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Los medios de comunicación reclaman una mayor discusión, debido a su creciente importancia y por la centralidad que ocupan en la vida de las personas y las naciones. Su indiscutible poder para fijar las agendas públicas, su redespliegue universal y alcance planetario, plantean nuevos desafíos en el ámbito jurídico-político. Aparecen diferentes propuestas para normar su funcionamiento. El rebasamiento de fronteras originado por las trasmisiones satelitales e internet, ocupa gran parte del debate mundial. Las providencias tomadas por algunos países para contener la avalancha son cuestionadas. Los imperios mediáticos se oponen a estas medidas, que también encuentran resistencia de parte de algunos actores en el ámbito doméstico. La libertad de expresión y la libre circulación de las ideas forman parte del corazón de estas refriegas.


Las disposiciones adoptadas por distintos gobiernos en la comarca latinoamericana, mandando a enlazarse a las estaciones televisivas por diferentes causas, mantiene ocupadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Human Rights Watch, Asociación Interamericana de Radiodifusión (AIR) y únicamente para ejemplificar, a diversos sectores de Venezuela y Ecuador. En este lado del mundo, contrario a las disposiciones contenidas en su propia legislación, fructificó la tesis norteamericana que en materia de medios, la mejor ley es la que no existe. El libre flujo informativo forma parte del catecismo propalado por todo el orbe. Los nuevos desarrollos tecnológicos tornan cada vez más frágil el espectro radioeléctrico. Todavía se realizan emisiones radiales y televisivas dirigidas expresamente hacia algunos países, una vieja práctica heredada de la guerra fría. A eso obedece el interés que tienen las grandes naciones de incluir el tema de las tecnologías en los Tratados de Libre Comercio (TLC).


La aparición de normas, acuerdos y decretos, ordenando encadenarse a las empresas que bridan el servicio de televisión por suscripción, tanto en Venezuela como en Nicaragua y la imposición indiscriminada de cadenas televisivas presidenciales en Venezuela y Ecuador, ha originado protestas al interior y exterior de estos países. Los atrincheramientos y descalificaciones han silenciado y ensombrecido el debate en Nicaragua. La primera reacción de la clase política y de quienes pagan por ver televisión, ha sido condenar al gobierno por la imposición del Acuerdo 009-2010, que manda por igual encadenarse a las televisoras nacionales y locales. Ninguno de estos actores recrimina al gobierno enlazar a los canales nacionales, sus protestas provienen de imponer esta misma disposición a la televisión por suscripción.


La experiencia histórica de los nicaragüenses con las cadenas radiales y televisivas presidenciales ha sido negativa. La tentación de los gobiernos ha sido contar con una legislación permisiva, para recurrir a dichas cadenas cada vez que lo requieran en función de sus intereses políticos, pretextando razones de interés nacional. Las precipitaciones pluviales del año pasado sirvieron como justificación al Presidente Daniel Ortega, para orientar a Telcor, emitiera un acuerdo que le permitiese encadenar a las estaciones de televisión abierta y por suscripción. El gobierno se sentía incómodo debido a la inexistencia de una disposición jurídica que pusiera en pantalla su discurso cada vez que creyese conveniente. La emisión constante de acuerdos y decretos de parte de Telcor, en una materia altamente sensible, ha sido con la intención de soslayar su discusión y aprobación, en el seno de la Asamblea Nacional.


Un avance significativo en relación al espectro radioeléctrico, son las nuevas concepciones que lo consideran como un recurso natural de la humanidad. Se trata de un bien público que debe ser administrado por los gobiernos de la mejor manera, como también por las personas naturales o jurídicas a quienes se les entregan licencias para su explotación. Una de las debilidades de la Ley de Telecomunicaciones y Servicios Postales, radica en no imponer contraprestaciones de interés público o social a sus usufructuarios. En cambio una de sus fortalezas es que a diferencia de algunos países centroamericanos, las frecuencias no son sometidas a licitación. Esta disposición permite que puedan ser solicitadas a título individual y por las organizaciones comunitarias Eso explica la existencia en Nicaragua de pequeñas empresas de televisión por cable y decenas de radioemisoras de 250 Watt de potencia.


¿A qué obedece que las grandes empresas de televisión por suscripción en Nicaragua - tanto las satelitales como por cable - no hayan protestado por la emisión del Acuerdo 009-2010? Su silencio podría obedecer a los excesivos beneficios recibidos hasta la fecha por distintos gobiernos, incluyendo al de Arnoldo Alemán, Enrique Bolaños y Daniel Ortega. Los traspasos de propiedad en muchos casos son cuestionables. La dolarización de las tarifas de Estesa-Claro TV, nunca ha sido sometida a revisión de parte de Telcor. Las onerosas ventajas que gozaron desde el principio, permitió que la televisión por cable y satelital, puedan operar bajo un esquema cuasi monopólico. Las advertencias formuladas al gobierno y miembros de la Asamblea Nacional, por expertos nacionales acerca de lo atrasado que resultaban las disposiciones contenidas la Ley de Telecomunicaciones y Servicios Postales, nunca fueron escuchadas. Entramos con retraso a la dinámica propiciada por el desarrollo tecnológico y lo seguimos estando.


¿Qué mayor prueba de complicidad de parte de Telcor que haberse negado a entregar la forma en que se establecieron las tarifas de las telefónicas? ¿Acaso esta no es una violación explícita a la Ley de Acceso a la Información Pública que establece a Telcor la obligatoriedad de brindar estos datos cuantas veces le sean requeridos? El ente regulador jamás ha actuado en función de los intereses de los usuarios de servicios de televisión por suscripción, ni de la telefonía móvil. La expansión del servicio telefónico hacia los sectores rurales- uno de los grandes pretextos esgrimidos para privatizar los servicios de telecomunicaciones en Nicaragua- no se ha dado ni se dará. Los gobiernos nunca se han interesado en demandar a Claro, el cumplimiento de las bases establecidas para la entrega de la concesión de la telefonía fija. Tampoco han intervenido para frenar su vocación por hacerse de la telefonía fija, móvil, servicios de internet, televisión por cable y satelital. La excesiva permisividad de Telcor afecta a los usuarios.


El otro motivo para que las empresas de televisión por suscripción no reclamen por la emisión del Acuerdo 009-2010, se debe a que para realizar sus trasmisiones, utilizan el espectro radioeléctrico nacional. Estas compañías pagan a Telcor por bajar sus señales, así como cobran por hacerlas llegar a nuestras casas, negocios y oficinas. Lo novedoso de las leyes y acuerdos administrativos emitidos por Venezuela y Nicaragua, consiste en imponer a la televisión por paga, las mismas normas que rigen para las televisoras nacionales. Las medidas gubernamentales son adoptadas en el momento en que leyes supranacionales explosionan, tratando de despejar el camino para que los grandes mastodontes mediáticos operen sin conflictos ni restricciones. A todo gobierno o país corresponde promulgar leyes, acuerdos y decretos, “para atender necesidades urgentes de información de claro y genuino interés público y durante el tiempo estrictamente necesario para trasmitir dicha información”, como prescribe la CIDH.


Como ninguna ley o acuerdo se emite en el vacío, conviene tener en cuenta el contexto a partir del cual estos gobiernos emitieron estas leyes y acuerdos. ¿Obedecen nada más a su vocación autoritaria y a la necesidad de controlar a los medios de comunicación? No comparto el criterio de que la mejor ley es la que no existe. En Estados Unidos y América Latina, se han emitido resoluciones judiciales originadas en las enormes disparidades existentes entre la ciudadanía y los imperios mediáticos. La Suprema Corte en Estados Unidos está convencida que las amenazas contra la libertad de expresión no provienen sólo de poderes públicos, también se deben a los imperios mediáticos. A eso obedeció que sentara jurisprudencia en el Caso Miami Herald Publishing Co. División of Knight Newspaper Inc. Vs. Tornillo (1994). Dos años antes la Corte Suprema de Argentina (7 de julio de 1992), falló de igual manera en el Caso Ekmekdjian c/ Sofovich.


En Nicaragua la situación de las estaciones televisivas es precaria. La mayoría de las licencias están vencidas. A sus dueños resultan preocupantes las fricciones que genera el Presidente Ortega con los medios de comunicación. Todos los poderes tienen vocación omnímoda. Eso implica que disposiciones relativas al uso de las cadenas televisivas presidenciales, deben quedar definidas de forma clara, como recomienda Human Rigths Watch al Presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador. No pueden llamar a los medios a encadenarse por una simple decisión del mandatario. Los dueños de medios electrónicos deben también saber que están obligados a prestar estos servicios en situaciones de emergencia nacional, catástrofes telúricas; cuando surjan brotes epidémicos incontrolables y por razones de guerra. Cualquier otra tipo de interferencia afecta el libre funcionamiento de los medios. En Nicaragua todavía está pendiente el debate. Entre más numeroso sea el grupo de actores invitados, mayor será el consenso alcanzado.


El uso indiscriminado de las cadenas televisivas presidenciales, pueden estar soportadas en un acuerdo, pero carecer del beneplácito ciudadano; esa inmensa mayoría de nicaragüenses que perplejos e indignados, protestan cada vez que el Presidente Ortega encadena a los medios, sacando de las trasmisiones a la televisión por suscripción. Todavía queda tiempo para abrir el debate.