Jorge Eduardo Arellano
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El establecimiento de una zona de emergencia de protección del manto acuífero de la ciudad de Managua suscrito entre la Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Enacal) y los cinco gobiernos municipales, que conforme con los estudios geotécnicos respectivos delimitan la importante área de captación del recurso agua que abastece a la población de la metrópoli capitalina, constituye un importante paso hacia la revigorización de un tema que dejó de ser parte de la agenda nacional de políticas públicas: el Ordenamiento Territorial.

Existen diversas definiciones formales de Ordenamiento Territorial, pero en general se asume como “un proceso de organización del territorio en sus aspectos económicos y sociales, basado en un enfoque geográficamente diferenciado que incorpore el mayor número de componentes que interactúan dentro del territorio y que compatibilice con las variables ambientales, las crecientes aspiraciones sociales y el incremento de niveles de productividad en las actividades económicas” (elaborado a partir de Cepal, Naciones Unidas, 2001).

La definición de una Política y Plan Ambiental de Nicaragua (PANic) diseñada para el sexenio 2000-2005 fue implementada parcialmente como parte de una estrategia de desarrollo que cubría los temas pertinentes a la gestión del medio ambiente y relativos a la gestión institucional, sectorial y territorial, tomando como eje transversal la sustentabilidad. La trascendencia de este ejercicio se vio disminuida por las interminables pugnas de intereses de la clase política nacional, la que no alcanza a atinar que las políticas públicas deben establecerse, y cumplirse, independientemente de la administración de turno.

El marco jurídico-legal nicaragüense es indicativo de una vocación de protección y rescate del medio ambiente, la Carta Magna expresa en el Capítulo III (Derechos Sociales) en su artículo 60 que “los nicaragüenses tienen derecho de habitar en un medio ambiente saludable. Es obligación del Estado la preservación, conservación y rescate del medio ambiente y de los recursos naturales”.

Asimismo, la Ley 217 (Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales) consigna en su Capítulo I, como parte de los objetivos particulares de la Ley, “la utilización correcta del espacio físico a través de un ordenamiento territorial que considere la protección del medio ambiente y los recursos naturales como base para el desarrollo de las actividades humanas”.

La Ley de Municipios (Ley 40 y 261) establece en su artículo 6 “que los gobiernos municipales tienen competencia en materia que incida en el desarrollo socioeconómico y en la conservación del ambiente y los recursos naturales de su circunscripción territorial”.

Este andamiaje jurídico-legal se refleja de manera precisa en la definición de políticas económicas y sociales del Programa Económico Financiero 2007-2010 preparado por la administración Ortega, el cual señala en su política de abastecimiento de agua y saneamiento la prioridad de “promover la buena gestión y el uso racional de los recursos hídricos”.

En muchas ciudades metropolitanas de América Latina se evidencia un proceso generalizado de renovación del tema del Ordenamiento Territorial integrando las áreas rurales, los sistemas ecológicos y la escala regional. A la crítica tradicional de la falta de operatividad y ajuste a la cambiante realidad urbana, el Ordenamiento Territorial ha innovado importantes aportes a la planificación estratégica, tales como la incorporación de todos los actores sociales y la utilización eficiente de los recursos.

Es evidente que la implementación de Planes de Ordenamiento Territorial consistentes se fundamenta en una fuerte articulación de relaciones entre las estructuras sociales, las instituciones políticas y las políticas públicas; esta triada de elementos vistos como componentes del nivel de cohesión social requieren de la confianza y paciencia de una sociedad étnica, cultural, social y económicamente diversa para la implementación de reformas cuyos frutos, en general, no se percibirán en el corto plazo.

La participación organizada de la población y el nivel de confianza que la misma tenga en las instituciones nacionales son parte de los retos que encara la actual administración pública en función de implementar de manera inmediata y enérgica el conjunto de políticas públicas que frenen el acelerado deterioro ambiental y el crecimiento desordenado de las principales ciudades; el Ordenamiento Territorial es la medida justa para revertir o reducir el impacto de tal fenómeno.

Esperemos que esta decisión político-económica-ambiental no quede únicamente en el papel, pues su aplicación afectará de forma directa a importantes sectores empresariales tanto afines como opositores a la actual administración gubernamental.