluadores deben poseer manuales de otros países, dentro de otros, un conocimiento correcto de la anatomía humana, un conocimiento de las envolturas medulares y anexos, modo de accionar de los anestésicos y lugar en que bloqueará los impulsos sensitivos, así como factores que regulan la anestesia, tales como, lugar, volumen, posición del paciente, rapidez de aplicación, disminución de la presión arterial, influencia sobre los músculos respiratorios etc., conocimiento de posibles complicaciones; punción de vasos sanguíneos, hipertensión grave, reacción tóxica, parálisis, etc.

En los Estados Unidos existen reglamentos de la Ley de Malpraxis Medica donde se establecen los perfiles de conocimiento científicos a poseer por quienes emitirán opinión o valoraran pruebas en casos de procesos en contra de profesionales médicos.

En el caso de la Dra. Rodríguez, a quien no conozco, pero sinceramente lamento que por falta de una legislación sobre la Responsabilidad Médica tenga que guardar prisión, me pregunto quién es la persona o personas que en este proceso tuvieron la capacidad de dictaminar acerca del actuar del anestesiólogo y cuál es la capacidad de los miembros del jurado para efectuar una valoración de un dictamen eminentemente científico, si acaso lo hubo, para deliberar y llegar a la conclusión de que hubo impericia, imprudencia o negligencia o una mezcla de cualesquiera de ellas o fue un caso fortuito.

Sabrán ellos que el no haber previsto la consecuencia dañina separa la culpa del dolo y el no haberla podido prever separa el caso fortuito de la culpa. ¿Qué tanto de esta materia de mala práctica conocen el Fiscal que acusó y el juez actuante?

Es urgente tener una Ley de Mala praxis, que protegiendo a los pacientes de las actividades de los profesionales médicos en el ejercicio de su profesión, otorgue a estos últimos protección en contra de reclamos temerarios, mal intencionados económicamente, revanchismo político e ignorancia de quienes juzgan. Los padres de la Patria tienen la última palabra.


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