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Las reformas constitucionales de 1995 establecieron normas de prevención en el propósito de fortalecer la honestidad y equidad en las elecciones de autoridades supremas de la nación.

Dentro de esa sanidad electoral, se legisló que los alcaldes y ministros, así como los magistrados, procuradores y fiscales, cuando optaran a cargos de elección nacional, renunciaran a sus funciones un año antes de los comicios, y así evitar que los recursos e influencias que manejan se utilizaran para sus campañas electorales, como recurrentemente ha sucedido en la historia de nuestro país.

Incluso, la misma disposición rige para el Vicepresidente de la República, si aspirara a la Presidencia de la misma.

La sentencia que pretende, contra todos los fundamentos universales del derecho y del respeto por la inteligencia de los ciudadanos, jerarquizar los artículos de la Constitución y colocar la igualdad ante la ley sobre la prohibición de la reelección presidencial continua, aunque deja abierto que un analfabeta o ex convicto pueda ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, no se ocupó en ninguno de sus considerandos y por tantos, de declarar inaplicables los artículos referidos a las obligadas renuncias que dejamos apuntadas.

La Constitución no extiende esta elemental cautela para la pureza electoral, al cargo del Presidente de la República, ya que no pudiendo reelegirse, ni sus familiares en el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad postularse a sucederle, no es necesario apartarlo de la “tentación” de volcar los inmensos recursos que maneja, a favor de su candidatura, la de su esposa, padres, hijos, nietos, hermanos, primos hermanos, cuñados o suegros.

Si el Presidente Ortega persiste en fundamentar su intento de postularse a la reelección con la rocambolesca sentencia de sus magistrados, debió haber renunciado a principios del mes de noviembre pasado, para no agregar una ilegitimidad más a sus desventurados propósitos.

Esto es así, porque esa misma “doctrina”, habiéndole igualado sus derechos en la Constitución por encima de las restricciones, lo deja también en igualdad de deberes constitucionales.

Por lo tanto, no puede estar por encima de las obligaciones que la Constitución impone a ministros, alcaldes, procuradores, fiscales y vicepresidentes de la República, más aún cuando la naturaleza y tutela de esas obligaciones, tienen en su caso un contenido inmensamente mayor.

Esto debe tenerse muy presente para cuando se produzcan impugnaciones y recursos a la decisión que adopte el llamado CSE, frente a la inscripción de Daniel Ortega, como candidato a la reelección presidencial.