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Los nicaragüenses que realmente amamos a nuestro país debemos proponernos que el año 2011, que recién hemos iniciado, sea el año del triunfo definitivo de la democracia en Nicaragua.

Para ello, todos y todas debemos promover que las fuerzas realmente democráticas tengan un triunfo aplastante e innegable en las elecciones nacionales del mes de noviembre. Si la ciudadanía consciente se moviliza en tal sentido, concurriendo masivamente a las urnas para depositar su voto por el candidato de la unidad, que representa el rechazo total a la dictadura, a los pactos prebendarios y a la corrupción, no habrá manera de desvirtuar los resultados electorales, aun cuando subsista el actual Consejo Supremo Electoral de facto y este intente perpetuar otro fraude electoral.

Pero también se requiere estar vigilantes sobre otras tareas previas y de mucha importancia. En primer lugar, impedir que se reedite el pacto Ortega-Alemán, presionando a la Asamblea Nacional para que se sustituya a todos los miembros del actual Consejo Supremo Electoral por magistrados honestos y capaces, que sean una garantía para la transparencia y justicia de las próximas elecciones y del respeto a la voluntad popular que en ellas se manifieste. Para ello, será preciso estar atentos, en este mes de enero, o en los meses subsiguientes, a las elecciones que debe llevar a cabo la Asamblea Nacional de los magistrados del Consejo Supremo Electoral y de otros funcionarios.

La vigilancia deberá también incluir el proceso de cedulación, la revisión del Padrón Electoral, la reglamentación de la Observación Electoral, que es la que contempla el artículo 10, inciso 8 de la Ley Electoral, que no habla de “acompañamiento”, sino de observación, y en fin de todo el proceso previo a las elecciones, desde luego que los fraudes electorales no se hacen únicamente el día de las elecciones sino que se preparan con anticipación.

Es también de suma importancia insistir sobre la ilegitimidad de la candidatura del actual Presidente de la República, por prohibirlo, con doble candado, el Artículo 147 de la Constitución Política. Sobre la ilegitimidad de la candidatura del Presidente Ortega, conviene tener presente lo que sobre el particular dice el contundente informe sobre “El Estado de Derecho en Nicaragua” de la Federación Interamericana de Abogados (octubre, 2010), tras un exhaustivo análisis jurídico del Decreto 3-2010 del Poder Ejecutivo, conocido como “el decretazo”; la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre dicho decreto; la Sentencia de la misma Corte declarando la inaplicabilidad del Artículo 147 y la vigencia del párrafo segundo del Artículo 201 de la Constitución de 1987.

Sobre todos estos intentos de legalizar la posible reelección del Presidente Ortega, el informe concluye en lo siguiente: “Hemos constatado que dentro del sistema legal imperante en Nicaragua la expiración del período constitucional de vigencia del cargo de un magistrado de la Corte Suprema, trae consigo la cesación en el cargo y el continuado ejercicio de esas funciones luego de la expiración del plazo, viola la Constitución. Asimismo, de conformidad con las Constitución y leyes aplicables la integración y operación de la Corte Suprema de Nicaragua con magistrados que cesaron en sus funciones, por expiración de su periodo constitucional, y por Conjueces convocados e integrados sin mediar una ley que lo autorice y regule, reviste de ilegalidad los actos, sentencias y resoluciones tomadas por dicho tribunal. Nuestro examen legal nos ha permitido constatar que el Poder Ejecutivo no está facultado para ratificar o prorrogar los plazos establecidos por la Constitución para ciertos funcionarios cuyo nombramiento compete, según la Constitución, al Poder Legislativo. No obstante las razones que dieron origen al Decreto 3-2010, semejante atribución de funciones por el Poder Ejecutivo, constituye una violación al principio de separación e independencia entre los Poderes del Estado consagrada en la Constitución. La transitoriedad de una norma, como lo es el Art. 201 de la Constitución de 1987, implica, por el sentido de la misma, que la norma deja de operar como tal cuando se cumplió su cometido, en este caso, cuando de nombraron los nuevos funcionarios al haber entrado en vigencia la Constitución de 1987. El simple hecho de que el texto del Art. 201 se haya publicado en fecha reciente, como parte del texto de la Constitución y sus reformas, en manera alguna puede revivir una norma que en sí misma había expirado por su propia naturaleza y objetivo, como disposición transitoria. Más aun, según el criterio compartido por varios juristas nicaragüenses, las Reformas parciales a la Constitución, de 1995 y 2000, contienen disposiciones derogatorias del Art. 201 y al ser estas tomadas en cuenta en el análisis, deberían dar por cerrado todo debate sobre esta cuestión. Finalmente, la declaración de inconstitucionalidad del inciso a. del Art. 147 de la Constitución que prohíbe la reelección del Presidente de la Republica enfrenta serios problemas legales. En primer lugar, esas sentencias fueron dictadas por una Corte cuyo modo de integración ha sido cuestionado. En segundo lugar, en su decisión la Corte parece haber ido más allá de la mera interpretación de la Constitución y más bien se trata de una reforma constitucional, lo cual es competencia del Poder Legislativo o de una Constituyente”.

Por todo lo anterior, queda absolutamente clara la ilegitimidad de la posible candidatura presidencial de nuestro actual presidente.

El año 2011 tiene que ser, por necesidad histórica e imperativo ético y patriótico, el año del triunfo definitivo de la democracia en Nicaragua.