Jorge Eduardo Arellano
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Golden es una pequeña ciudad en las afueras de Denver, en el Estado de Colorado. Si uno toma el bus 16 para ir al centro de Denver, advierte un ambiente de comunicación casi rural entre el conductor y los que suben. Se saludan, y en el trayecto los pasajeros aprovechan cualquier pretexto para hacer conversación.

El bus pasa por barriadas que no se perciben entrando por la autopista. Son lugares de clase media baja, en su mayoría blancos, tendiendo a “working poor” (“trabajadores pobres”). Algunos reciben subsidios para completar el bajo salario sin dejar de ser “working poor”. Es la subclase sin vehículo a la que pertenece una parte de los pasajeros del 16. En el museo de Historia de la Ciudad se documentan los orígenes duros de estos pobladores y sus luchas como trabajadores mineros, los fundadores anónimos de estos pueblos. Mientras por las ventanas del bus se ven los rótulos de oficinas de los rascacielos del centro, en los que se aprecian los mismos nombres de las compañías y apellidos que aparecen en las fotos del museo como las familias fundadoras.

A una hora de la tarde se prohíbe la mendicidad en el centro, para evitar que se queden a dormir los sin techo (homeless), y suben al bus minusválidos, o alguien con aspecto de enfermo mental, o algún mendigo con su cartelito de “veterano lisiado, no alcohólico”. Pero interesa más resaltar que la mayoría del pasaje, los working poor, hacen conversaciones corales, y que el conductor es amable con todos. Un día que cuatro jóvenes hablaban de una vieja estrella del rock, los mayores del bus completaron la conversación con gran conocimiento del tiempo de su juventud. Pienso que es así, esta comunicación grupal, porque ser usuarios de un servicio público en Colorado otorga un sentido de propiedad del servicio y de comunidad; pues, la asociación informal de usuarios, en asamblea, interviene en la gestión de los servicios públicos del municipio (escuela, transportes, bomberos, policía, etc.) y pueden elegir a los administradores. Son pobres, pero no son menos ciudadanos.

En una especie de democracia directa, estos working poor actúan como individuos libres y propietarios privados del servicio (no es de la burocracia estatal). Quizás por eso los pasajeros se comunican con libertad, el conductor se esmera en el trato con el pasaje, el bus está dotado de una plataforma para subir minusválidos en sillas de ruedas, y lleva un aparejo adelante donde cuelgan sus bicicletas los trabajadores y los estudiantes que completan su recorrido pedaleando. Y al bus también suben los marginados.

En cambio, en Europa los servicios públicos están burocratizados, no hay comunicación directa entre los usuarios ni de estos con la administración del servicio, un aparato vertical de funcionarios-políticos que manejan la factura de la empresa monopolista, maniobrando entre la dirección sindical del ramo y la banca que suministra el crédito. Por ejemplo, en la flota de buses de transporte público de Barcelona (TMB), desde que quitaron los buses Pegaso de diseño español e importaron buses alemanes, ninguna mujer de talla media alcanza a poner los pies en el suelo por la altura de los asientos, con detrimento de la circulación sanguínea en sus piernas. Sin solución por años.

El conductor del bus TMB157 puede tener un ingreso tres veces más alto que sus pasajeros “trabajadores pobres” de salario mínimo, los que ocupan casi tres horas en ir y volver del trabajo a diez kilómetros sobre su ruta. Mientras que él, para ir a su trabajo, se mueve rápidamente en vehículo propio. Tienen poco que reivindicar en común. Y los directivos del transporte público, burócratas acomodados, no saben lo que es depender exclusivamente del transporte público, y parece que no les interesa mejorarlo con buses ligeros semidirectos. Cuando una madre se quejó con uno de estos, mencionando lo que tardaba su hija en llegar a la universidad y los tiempos de espera del bus 63, este preguntó qué edad tenía la hija y por qué no le había comprado el automóvil. Tales directivos, “enchufados” de la cúpula de los partidos políticos y con la venia del sindicato, gestionan las grandes cuentas bancarias del servicio público, negocian el crédito en connivencia con intereses de los directivos de banca y empresas suministradoras. Porque el sindicato de empleados públicos es de una casta estatal, y el usuario no tiene voz ni voto.

El salario y prestaciones de una enfermera “fija” de hospital público pueden ser varias veces el de la interina. Entre ellas no existen las mismas reivindicaciones laborales ni organización común; mucho menos si la interina es de una subcontrata de un servicio externalizado. Los funcionarios cobran salarios más elevados y con mejores prestaciones que los trabajadores de la empresa privada; por ejemplo, la enfermera “fija” puede gastar sus ahorros dedicando un año de excedencia a una ONG de caridad tercermundista, mientras la interina subcontratada le guarda el puesto cobrando la mitad o menos. En cambio, el sindicato de la enfermera “fija” puede presionar para que la partida de gasto público asignada al hospital se destine a sus mejoras salariales con detrimento de la partida que podría ir destinada a una unidad de diálisis, por ejemplo. Es así, porque el funcionariado vertical se ha apropiado el servicio público, enajenándolo al usuario; y mientras su sindicato tiene derecho de huelga, no existen mecanismos de democracia directa de los usuarios sobre la gestión y dirección del servicio público.

En suma, las jefaturas del funcionariado vertical, conectadas a sus sindicatos y partidos políticos, actúan vinculadas a los banqueros con los que gestionan los ingresos fiscales y el crédito público, y a los suministradores por el pago de facturas multimillonarias. Por sus dirigentes políticos están sometidos a la banca que asigna el crédito para sus campañas electorales, a tanto por diputado; ya que el número de diputados elegidos corresponde, aproximadamente, al monto de la inversión en propaganda mediática. La banca prevé, según su inversión, cuántos diputados obtendrá un partido. Mientras el contribuyente fiscal y usuario del servicio público sólo es un voto en una campaña de propaganda electoral o en una encuesta (de “opinión”?).

La cuestión radica en que el Estado es una máquina de ocupación territorial y control de población, no de distribución de bienes y servicios. No es eficiente para distribuir sino para concentrar poder en la jerarquía funcionarial. Por eso, la privatización del servicio público no lo hace menos público, si lo gestiona el usuario. Y las formas del individualismo liberal norteamericano tienen una de las claves.