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Los padecimientos que han venido atravesando los periodistas y radios comunitarias en Honduras, durante estos dos últimos años, parecieran no tener fin. En ningún momento de la historia de Centro América, ni siquiera durante las dictaduras militares, la prensa hondureña fue víctima de tantas muertes y acosos. No ha pasado ni un mes del asesinato de Henry Suazo,  décimo periodista asesinado en 2010, cuando la Radio Faluma Bimetu, (Coco Dulce) de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, decidió el pasado 14 de enero, cerrar temporalmente sus transmisiones, ante nuevas amenazas recibidas de las autoridades locales. Los periodistas temen que se repitan las acciones de hace un año: la radio fue incendiada y operaba gracias al empeño mostrado en su reconstrucción, por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), International Media Support (IMS) y Reporteros Sin Fronteras, (RSF).


¿Servirán los hallazgos presentados por AMARC, Article 19 e IMS ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para atajar la ola de violencia? El listado hecho público en Washington en octubre del año pasado, establece flagrantes violaciones a la libertad de expresión, señala impunidad; ausencia de un marco normativo adecuado para garantizar el pluralismo en el ámbito de la radiodifusión y más grave, falta de voluntad del Estado para implementar medidas de protección para avanzar en las investigaciones  presentadas por organizaciones gremiales y de derechos humanos. Las conclusiones de la comisión que visitó Honduras, son desalentadoras. Sostienen que el “fracaso sistemático del Estado expone a los periodistas”. ¿Qué hacer entonces para detener tantas muertes y tropelías?


La autocensura a que conduce el estado de indefensión de medios y periodistas, resulta perjudicial. El silenciamiento de la prensa se consigue a través de múltiples vías. La más atroz consiste en la privación de  vidas de periodistas y la destrucción de medios. Son señales dañinas y escandalosas que debería mantener preocupados a los hondureños, buscando como evitar no continúen.

 

Los asesinatos y cierres están orientados a que nadie se atreva a denunciar las irregularidades cometidas por el Estado; a que no se hable de la expansión y desarrollo del narcotráfico; no se conozcan invasiones de tierras indígenas y eludir toda referencia a la alarmante concentración de la propiedad. Buscan entronizar la ilegalidad y el despojo. ¿Cómo torcer el rumbo a una escalada que arrebata a la sociedad hondureña el derecho a saber todo lo que acontece en su entorno? La inaplicabilidad de las normas jurídicas que protegen el derecho a la vida, pasman la actuación del Estado y conducen a la desesperanza.


Los primeros síntomas desalentadores fueron vertidos por el vice ministro de seguridad, Armando Calidonio. Con la mirada puesta sobre Honduras por las organizaciones internacionales y locales protectoras de los derechos humanos, nadie imaginó que Calidonio, declararía campantemente al solo despuntar el año, que “ningún asesinato de periodistas está vinculado al ejercicio de su profesión”. No contento todavía añadió: “Es altamente improbable y lo digo sinceramente”. La reacción inmediata de RSF era lógica y esperada. Juzga las declaraciones de Calidonio, como “una intolerable denegación”. Para evitar más asesinatos, recordó que el Comité por la Libre Expresión (C-libre), expresó que Esdras López, director de programa de la estación televisiva Canal 36-Cholusat, ha sido víctima de amenazas de muerte de parte de un Teniente Coronel del Ejército, de apellido Méndez.


El comunicado de RSF trata de prevenir que no ocurra con López, lo que sucedió al periodista Nahúm Palacios Arteaga, asesinado en marzo de 2010. El caso de Palacios ha resultado emblemático. La CIDH había solicitado medidas cautelares a su favor, al haber  recibido amenazas de muerte y humillaciones de los militares acantonados en la región de Aguán y nunca recibió protección. Temen que la inercia del Estado hondureño continúe. La preocupación de RSF obedece a que hasta la fecha el gobierno hondureño no ha dado curso a las conminaciones recibidas de las instancias interamericanas. Tanto que Elán Reyes, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, anunció en diciembre del año pasado, que el Buró Federal de Investigación (FBI) investigaría a partir de enero los asesinatos perpetrados contra diez comunicadores. ¿Por qué recurrir a una instancia foránea para averiguar lo que corresponde hacer a las autoridades hondureñas? Cualquiera hayan sido las causas que provocaron los asesinatos, ya sea por razones políticas o por el crimen organizado, ninguna de las muertes debe quedar impune.


Los asedios, persecuciones; cárceles contra periodistas y cierres intempestivos de radios comunitarias, forman parte de un mismo fenómeno. La Voz de Zacate Grande ha sido noticia internacional, debido a los hostigamientos constantes a que ha sido sometida a lo largo de los años. Una emisora que no han conseguido variar su política informativa. Una de las pocas voces independientes con que cuentan las etnias. En Honduras la existencia de las radios comunitarias es precaria. El 80% del espectro radiotelevisivo está concentrado en pocas manos. Los acosos persistentes que reciben pretenden amedrentarlas o cerrarlas como ocurrió con la emisora Faluma Bimetu. El experto  Ernesto Carmona, señala que “la televisión de Honduras está controlada por una sola persona, José Rafael Ferrari… El comportamiento de la prensa de Honduras, tras el cierre de los pocos competidores críticos al golpe, trae a la memoria el rol jugado por los medios durante las dictaduras militares. No existe ningún código de ética para los dueños de la prensa. Morir es noticia, pero hoy muere la noticia”. (Implicaciones éticas de la concentración de medios y sus vinculaciones políticas y económicas en América Latina. Quito, Ecuador, octubre 2009.)


El problema de fondo radica en que los propietarios de medios son a la vez dueños de empresas constructoras, bancos, industrias, centros comerciales; ingenios azucareros, fincas y hatos ganaderos. ¿Cómo solventan los conflictos de interés a que se ven expuestos en su condición de propietarios de medios y como dueños del gran capital? ¿Cuánta receptividad pueden mostrar a las críticas que se realizan a sus dueños? La  concentración mediática afecta el pluralismo político. Los espacios de expresión ciudadana quedan reducidos al mínimo; la información crítica desaparece; y propicia que el monopolio empresarial se expanda sin control. La rendición de cuentas a través de los medios desaparece. ¿A qué dispositivos mediáticos pueden recurrir las organizaciones comunitarias para hacer sentir sus demandas y evitar mayores lesiones a sus derechos conculcados, si no a su propio dispositivo radioeléctrico? ¿A quiénes acudir si los llamados de la CIDH, RSF, Article 19, Amarc, IMS son desatendidos por el gobierno hondureño?    


La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, en comunicado emitido este 11 de enero, precisa que el corte de electricidad sufrido por las estaciones comunitarias Guarambala y La Voz Lenca, “era para impedir que las radios pudieran seguir trasmitiendo”, como “represalia por los contenidos críticos de sus emisiones”. En una sociedad donde el dialogo social es roto por los poderes establecidos, amplios sectores ciudadanos son colocados en una situación marginal, donde nadie atiende sus demandas por muy justas que sean. La existencia de cuatro grandes medios impresos, decenas de estaciones televisivas y centenares de radioemisoras, orbitando alrededor de los mismos intereses económicos y financieros, impide que la libertad de expresión germine y fructifique. En Honduras la Ley de Telecomunicaciones constituye además, un freno para la creación de radioemisoras comunitarias.   

 
La Ley de Telecomunicaciones hondureña refuerza la existencia del modelo comercial. Las frecuencias televisivas y radiales son sometidas a subasta, una ventaja onerosa para el gran capital. ¿Qué organización comunitaria podría competir en condiciones de desigualdad económica, con los Rosenthal, Ferrari, Canahuati, Flores Facussé, Nasser, Atala y compañía limitada? Mientras la Ley de Telecomunicaciones no sea reformada y ajustada a estándares internacionales, las organizaciones comunitarias jamás podrán pujar exitosamente para lograr el otorgamiento de licencias radiales y televisivas. Todo apuesta a evitar la existencia de las emisoras comunitarias. Las que funcionan son de baja potencia y corto alcance. Carecen de recursos técnicos, no reciben publicidad del sector empresarial; sus cuadros directivos y profesionales son permanentemente acosados, sus periodistas encarcelados y sujetos a todo tipo de acechos.


Si no hay una demanda permanente de las instituciones periodísticas y de derechos humanos internacionales, reclamando al gobierno y Estado hondureño, cumplir con las obligaciones contraídas en materia de derechos humanos, nada cambiará. Los cambios vendrán más por presiones de afuera que por la propia voluntad política. Las organizaciones hondureñas, guatemaltecas, salvadoreñas y nicaragüenses firmantes de la Plataforma para el reforzamiento de la Libertad de Expresión en Centro América, (Ciudad de Guatemala, 24 de Julio de 2009, auspiciada por Article 19) tienen el deber intervenir para modificar esta situación. Se trata de una tarea difícil; nadie está en un lecho de rosas. Mientras más tarden en exigir acciones concretas de las autoridades hondureñas, la situación podría tornarse irreversible. Uno de los mayores peligros proviene del narcotráfico organizado. Ninguna excusa es aceptable. Aducir que buena parte de los periodistas asesinados fue realizado por sicarios al mando de narcotraficantes puede convertirse en boomerang. Hay que aprender las lecciones que se desprenden de la experiencia mexicana. ¡Mírense en ese espejo cuanto antes! ¡No vaya a ser que mañana sea demasiado tarde!