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Cuando los partidos FSLN y PLC –o más bien sus líderes y sus cómplices— sepultan lo que de progresista tienen las leyes, al mismo tiempo, aplican un canallesco método: crean una seudo legalidad paralela. Y si no derogan las leyes, las dejan como un decorado  jurídico académico que para nada sirve, porque en la práctica anulan su efectividad.


Este método se ha refinado en los gobiernos de clase media orteguista-arnoldista, enriquecida con el poder; las clases oligárquicas tradicionales –enriquecidas con los métodos originarios para la acumulación de capital: la explotación de la tierra y del hombre— no siempre tenían que violar derechos establecidos en las leyes, porque simplemente sus leyes no los recocían. El derecho al sufragio, por ejemplo, era restringido en la Constitución por cuestiones económicas los que no tenían ciento capital; ahora, es un derecho universal, pero con el fraude anulan el valor del voto.


La oligarquía criolla desprecia por igual a orteguistas y arnoldistas, con la intensidad de sus prejuicios sociales, pero les rinden culto en cuanto a que estos se hicieron dueños del poder político, y con ello, de las llaves de la economía nacional. Ahora, los oligarcas comparten mutua, cobarde y amablemente los beneficios con los políticos de origen social medio pelo. Ni se molestan en la reconquista del poder directo, porque liberales y orteguistas han podido desde la presidencia y con sus pactos, servirse del Estado y servirles sus intereses. Ningún Pellas ha necesitado la presidencia para conservar y agrandar su capital.  


Fuera del discurso, Ortega es obediente de las políticas del FMI, y lo ha dejado determinar la política económica del Banco Central. Si no sucede igual con los poderes del Estado, es porque no lo han creído necesario hacerlo. La llegada al poder de esta medianía social ambiciosa, ha sido por medio del engaño demagógico de las elecciones, nunca totalmente honestas ni transparentes, o por el más especial de todos los métodos: la acción armada revolucionaria, que fue el caso del Frente, ahora sólo una falange cuasi fascista.


En el poder, esos partidos crecieron en capacidad económica, partiendo de la utilización de sus mecanismos, y no en último término, el mecanismo legislativo. El partido orteguista, en el turno, se volvió el más exigente en el cumplimiento de las leyes… para los otros y, al mismo tiempo, su mayor incumplidor, para lo cual cuenta con su propia Corte Suprema de Justicia y demás organismos del Estado, y finge creer que gobierno y orden legal son la misma cosa.


Cuando orteguistas y arnoldistas no han tenido el control del Estado, se han quedado “desde abajo” administrando sus intrigas, pactos o alianzas. Con sus claques regulan al gusto la gobernabilidad y se dedican a medrar, sea por medio de un alto cargo estatal –eso depende del pacto entre ellos— y de las diputaciones, a través de las cuales obtienen el control de la legalidad, y las más rentables de las prebendas.


Ésta es, más o menos, la imagen de los dos partidos en los últimos catorce años. Característica común de estos partidos, es dejar en segundo plano la formación política de sus cuadros, a quienes sólo utilizan como capaces. Y a la masa de “afiliados” lo son de palabra, por tradición familiar, o por compadrazgo con algún líder menor, e identificados en el oportunismo tras las migajas del poder. Viven alejados de cuestiones ideológicas de fondo, pues los líderes se ocupan de mantenerlos fieles al partido con las consignas de su propaganda y su discurso, siempre más agitador que orientador. Y la prebenda es su máximo ideal.


Ostentando y aplicando esos recursos, nos trajeron a la situación actual, cuando el orteguismo demuestra que la legalidad le vale un pito. Ha corrompido la función de las instituciones jurídicas, de modo que el Derecho formal ya no cuenta, si no el Derecho de facto de Ortega, el presidente que no quiere dejar de serlo. Esta opinión ha sido expresada en artículos anteriores y, por desgracia, el orteguismo me da la razón: en documento filtrado a La Prensa (28/1/2011), se lee que “La legitimidad de nuestras candidaturas y del proceso electoral en sí, está dada por la aprobación mayoritaria del pueblo y de la sociedad nicaragüense…”


El aún llamado Frente Sandinista, confirma su decisión de imponer la candidatura ilegal de Daniel Ortega, por la vía hecho, contra todo precepto constitucional. Se ha situado adrede fuera de la ley, y lo justifica en una supuesta voluntad “del pueblo” que, por obra y gracia de su voluntad, es el mismo Ortega: el “pueblo presidente”. La pretensión de reelegirse no puede ser más ilegal, pero eso no está dentro de sus preocupaciones. Nadie ha oído ni oirá en el discurso orteguista que no respetan la Constitución y las leyes, porque si consideran “fuente de derecho” y se atribuyen la única y legítima representación popular. Toda una mixtura de lo ambicioso irracional con un fanatismo de corte místico religioso.    


Su prioridad es pasar, con todos los extremos demagógicos posibles, la marcha de atropellos anticonstitucionales como un derecho creado por su “revolución sandinista”. No dejan de manipular ese nombre, porque ha sido la máxima expresión de libertad que ha tenido el pueblo nicaragüense en su historia. Las dificultades que han encontrado para convencer, los está llevando a convertir a sus funcionarios públicos y partidarios en guardias de leva de votantes, ofreciendo como premio el puesto de trabajo, y como castigo la cesantía.


El Partido Liberal Constitucionalista, sopa de segundo hervor del  somocismo, ha pasado a ser de Ortega su compañero de viaje y cómplice. Esa condición, se la debe a la delincuencia de Alemán contra las arcas públicas, y lo hizo caer en las redes que Ortega le tendió en el Poder Judicial que domina. Su situación es contradictoria: odia su dependencia ante Ortega, pero ama los beneficios que le acarrea su colaboración: diputaciones, magistraturas y oportunidades de hacer negocios con la política.


De ahí, que la idea de asistir a las elecciones, sean cuales fueren las condiciones que imponga Ortega, incluso su ilegal candidatura, es para la cúpula del PLC una cuestión inevitable. El pretexto es el temor a perder la personalidad jurídica si decidiera abstenerse. Los arnoldistas, quienes han colaborado en los embates orteguistas contra las leyes y la Constitución, más la muerte de derechos políticos con las reformas a la Ley Electoral, quieren hacer creer que se mueren de amor por el estatus legal de su partido.


Son tal para cual; orteguistas y arnoldistas, hacen una clase media fenómeno, pues en este Siglo XXI han superado los vicios de timbucos y calandracas, legitimistas y democráticos, liberales y conservadores, a cuyos herederos les garantizan sus privilegios, mientras ellos se enriquecen con el Estado. En fin, son cultores de ilegalidad y corrupción.