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La práctica médica atraviesa una profunda crisis, ya que los resultados lesivos ocasionados en el ámbito médico-sanitario, como la producción de muertes o lesiones en los pacientes, ponen en evidencia las debilidades profesionales, estructurales y funcionales del sistema sanitario nicaragüense. En este escenario hay sentimientos encontrados: los pacientes manifiestan desconfianza hacia el personal médico; los operadores judiciales parecen tomar conciencia de que la mala praxis médica ha de ser fuertemente sancionada y, finalmente, los profesionales de la salud se sienten indefensos y temerosos frente a lo que consideran una verdadera caza de brujas.

La determinación de la responsabilidad penal del médico es una materia muy compleja, puesto que en este ámbito existe mucha casuística; las vías de solución posibles dependen en muchos casos del padecimiento específico del paciente, de la reacción profesional del médico o de los medios con los que cuenta el personal sanitario para hacer frente a la situación concreta. Ante la evidente dificultad para determinar cuándo un procedimiento médico o quirúrgico ha sido practicado con inobservancia de la lex artis o, por el contrario, con la total diligencia debida, tanto la doctrina como la jurisprudencia han establecido una serie de criterios valorativos con la finalidad de delimitar los contornos de la responsabilidad penal del médico en el ejercicio de su profesión.

En este sentido, pues, se ha recurrido a fórmulas como la relativa a la “división horizontal del trabajo”, que se presenta cuando, por ejemplo, cirujano y anestesista gozan de autonomía en el ejercicio de sus respectivas actuaciones durante el procedimiento quirúrgico o, el denominado “principio de confianza”, en virtud del cual cada especialista puede contar con que su colega ha realizado correctamente su cometido. Ambos criterios son perfectamente aplicables al caso de la médico-anestesista recientemente condenada por un delito de homicidio con dolo eventual; sin embargo, en este artículo me limitaré a hacer una breve reflexión sobre el título de imputación subjetiva atribuido a la médico, esto es, el dolo eventual, dejando de un lado un aspecto no menos importante como es la comprobación de la efectiva relación de causalidad entre la actuación del médico y el lamentable fallecimiento de la paciente.

De esta forma, habrá que precisar, ¿cuándo puede afirmarse que una conducta ha sido realizada con dolo eventual? ¿qué repercusiones prácticas implica el producir un resultado de muerte con dolo eventual? Pues bien, a falta de criterios legalmente establecidos, la doctrina ha articulado una serie de teorías tendentes a distinguir cuándo el sujeto actúa con dolo eventual o con imprudencia. A mi juicio, la distinción debe partir de la denominada “teoría restringida del consentimiento” (vid. Luzón Peña), en virtud de la cual el sujeto actúa con dolo eventual si, pese a prever la eventual producción del resultado (en nuestro caso la muerte del paciente), confía –sin una mínima base objetiva y racional– en que el hecho no se producirá; dicho de otra forma: si el médico se representa la eventual producción de la muerte, pero confía sin ningún fundamento objetivo, porque por ejemplo no hay manera de evitar el resultado, en que el deceso no se producirá, entonces su conducta habrá de ser calificada como dolosa eventual.

Por el contrario, si el médico tiene un fundamento racional y objetivo que le haga pensar que puede controlar el riesgo, entonces el resultado de muerte deberá ser imputado a título de imprudencia (salvo que la causa del fallecimiento sea totalmente imprevisible, en cuyo caso habría que absolver). En el supuesto objeto de análisis parece que la condena tuvo como fundamento, en primer lugar, el hecho de que el sitio en donde se ejecutó la cirugía no prestaba las condiciones necesarias y, en segundo lugar, el dato aparente de que pese al deterioro en la salud del paciente dejaron transcurrir cierto tiempo hasta tomar la decisión de trasladarle a un centro asistencial mejor equipado; al respecto, considero que el primer dato no es determinante para afirmar la existencia de dolo eventual respecto de la muerte del paciente, sobre todo si constan anteriores procedimientos quirúrgicos exitosos en esas mismas condiciones, mientras que el segundo dato sólo podría fundamentar la existencia de dolo eventual si, por ejemplo, los médicos advertían un progresivo y grave deterioro en la salud de la paciente y, pese a ello, no procedieron a trasladarle a un centro asistencial cualificado.

En definitiva, pues, la importancia de aplicar en este caso un homicidio con dolo eventual o con imprudencia radica en la cuantía de las penas, así mientras el homicidio doloso tiene una pena de 10 a 14 años de prisión, el homicidio imprudente (tipo básico) se castiga con penas de entre 1 a 4 años de prisión.

Por último, con relación a las circunstancias agravantes apreciadas en el caso, entiendo que éstas no son de aplicación, precisamente porque el título de imputación subjetiva atribuido a la anestesista es de dolo eventual, y las agravantes de “aprovechamiento de lugar” o de “abuso de confianza” sugieren la existencia de un dolo directo, así, por ejemplo, la circunstancia del lugar está pensada para casos como el del homicida que traslada a la víctima a un sitio despoblado para asegurarse que no recibirá ayuda de terceros. En este sentido, pues, es evidente que cuando los médicos acordaron llevar a cabo el procedimiento quirúrgico ni estaban pensando en producir la muerte del paciente, ni pretendían limitar una eventual defensa de la víctima. De igual forma, debe negarse la concurrencia del abuso de confianza o de superioridad como agravantes genéricas, ya que además de ser –a mi juicio– incompatibles con el dolo eventual, la relación de confianza y superioridad del médico frente al paciente es un elemento consustancial al ejercicio mismo de la profesión; así pues, estas agravantes no están pensadas para este tipo de casos, pues resulta obvio de que el paciente que contrata los servicios de un médico confía en sus habilidades profesionales y que el médico que acepta llevar a cabo una cirugía confía en que la intervención será todo un éxito, no está pensando por tanto en defraudar intencionalmente (dolo directo) las expectativas, estéticas o curativas, del paciente.

Es de lamentar todo lo sucedido en este caso, al final todos pierden, los familiares del paciente, los profesionales de la salud y la credibilidad de un frágil sistema sanitario; lo más grave es que no parece que las cosas vayan a ser distintas.


*Doctor en Derecho Penal, Universidad de Alcalá.

Prof. de Derecho Penal (UCA).