Jorge Eduardo Arellano
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A mediados del presente año, los diputados de la Asamblea Nacional se prestan para elegir magistrados a la Corte Suprema de Justicia, ya que a los magistrados Edgar Navas Navas, Manuel Martínez, Damisis Sirias, Ramón Chavarría, Guillermo Selva, Armengol Cuadra, Yadira Centeno y otros, se les vence su periodo de cinco años en el cargo. Esta elección de magistrados está generando falsas expectativas en la sociedad civil, pues muchos aún creen que el problema del sistema de justicia, está en las personas que se nombran y no en el modelo de justicia que tenemos los nicaragüenses. Por la Corte Suprema de Justicia han pasado magistrados como Guillermo Vargas Sandino y otros, que realizaron un buen trabajo, pero que ahora no están en la Suprema, porque quisieron ser independientes y el sistema no se los permitió. Hasta tanto los ciudadanos no asuman conscientemente que lo infuncional del modelo de justicia, no radica en las personas que llegan al cargo, sino que el quid del problema radica en el sistema, será entonces cuando toda la sociedad como un solo sujeto exija los cambios necesarios para corregir los defectos en el Poder Judicial, que tanto daño está haciendo al pueblo de Nicaragua.

La Sociedad Civil en general desde hace varios años viene criticando el pésimo sistema de justicia que tenemos los nicaragüenses. En principio los señalamientos son contra magistrados que conforman la CSJ, funcionarios públicos que son tildados de ineficientes e infuncionales, se dice que éstos sólo llegan a la Corte a tertuliar, a tomar café, a retirar el jugoso salario, a gozar de sus viáticos, a llenar el tanque de gasolina para sus lujosas Toyotonas. Los magistrados son señalados de no trabajar, lo anterior se dice, pues a pesar de que la Corte Suprema antes era de siete y con el tiempo pasó a 16, la retardación de justicia cada día es peor en lo Civil, Penal, Contencioso Administrativo y Derecho Constitucional.

Los antiguos señalan que en tiempos pasados, los propios magistrados eran los que elaboraban los proyectos de sentencias, las que tenían calidad y contenido jurídico. Ahora los señores magistrados tienen de uno a dos asesores (los que gozan de jugosos salarios pagados por el Estado), éstos son los que hacen el trabajo, elaboran los proyectos de resolución, el único trabajo del magistrado es poner la rúbrica y así se gana el sueldo que le paga el pueblo por ser miembro de un Poder de Estado.

Los cinco años que dura en el puesto el magistrado lo dedica a pastorear su rebaño, que es un departamento del país, asignado por sus pares de la CSJ, en cuyo territorio actúa como un feudal, teniendo poder suficiente para nombrar o destituir a cualquier Juez Civil, Penal, Suplente, Registrador Público de la Propiedad, personal administrativo, sea vigilante, afanadora, etc., etc. En el Departamento nada se mueve sino es con la venia y la voluntad del magistrado. Si un juzgado o juez no funciona por ineptitud, por ineficiencia, aunque existan quejas fundadas de corrupción, prevaricato, eso no es del interés del magistrado, por esa indolencia es que la imagen del poder judicial, día a día, se deteriora cada vez más ante el pueblo de Nicaragua e internacionalmente.

El artículo 38, ordinal 7 de la Constitución Política de 1987, consignaba que el Presidente de la República era el que presentaba a la Asamblea Nacional las ternas de candidatos a magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Con las reformas constitucionales de 1995, los diputados se arrogaron la facultad de elegir magistrados a la CSJ , amparándose en las reformas los diputados, entre ellos mismos, se proponían como candidatos a magistrados, incurriendo en el delito de prevaricato, así como salieron electos magistrados de la CSJ Iván Escobar Fornos, Carlos Guerra, Damisis Sirias, Edgar Navas Navas y otros. Con la Ley 606, conocida como Ley Orgánica del Poder Legislativo, en el arto. 16, se estableció como prohibición que un diputado pueda ocupar otro cargo en el Estado, con tal disposición los diputados quedaron inhibidos de proponerse como candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pues su propia ley orgánica expresamente lo prohíbe. De manera que los partidos políticos tuvieron que buscar otros cuadros políticos para la elección de magistrados, por eso fueron elegidos como magistrados los licenciados Juana Méndez y Sergio Cuaresma.

La Constitución Política dispone que el cargo de magistrado es por un período de cinco años (arto. 162), de manera que cada cierto tiempo el funcionario público es sometido a una evaluación por parte de los diputados, para ser, ya sea confirmado o destituido. Ese modelo de revisión es perverso, ya que en la evaluación del funcionario público no participa la sociedad civil, las organizaciones de abogados, las facultades de Derecho, la ponderación que hacen los diputados nada tiene que ver con la eficiencia, la capacidad, la honestidad, el buen desempeño del cargo, el examen versa en lo político, de que si el magistrado fue disciplinado y leal con el líder del partido político que lo llevó al cargo, si no lo fue al final el magistrado será aplazado por indisciplinado y desleal en consecuencia no será confirmado en el puesto.

Con el actual sistema de elección de magistrados queda comprobado hasta la saciedad que ese modelo está completamente viciado, el mismo es proclive a la corrupción, los magistrados no tienen independencia, el funcionario público es prisionero de la política y de los políticos, con el actual sistema no existen condiciones para impartir justicia de manera justa, equitativa y expedita, donde la guía sea la Constitución y la Ley.

Si la CSJ, como cabeza del Poder Judicial, se encuentra en un estado deplorable, el resto del cuerpo (jueces inferiores) también está en pésimas condiciones. El barco de la Justicia desde hace años está varado y encallado, y se encuentra a punto de naufragar, por lo cual es imperativo, hacer un rescate de salvamento, para ver que parte de la tripulación es rescatable. Pienso que es imperativo efectuar cambios profundos al sistema de justicia, por ejemplo hay que quitarle a los diputado de la Asamblea Nacional la atribución de nombrar magistrados a la Corte Suprema de Justicia, es preciso regresar al modelo anterior, que sea el Presidente de la República el único en presentar a la Asamblea Nacional ternas de candidatos, el parlamento podrá revisar y rechazar la propuesta si los candidatos no reúnen requisitos de probidad y capacidad, en esas circunstancias el Presidente debe enviar otra propuesta.

Considero que a los jueces y magistrados del Poder Judicial se les debe garantizar estabilidad y seguridad en su puesto de trabajo, por lo que es un error estar cada cierto tiempo sometiendo a elección a los magistrados. De manera que el funcionario público debe mantenerse en su puesto de trabajo siempre que demuestre un buen comportamiento. Otro cambio pertinente es que los magistrados de los tribunales de Apelaciones, Jueces de Distrito y Locales deben ser nombrados por el Parlamento Nacional, de propuestas que salgan de las Facultades de Derecho, asociaciones de abogados y organismos de la Sociedad Civil, de esta manera cesará la perniciosa dependencia y subordinación administrativa de los jueces inferiores con los magistrados de la Corte Suprema. Finalmente hay que constituir en la Asamblea Nacional, una especie de Tribunal encargado de atender las denuncias de corrupción contra los funcionarios del poder judicial, con plenas facultades para destituirlos del cargo.

Como la propuesta antes señalada, en estos momentos es un sueño, los actuales Magistrados ineluctablemente serán evaluados por los diputados de la Asamblea Nacional, que es igual a decir partidos políticos, por esa situación algunos de estos funcionarios públicos están viviendo una crisis de nervios, ya que tienen la incertidumbre: seré confirmado o no en el cargo. Pienso que la mayoría de los magistrados a los que se les vence su período repetirán en el puesto, pues en los cinco años la mayoría fueron dóciles y disciplinados al líder del partido político, algunos que se rebelaron y trataron de actuar independientes, definitivamente, serán despedidos. Entre los magistrados que están en la cuerda floja hay quienes en los departamentos del país, afanosamente se dedican a la tarea de recolectar firmas de apoyo para su reelección entre los jueces, abogados y público en general, pero la triste verdad es que todo ese esfuerzo será completamente inútil, ya que al final quien decide es el caudillo del partido político, pues los diputados son piezas de ajedrez y éstos obedecen ciegamente a dicho líder. De manera que, señores magistrados, objeto de examen político, tengan muy en cuenta lo que el Emperador Romano César dijo a su ejército: La suerte está echada.


*Abogado y Notario Público