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La educación es un proceso fundamental para el desarrollo de las capacidades humanas, el disfrute de una vida plena y el ejercicio de una ciudadanía activa, por tales razones forma parte de los derechos humanos fundamentales y es un elemento central para la convivencia democrática.

Garantizar este derecho es responsabilidad de todas y todos, pero en primer lugar de los Estados, por ello la Constitución nicaragüense lo establece en los artículos 58, 116, 117 y 121. Para hacerlo efectivo, el Estado implementa un conjunto de políticas públicas y destina una importante suma de recursos.

En tanto, el cumplimiento de este derecho es un interés fundamental de la sociedad, ésta debe monitorear los esfuerzos que se realizan y los resultados que se obtienen, estableciendo un conjunto de indicadores, entre ellos la inversión en educación.

Los indicadores son construcciones estadísticas que facilitan conocer dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos con respecto a determinados objetivos y metas, así como evaluar programas específicos y valorar su impacto (Bauer, 1966). De esta manera, permiten medir y evaluar nuestro trabajo mediante su comparación con otras situaciones que utilizan la misma forma de apreciar la realidad.

Un buen indicador tiene un conjunto de atributos: los datos básicos para su construcción deben ser de fácil obtención sin restricciones; tener la capacidad de medir el fenómeno que se quiere medir y no otros; los datos utilizados deben ser fidedignos. En consecuencia, la única manera de que sean de utilidad, es que siempre consideren los mismos componentes y se construyan de la misma manera. De cambiarse, pierden su valor de comparación y evaluación por lo que se requiere ser muy cuidadosos y rigurosos en el uso y manejo de la estadística.

El indicador de la inversión en educación puede analizarse desde dos perspectivas. Por una parte, la inversión pública que mide la cantidad de fondos destinados por los gobiernos a la educación, para funcionamiento administrativo, mejoramiento de la infraestructura escolar, textos, pago de docentes y otras inversiones fundamentales para asegurar una educación de calidad a toda la ciudadanía. Este indicador permite conocer la prioridad que el Estado asigna a esta tarea y la magnitud del esfuerzo financiero que realiza, y se puede medir con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), indicador que resume la cantidad de bienes y servicios que se producen en un país en un período determinado.

Por otra parte, es posible medir la inversión privada en educación, indicador que muestra el esfuerzo que realizan las familias para enviar a sus hijas e hijos a la escuela, sea pública o privada. Ese monto será mayor o menor en dependencia de las posibilidades económicas de las familias y de la importancia que asignen a la educación.

En muchos países, incluidos los latinoamericanos, se ha considerado que los Estados deben invertir en educación al menos el equivalente al 7% del PIB, lo que se considera el mínimo de recursos públicos necesarios para hacer efectivo el derecho a la educación. Al utilizar este indicador no podemos de ninguna manera sumar fondos provenientes de otras fuentes, por cuanto deja de ser el mismo indicador y no sirve para medir el esfuerzo que el país está realizando en educación, comparar este esfuerzo con el realizado en años anteriores, o con el realizado por otros países de la región y el mundo.


Es cierto que para hacer realidad el derecho a la educación todos los sectores debemos aportar esfuerzos, voluntades y por supuesto recursos puesto que la educación es una tarea de todas y de todos. Las familias siempre invierten en la educación de sus hijos independientemente de si asisten a las escuelas públicas o privadas y estos esfuerzos son necesarios y forman parte del derecho y el deber que tenemos de trabajar por la educación, sin embargo no puede ser cuantificado como parte del esfuerzo público.

Nuestro país, Nicaragua, enfrenta un déficit educativo en lo referente al acceso (no están en la escuela o en otra modalidad educativa todos los que deben estar), la calidad (los y las estudiantes no están aprendiendo lo necesario), y la eficiencia. Estos déficit son más graves para los sectores más pobres puesto que ellos y ellas son los que menos acceden a la educación, los que se retiran más temprano y los que reciben la educación de menor calidad (mala infraestructura, pocos servicios básicos, escaso material didáctico y bibliográfico, docentes poco preparados, entre otros). Para resolver este problema y avanzar en educación se requiere un esfuerzo nacional que necesita de una importante inversión de recursos, especialmente en lo que respecta a la educación de los más pobres, tarea que es responsabilidad esencial del Estado y que debe ser emprendida con recursos públicos.

Como menciona el economista Adolfo Acevedo en un reciente artículo, la inversión que realizan las familias en la educación privada ha cumplido su rol, pues han obtenido los resultados que esperaban: mayores índices de retención, promoción, culminación de la primaria, entre otros. El problema fundamental está en la inversión pública por cuanto es insuficiente y no siempre ha sido eficientemente utilizada.

Nicaragua necesita aumentar la cantidad de fondos públicos para la educación, a fin de atender los déficit señalados, los que afectan fundamentalmente ámbitos estructurales de la educación, como la baja calidad en la formación de los docentes y el acceso y calidad de la educación que reciben los más pobres, tareas que superan al solo ámbito de inversión privada. Por ello, modificar el indicador de inversión pública con respecto al PIB agregándole elementos ajenos como el gasto de las familias, no resuelve el problema. Para mejorar el acceso, la equidad y la calidad de los servicios educativos que está obligado a brindar a la ciudadanía, el Estado requiere aumentar los recursos destinados a este fin, única manera de hacer realidad el derecho a la educación consignado en la Constitución que nos rige y leyes fundamentales como la de Educación y el Código de la Niñez y la Adolescencia.