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En el mes de junio del año que hoy termina se les venció el período constitucional a los magistrados del Consejo Supremo Electoral, señores Roberto Rivas Reyes, José Marenco Cardenal, Emmet Lang, José Luis Villavicencio y otros, sin que hasta el momento la Asamblea Nacional haya resuelto ratificarlos o no. Empero, con la venia del Presidente de la República, éstos se mantienen en forma putativa en el cargo, y son sus candidatos para que sean reelectos por cinco años más en el CSE. La actitud intransigente, obcecada y obstinada del gobernante, en respaldar la reelección ha trabado la elección de 25 funcionarios de los otros poderes de Estado, pues la oposición política y organismos de la sociedad civil demandan y exigen no reelegir a los ex magistrados, en especial al señor Roberto Rivas Reyes, por considerarlos autores del fraude electoral de 2008.

La pugna entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, en cuanto a las facultades y atribuciones constitucionales de mantener funcionarios públicos en los poderes de Estado, tiene en una terrible incertidumbre política al país. Cómo se podrá resolver esta crisis institucional, es el nudo gordiano que nadie ha podido desatar, máxime cuando los nicaragüenses están a las puertas de las elecciones nacionales, y antes se tiene que pasar por la legitimidad en la elección de las autoridades electorales, para poder hacer la convocatoria
a los partidos políticos y
organizar el proceso electoral que culminará el siete de noviembre de 2011.

Dadas las dimensiones y los efectos que está ocasionando la crisis política, los nicaragüenses se rebanan el cerebro intentando comprender la mentalidad del Presidente de la República, pues sin duda él fue el promotor de la crisis, ya que en enero emitió el decreto ejecutivo 03-2010, con el cual mantiene en los cargos a funcionarios de los poderes de Estado de forma ilegal. En un país políticamente razonable, esta crisis ya hubiera sido resuelta sin mayores traumas. En cualquier país, los órganos legislativos son por antonomasia instancias de discusión y de negociación política, adonde llega el Poder Ejecutivo, para que le aprueben leyes y proponer candidatos a cargos en el Estado. Si el Presidente de la República tiene mayoría parlamentaria, no necesita negociar con la oposición; mas si no tiene los votos suficientes, el Ejecutivo tiene que entrar en un cabildeo con los diputados de la oposición, negociar, ver que puede ceder y en qué la oposición está dispuesta a ceder, para sacar adelante el país.

Dado que en la Asamblea Nacional el Presidente Daniel Ortega no tiene los 56 votos para reelegir a los magistrados del Poder Electoral, el Ejecutivo está obligado a entrar en negociación, es decir, el gobernante está obligado a escuchar las propuestas e impugnaciones que formule la oposición, pues en una transacción las partes deben estar dispuestas a ceder su propia cuota de poder. Sin embargo, la fórmula aplicada por el Ejecutivo es: “Por mis pistolas, me das todo o nada”.

Esa actitud negativa y fuera de toda lógica es lo que tiene al Estado al borde del colapso. Uno se pregunta: ¿qué es lo que esconde el señor Presidente cuando se niega sentarse a negociar con la oposición política? Mi imaginación, que es maliciosa, me transporta al siguiente hipotético escenario:
“A las 12 de la noche del 09 de noviembre 2008, el Presidente de la República llama por teléfono a Roberto Rivas y le pregunta: Roberto, ¿cómo van los resultados electorales? Roberto Rivas le contesta: señor Presidente, en Managua el ganador es Eduardo Montealegre, y sus partidarios ganan en otras cabeceras departamentales. El Presidente pregunta de nuevo, ¿se puede revertir esos resultados? Rivas responde: Claro que sí, todo se puede, ¿pero qué ofrece usted, señor Presidente? El Presidente responde: bueno, te garantizo, como mínimo a vos y resto de magistrados liberales, mi respaldo total para que sean reelectos en el cargo por cinco años más. Contesta Rivas: hecho señor Presidente, los resultados finales serán a favor de su partido.”

Asimismo recuerdo la beligerancia que tenía el Cardenal Miguel Obando y Bravo contra Daniel Ortega, a quien, en plena campaña electoral, lo comparó con una víbora. También recuerdo el escándalo de corrupción en que se vio involucrado Roberto Rivas Reyes, con la ONG de la iglesia, al punto de que la Contraloría General de la República lo declaró con responsabilidad penal y civil. Pero por las gestiones del Cardenal Obando, el caso fue engavetado; a partir de ahí, el Cardenal Obando se volvió un manso y humilde cordero.

El Poder Ejecutivo está luchando contra el tiempo, tenía hasta el 15 de diciembre para conseguir los 56 votos en la Asamblea Nacional, no sólo para elegir a los funcionarios de los poderes de Estado, sino también para reformar el artículo 147 de la Constitución Política y así legitimar su candidatura presidencial. No logró la reforma de la Carta Magna, y el escenario electoral se le complicó a Ortega, pues se verá obligado a enfrentar dos problemas de legitimidad: por un lado, mantener un Consejo Supremo Electoral putativo, y por el otro, una candidatura presidencial a todas luces ilegitima.

La oposición política ha venido manifestando su intención de participar “bajo protesta” en las elecciones de noviembre 2011, con magistrados electorales espurios. La oposición siente el temor, que de no participar en las elecciones, corren riego de perder la personalidad jurídica de sus partidos. Ante ese temor, pregunto: ¿pueden ex magistrados electorales despojar de su personalidad jurídica a un partido, por no participar en las elecciones 2011? Un ex funcionario público, que no ha sido electo por diputados de la Asamblea Nacional, de conformidad a la Constitución, ¿goza de alguna autoridad, jurisdicción o competencia para procesar, condenar o absolver a una organización política?
Que no siga la oposición política jugando ese juego, es decir, legitimar lo que es ilegítimo. Entre tanto la Asamblea Nacional no elija a los magistrados electorales, todo lo que hagan las personas que se dicen “magistrados” carece de legalidad y de legitimidad. Entonces, ¿cuál es el temor a lo que hagan o dejen de hacer las individuos que cesaron en sus puestos en el mes junio, y no tienen competencia ni autoridad alguna para convocar a elecciones, mucho menos que puedan aplicar sanciones administrativas a las organizaciones políticas, pues no tienen ni gozan de jurisdicción en materia electoral?
En manos de la oposición se encuentra la posibilidad de rescatar la institucionalidad, la legalidad y la legitimidad de nuestro país, y para ello sólo hay dos caminos: primero, que los diputados cedan, a título gratuito u oneroso, al presidente Ortega, los 56 votos para reformar la Constitución. De no conseguir el gobernante ese objetivo, a la oposición le queda el otro camino: convocar a una abstención nacional, pues el proceso electoral tendría dos vicios de nulidad absolutos: un CSE putativo y una candidatura presidencial anticonstitucional. De participar la oposición en las elecciones bajo las primeras condiciones, sería cómplice de la puñalada trapera contra la Constitución y la institucionalidad, lo cual traerá consigo una mayor crisis política que hará ingobernable el país.


*Abogado y Notario Público