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El 2 de diciembre recién pasado, se aprobó en su totalidad la “Ley para Protección y el Bienestar de los Animales Domésticos y Animales Domesticados”, promovida y financiada con una campaña millonaria durante cuatro años por ONG y mercenarios extranjeros. El Presidente Daniel Ortega tenía los primeros 15 días desde que reciba la ley aprobada para vetarla o promulgarla. Según el Artículo 142 de nuestra Constitución Política: “El Presidente de la República podrá vetar total o parcialmente un proyecto de Ley dentro de los quince días siguientes a aquel en que lo haya recibido. Si no ejerciere esta facultad ni sancionara, promulgará y publicará el proyecto, el Presidente de la Asamblea Nacional mandará a publicar la Ley en cualquier medio de difusión nacional escrito”. El segundo párrafo del mismo artículo dice: “El Presidente de la República en el caso del veto parcial podrá introducir modificaciones o supresiones al articulado de la ley”.

Por lo visto hasta la fecha de hoy, el Presidente Ortega no la vetó, y se entendería que dicha Ley quedará tal como fue aprobada. Según los términos constitucionales el 2 de febrero, día de la Virgen de Candelaria, la Ley deberá estar publicada.

Una Ley que deja mejor protegido a los animales que a los nicaragüenses. Si en algún caso la Ley fuere vetada, el Artículo 143 expresa que: “Un proyecto de Ley vetado total o parcialmente por el Presidente de la República deberá regresar a la Asamblea Nacional con expresión de los motivos del veto.

“La Asamblea Nacional podrá rechazar el veto total con un número de votos que exceda la mitad del total de diputados, en cuyo caso el Presidente de la Asamblea Nacional mandará a publicar la Ley.

“Cuando el veto sea parcial, éste deberá contener expresión de motivos de cada uno de los artículos vetados. La Comisión correspondiente deberá dictaminar sobre cada uno de los artículos vetados. La Asamblea Nacional, con un número de votos que exceda la mitad de sus miembros podrá rechazar el veto de cada artículo, en cuyo caso el Presidente de la Asamblea Nacional mandará a publicar la Ley”.

Si no sucediera ninguno de los casos anteriores, quiere decir que tendríamos una nueva Ley para Animales, un nuevo delito tipificado como biocidio con brutales multas y penas para los implicados.

Por nuestra parte, después de cuatro años de cabildeo con viejos diputados y luego más tarde con los nuevos diputados de la Asamblea Nacional, logramos que los gallos quedaran protegidos y reafirmados como una: tradición y costumbre nicaragüense, aunque no le guste a los extranjeros que invirtieron millones en sus campañas manipuladoras para criminalizar a los galleros del país.

Finalmente, después de 13 años de trabajo cultural rescatando la historia y los personajes galleros de Nicaragua, quiero agradecer a todos los diputados que votaron a favor de no matar por ley o decreto nuestra tradición ancestral. Ahora nos toca a todos y cada uno de los galleros organizarnos en nuestras comarcas, pueblos y ciudades para defender nuestro derecho cultural, las peleas de gallos.

Hoy también, agradezco a todos los amigos periodistas, en especial a Onofre Guevara López y a los medios de comunicación, y en especial a EL NUEVO DIARIO, por su apoyo incondicional en defensa de nuestras tradiciones culturales.

Esta lucha desigual que libramos para defender las peleas de gallos también nos enseña y nos obliga a reorganizarnos en todo para poder sobrevivir ante los nuevos retos, pues también nos mostró con quiénes contamos y con quiénes no. Tenemos que reestructurarnos en todo nuestro quehacer y trabajo de investigación histórica, periodística, sostenibilidad, organización y la consolidación de un nuevo Consejo Editorial efectivo y operativo.

Gracias, amigos galleros, y gracias amigos patrocinadores y mil gracias a los abogados Uriel Rodríguez y Selser Eduardo Tapia Casco, por su asistencia y apoyo legal en el redondel legislativo en pro de los gallos durante la pelea final.