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El primer paso para reclamar de forma justa y legítima el cumplimiento de nuestros derechos, es conocerlo y hacerlos carne de nuestra carne.

Letra muerta. Es lo primero que pensamos cuando leemos brevemente los textos jurídicos de defensa del consumidor. Es más a cuantos nos ha pasado que hemos regresado de la pulpería del barrio y la leche que acabamos de comprar estaba cortada, o que la factura de la luz, el agua o cualquier otro servicio, este mes apareció con recargos indebidos.

Cuántas veces hemos escuchado de un familiar o amigo intoxicado por haber comido alimentos descompuestos, de la ropa que a la primera lavada estaba inservible, etc, etc,
El respeto de un derecho, no se suplica, se exige. Por este motivo, mientras creamos que “no vale la pena” reclamar por un litro de leche dañada, un recargo indebido, o por la venta de productos que expiraron, estamos silenciosa y firmemente matando la letra de las leyes que nos protegen como consumidores.

Pocos nicaragüenses tenemos conciencia de que somos consumidores, amparados y protegidos por leyes, con facultades y derechos que debemos exigir en beneficio personal y de la comunidad. La Constitución Política del Estado en su Art. 6 ordena:
“Los bienes y servicios que se oferten en el territorio nacional, deberán cumplir con las condiciones de cantidad y calidad de modo que su retribución sea equivalente al pago que hace el consumidor, todo de acuerdo a las normas de calidad, etiquetas, pesas y medidas y demás requisitos que deban llenar los bienes y servicios que se vendan en el país”.

Igualmente, todo ciudadano que compre, use, consuma un bien o contrate un servicio, es un consumidor y por lo tanto tiene automáticamente la protección de la Ley de Defensa del Consumidor.

Un consumidor es la persona natural o jurídica que adquiera, use, utilice cualquier bien o contrate servicios, proveedor es la persona natural o jurídica, pública o privada, que suministre la prestación de bienes y servicios.

Cuando hablamos de bienes, nos referimos a las cosas corporales que pueden ser objeto de una relación jurídica y, servicios, las prestaciones encaminadas a la satisfacción de una necesidad.

Un bien puede ser desde un alfiler, hasta un carro, una casa, un edificio, etc. El servicio es lo que nos brinda un abogado, un médico, una empresa de teléfonos, el zapatero, el mecánico, entre otros. Esto significa que en el desarrollo de nuestras actividades cotidianas, por la amplitud de estos conceptos, tenemos la calidad de consumidores.

Las personas naturales o jurídicas que realicen actividades de producción, importación, exportación, distribución o comercialización de bienes y prestación de servicios, sean estos públicos o privados, se conocen como proveedores.

Es decir, para efectos de la Ley de Defensa del Consumidor, deben respetar nuestros derechos tanto las entidades del Estado como las empresas privadas y personas naturales como María, Juan, Pedro, Antonio. No existe excepción alguna, todos deben cumplir sus obligaciones con el consumidor.

Ninguna ley será suficiente si los y las ciudadanas no exigimos se respeten nuestros derechos. Habrá quienes afirmen que la Ley de Defensa del Consumidor, puede brindar mejores protecciones, ser más eficiente, pero de nada servirá si los consumidores no exigimos que se cumpla.

Son los consumidores los únicos llamados a cambiar el estado actual de abuso en el que la sociedad se desenvuelve, con empresarios inmorales que venden productos caducados, con funcionarios corruptos que abusan de su posición frente a los consumidores.

Se hace necesario que los consumidores activen sus conciencias y velen por sus derechos. Ha terminado el momento de lamentar la situación y dentro de los límites de la ley, debemos exigir jurídicamente el respeto de los derechos del consumidor.

De nada servirá la Ley, si no exigimos que se cumpla.