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Sin duda alguna, la narcoactividad es un fenómeno delictivo que afecta considerablemente diversas facetas de la sociedad, pues además de incidir negativamente en la salud pública, también ocasiona una serie de daños colaterales que recaen sobre otros ámbitos no menos importantes para el desarrollo del individuo, v. gr., la seguridad o la integración familiar. En este sentido, es posible afirmar que en nuestro país hay pleno acuerdo en que este tipo de delincuencia ha de ser fuertemente sancionada. Sin embargo, las políticas de persecución penal deben ajustarse necesariamente a los principios que rigen el proceso penal nicaragüense, y que se traducen en toda una serie de garantías que deben ser escrupulosamente aplicadas por los órganos jurisdiccionales.


Pues bien, al margen de los múltiples, injustificados y mal intencionados desatinos judiciales que –en materia de narcoactividad– están documentados en la historia procesal nicaragüense, cuando una garantía del debido proceso es infringida, como por ejemplo, la que establece que la prueba sólo tendrá valor si ha sido obtenida por un medio lícito (art. 16 CPP), entonces el Juez o Magistrado –aunque sea muy a disgusto y pese a toda disposición de carácter administrativo– tendría que declarar la invalidez de la prueba ilícitamente obtenida. En ocasiones, la adopción de este sistema de garantías genera cierta inconformidad y confusión en la ciudadanía y, además, refuerza la visión crítica de quienes se oponen al “garantismo penal” por considerarlo ineficaz; en efecto, ¿cómo explicar al ciudadano que, pese a la existencia de un importante cargamento de droga, el sujeto X no está en prisión porque la prueba obtenida es ilícita? ¿Cómo lograr que las instituciones que persiguen el crimen organizado sientan que sus esfuerzos tienen su recompensa?


En la actualidad, tal y como está configurado el sistema de justicia penal nicaragüense es imposible negar a los imputados, sea por narcotráfico o por cualquier otro delito, las garantías del debido proceso, pues en este ámbito el principio de igualdad alcanza su máxima expresión, tanto en su faceta legislativa como en la esfera judicial. La idea contraria, esto es, la inaplicabilidad de las garantías procesales a la narcoactividad conduciría a crear un Derecho penal de excepción (un Derecho penal del enemigo –Feindstrafrecht en terminología alemana), paralelo al Derecho penal de garantías diseñado para el resto de ciudadanos. ¿Es posible este tratamiento diferenciado? La respuesta ha de ser negativa, al menos en cuanto a las garantías procesales fundamentales (presunción de inocencia, detención con orden judicial, prueba lícita, allanamiento con orden judicial, etc); aunque a mi juicio sería menos discutible –desde el punto de vista constitucional– la propuesta de articular una jurisdicción especial para los casos de narcoactividad.


Hasta aquí me he referido a las consecuencias que se derivan de la adopción de un sistema penal garantista, lo que sin duda alguna está en íntima conexión con la motivación de las decisiones judiciales y, en consecuencia, con la posibilidad de que en el ejercicio de su función los jueces actúen con total independencia, entendida ésta como libertad para interpretar  y aplicar la norma en atención a las características concretas del caso, sin que ello implique que sus decisiones puedan ser arbitrarias o antojadizas. Por el contrario, la independencia judicial debe traducirse en la libertad de criterio en la interpretación de la ley, sin exceder los límites formales y materiales de la norma. En consecuencia, una circular emanada por el máximo tribunal, advirtiendo a los jueces que “independientemente de cualquier tecnicismo legal, cuando la prueba es tan abundante como evidente, debe aplicarse la ley con todo su rigor para impedir que estos delitos queden impunes”, carece de toda aplicación cuando, por ejemplo, la obtención de esos medios de prueba se ha realizado mediante la infracción de normas procesales elementales. De esta forma, pues, la vulneración de una norma procesal de esta naturaleza no tiene el carácter de simple “tecnicismo legal”, aunque para ser sincero aún no me queda claro el significado que el supremo tribunal ha querido atribuir a esta expresión.


Por último, la advertencia de que toda liberación relacionada con la narcoactividad será tenida como “sospechosa” tendrá una importante repercusión en el proceso penal: así, desde la perspectiva del juzgador, será mejor infringir una garantía procesal fundamental que ser “sospechoso” de dar un trato de favor a un narcotraficante.


En definitiva, los órganos involucrados en la persecución del delito, los jueces, magistrados y la sociedad en general, todos deseamos combatir con eficacia el flagelo de la narcoactividad; no obstante, debemos hacerlo tomando como referente inmediato las garantías del debido proceso penal, y así evitar que, pese a la “abundante como evidente prueba”, el esfuerzo de las personas e instituciones fracase debido a la aplicación de un “tecnicismo legal”.   

*Doctor en Derecho Penal, Universidad de Alcalá
Prof. de Derecho Penal (UCA).