Róger Olivas
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Cuando se apruebe la “Ley de régimen de las administraciones públicas y procedimiento administrativo común”, ya en estudio por nuestra Asamblea Nacional, tendremos supuestamente el paliativo jurídico que sanara nuestras deficiencias en materia procesal administrativa. Después de leer dicho proyecto de ley, aquí una observación que espero sea tomada en cuenta por nuestros legisladores.

Fue proyectada en España y es una copia casi literal de la Ley 30 del 26 de noviembre de 1992 de dicho país, la cual se titula Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común Una lástima que nuestro gobierno no crea en la capacidad de nuestros juristas “chapiollos”.

Los códigos copiados y no “tropicalizados” a nuestro medio ambiente nunca han dado buenos resultados en nuestro país y este en especial anula todo lo bueno que hasta el día de hoy se ha conseguido en la protección de los derechos del Administrado en contra del todo poderoso Estado de Nicaragua, de quien sus gobiernos de turno, siempre se han caracterizado en ver al ciudadano común como un sujeto sin derechos.

En nuestra legislación, la Administración está obligada a contestar de manera pertinente y con la debida motivación las solicitudes de los administrados, así como notificar en un plazo adecuado, surgiendo así la teoría del silencio administrativo ( arto 52 Cn),pues la ley no le da al funcionario publico la oportunidad de guardar silencio. Está obligado a responder, no puede guardar silencio.

Pero cuando lo guarda, dicho silencio administrativo es definido como positivo por la Ley No. 350, “ como el que se produce en los casos en que la Administración Pública omitiere su obligación de resolver en el plazo de treinta días .Transcurrido dicho plazo sin que la administración hubiere dictado ninguna resolución, se presumirá que existe una aceptación de lo pedido a favor del interesado” lo encontramos en las Reformas e Incorporaciones a la Ley No. 40, Ley de Municipios, en el Código Tributario, otros cuerpos de leyes y la jurisprudencia de nuestra CSJ, habiéndose construido así un andamiaje jurídico alrededor del silencio administrativo positivo.

El Silencio Administrativo Positivo tiene la virtud de propiciar la actuación de las autoridades de las entidades públicas y castigar su inactividad, inercia, haraganería y desprecio habitual hacia el Administrado. En países como el nuestro, es una garantía para los administrados, quienes necesitan de la oportuna solución a sus reclamos y recursos, pues la eficacia de los derechos depende en la mayoría de los casos de la prontitud y diligencia de los administradores de la cosa pública.

La ley española 30/1992 destaca el carácter positivo con el que ,como regla general, se regula el silencio administrativo, “lo que constituye una garantía para el ciudadano en aquellos supuestos que la Administración incumpla con la obligación legal de resolver” (Ester Gómez Colilla .Universidad Complutense de Madrid) y mantienen los comentaristas españoles que la norma es clara (arto. 42 Ley 30/92),siendo silencio administrativo positivo, salvo que, por disposición expresa se establezca que el silencio es negativo y luego dicha Ley en su arto. 43.3 establece los supuestos o excepciones en que el silencio será negativo.

Los redactores de nuestro proyecto de ley a pesar de prácticamente haber fusilado la Ley 30/1992 (la española) se apartan de ella en lo que respecta al silencio administrativo positivo como regla general y mandan a la porra todo el andamiaje jurídico nicaragüense y establecen en el articulo 29 de la misma, que “transcurrido el plazo previsto sin que la Administración Pública hubiera dictado la resolución expresa, la persona podrá considerar desestimada su solicitud, por silencio administrativo negativo, pudiendo deducir el recurso administrativo que corresponda o en su caso jurisdiccional” y proponen el silencio administrativo negativo como regla general.

Conociendo la idiosincrasia de nuestros funcionarios públicos, desde el momento que fuere aprobado este proyecto de ley instaurando el Silencio Administrativo Negativo, todas las resoluciones serán en contra del Administrado.-Para que perder el tiempo fallando, si con mi “no fallo” estoy fallando en contra del ciudadano?
Soberbia, prepotencia y pereza se convertirán en la regla general de nuestros empleados públicos y como excepción, la diligencia y cumplimiento de la obligación impuesta por el artículo 52 Cn. Un caso de Ripley.

Ojalá las voces de los Administrados se eleven ante la Asamblea Nacional solicitando se mantenga el silencio administrativo positivo.


gareas@cablenet.com.ni