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El Presidente de la República debió presentar el informe anual sobre su gestión de gobierno a la Asamblea Nacional, personalmente o por medio del Vicepresidente. Así lo mandata el numeral 15 del Artículo 150 de la Constitución Política. Sin embargo, nuestro Presidente, demostrando una vez más su falta de respeto a la Asamblea Nacional y a la Carta Magna del país, lo hizo, igual que el año pasado, ante una reunión de sus partidarios. Al mismo tiempo, obligó a los Jefes del Ejército y de la Policía Nacional, a estar presentes en esta su nueva violación a la Constitución Política de la República.

En su discurso, que no fue propiamente un informe, el Presidente aseguró que su gobierno sobrecumplió el compromiso de destinar el 7% del PIB al presupuesto para la educación, para lo cual se permitió sumar al porcentaje, que según él, se invierte en todo el sistema educativo estatal (5.5%) el porcentaje que el sector privado destina a la educación, estimado por él en 4.6. De esta manera, dio por sobrecumplido el compromiso con una inversión del 10.1%. ¡Maravilloso, si fuera cierto!
En primer lugar, el 5.5% incluye el presupuesto destinado por el estado a la educación básica y media más el 6% para las Universidades que integran el CNU. En realidad, el presupuesto estatal para la educación, atendida por el Ministerio de Educación, en lugar de crecer ha disminuido durante el gobierno del Presidente Ortega, pasando del 4.09% en el 2009 al 3.7% en 2011. Por otra parte, es muy difícil estimar la inversión en educación del sector privado, dada la renuencia de este sector a proporcionar las cifras de su manejo financiero.

Ante la afirmación presidencial, hecha seguramente por recomendación de sus asesores, conviene recordarle al Presidente el origen del reclamo del 7% u 8% del PIB para el presupuesto público en educación.

El compromiso, adquirido por todos los gobiernos de América Latina y el Caribe en la “Declaración de México”, aprobada por los Ministros de Educación en el mes de diciembre de 1979, dice que para el año 2000, los gobiernos deberán dedicar presupuestos gradualmente mayores a la educación hasta destinar no menos del 7 u 8 % de su Producto Interno Bruto.

Como puede verse, éste es un compromiso de los gobiernos. No se alude al sector privado. Evidentemente, los representantes de los gobiernos no podían comprometer al sector privado. Además, los ministros se comprometieron a ofrecer educación básica de 8 a 10 grados a toda la niñez en edad escolar antes de 1999; eliminar el analfabetismo antes de finales del siglo XX; ampliar los servicios educativos para las personas adultas; dar máxima prioridad educativa a los grupos poblacionales más desfavorecidos; transformar los currículos mediante la participación activa de la población involucrada; etc...

Esta célebre “Declaración”, que tuve personalmente el honor de suscribir en mi calidad de Ministro de Educación en aquel entonces, acordó la creación del “Segundo Proyecto Principal de Educación en América Latina y el Caribe”, que tantos beneficios trajo a la educación latinoamericana. Entonces, aun si aceptamos la cifra que reconoció el Presidente Ortega como inversión estatal global (5.5% del PIB), resulta que en el año 2011 aún no hemos cumplido con una meta establecida para el año 2000. Posiblemente, a estas alturas, por el crecimiento acelerado de las matrículas, los mayores costos, el salario digno del magisterio, las exigencias de la calidad y la indispensable introducción de las nuevas tecnologías educativas, el porcentaje del PIB requerido de inversión estatal, ande ya por el 9 o 10% del PIB.

Ésta es la realidad y no es manipulando o abultando cifras que la educación de un país avanza y se mejora. Esto solo se logrará si efectivamente existe la voluntad política de darle a la inversión educativa pública el carácter que realmente tiene como inversión prioritaria y estratégica, tal como lo vislumbraron los Ministros de Educación de América Latina y el Caribe reunidos en México en diciembre de 1979 y lo dejaron plasmado en la “Declaración de México”. Por lo tanto, ya no se trata de una recomendación de la Unesco, como a veces se dice, sino de un compromiso de los propios gobiernos de América Latina y el Caribe, entre ellos el de Nicaragua.

Como suscribiente, en ese entonces de la Declaración, me duele ver que mientras otros países, en condiciones económicas similares a las nuestras, ya alcanzaron esta meta, nosotros, para hacer creer que lo logramos, tenemos que recurrir al artificio de sumar el esfuerzo público y el privado.