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Artículo de contrabando
El contrabando es el ingreso ilegal de mercancía extranjera burlando los controles aduaneros, pero se dice también de lo que es ilícito o se hace a escondidas. Esto es lo que la Corte Suprema de Justicia quiso hacer al introducir el párrafo sobre la violencia mediática en el proyecto de “Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer” presentado a la Asamblea Nacional con la maliciosa y deliberada voluntad de tener a su disposición un arma para la censura de medios. El artículo 35, como han señalado reconocidas defensoras de los derechos de las mujeres, es una copia del artículo 6 de la ley argentina, que ubica la violencia mediática como una “modalidad” en que se manifiesta la violencia contra las mujeres, pero que los inefables magistrados  orteguistas convierten en delito para penalizar a medios y periodistas. Cuando se destapó el aliño, la Corte se retractó pero dejó abierta la puerta a que lo reinstalen los diputados por la vía de cualquier artimaña. La CSJ quiere lavarla la cara a un gobierno misógino y reconocido perseguidor de mujeres, apropiándose de una iniciativa de ley que desde el año pasado introdujo el movimiento María Elena Cuadra. Pretenden con esta maniobra conquistar el voto femenino, como antes hicieron con la Ley de Igualdad. Si verdaderamente estuvieran contra el feminicidio, ya hubieran resuelto la treintena de recursos por inconstitucionalidad por la penalización del aborto terapéutico que es una verdadera política de violencia institucional contra las mujeres.  



Poder simbólico
La violencia mediática es efectivamente una “manifestación” no el origen, de una dominación elemental y profunda, que se conoce como poder simbólico. Según Pierre Bourdieu, es un aspecto de la mayoría de las diversas formas de poder que se despliegan cotidianamente en la vida social y que pocas veces se manifiesta como fuerza física. Es un poder “invisible”, que no es reconocido como tal, sino como algo legítimo y que presupone cierta aquiescencia por parte de quienes están sometidos a él. Por ejemplo, que los hombres dominen a las mujeres, es algo que le parece “normal” a la mayoría de la sociedad, así como que estos se crean superiores. De ahí que los golpes, la violación o los asesinatos sean vistos por las propias mujeres como parte del riesgo y la tragedia “natural” de ser mujer y es la razón por la que los magistrados de la más alta instancia de justicia, no hagan nada contra los tratos crueles, inhumanos o degradantes que representa la eliminación del derecho de las mujeres a salvar la propia vida.  El poder simbólico es “un poder de hacer cosas con palabras”: cuando en un país un jefe de partido acusado de violación queda impune y puede ser presidente, los hombres se sienten con licencia para violar.  Cuando los médicos reciben la prohibición del aborto, entienden que lo que les piden es que dejen morir a las mujeres puesto que  su vida  no vale nada.  La Corte es pues parte del mecanismo de dominación, como lo son la mayoría de las instituciones

Violencia simbólica
La raíz de la violencia simbólica se halla en el hecho de que los dominados se piensen a sí mismos con las categorías de los dominantes. Actúa a través de las mentes y los cuerpos, respondiendo al “orden de las cosas”. El poder simbólico se ejerce y se oculta, por medio del intercambio: a través del regalo y la deuda (personal) se crea una obligación duradera, siendo una forma encubierta de usura y un modo de poseer a otro. El paradigma de esta relación es el matrimonio, por medio del cual y en nombre del amor, se subordina a las mujeres. Pero también se ejerce la violencia simbólica cuando se pretende conseguir el compromiso del electorado pobre por medio del “regalo” de láminas de zinc, el chanchito, la vaca y las gallinas o bien, de repartir carros y buses, entre transportistas, o entregar “bonos” a los maestros como si fueran dádivas personales y no derecho al salario. Se busca así transformar las relaciones de dominación y sumisión, en relaciones afectivas, el poder, en carisma y el reconocimiento de la deuda, en agradecimiento eterno al presidente y su consorte.  Por supuesto que la misma alcanza a medios y periodistas, cuando el gobierno pretende “emplantillar” a hombres y mujeres de prensa por la vía de la publicidad estatal o a través de una “ayuda económica” a cambio de la lealtad política. Este es el tipo de violencia mediática que no parece preocupar a la magistrada Ramos.

Gran servidora pública
Si comprar o chantajear periodistas, acosar y hostigar a los medios no es “violencia mediática” y tampoco el famoso artículo 35 parece encaminado a aplicarse a la nota roja que abunda en los medios oficialistas, que en el caso de la Radio Ya llega a la pornoviolencia, es de suponer entonces que está puesto en el anteproyecto de ley con otros fines: reprimir las críticas contra las arbitrariedades de la primera consorte de la nación, pues si bien está claro que nadie le ha dado jamás un voto para que ejerza ningún cargo público de elección popular, ella actúa como seudomandataria por voluntad del Ciudadano Presidente: ordena y dispone de los fondos públicos, impone absurdas políticas de gobierno, es jefa de facto de la Alcaldía de Managua y gran manager de las pensiones de los jubilados, de los “bonos solidarios”, de las “casas para el pueblo”, etc.  Para todos los efectos prácticos ella es una funcionaria pública y como tal tiene además de la responsabilidad penal, civil y administrativa, responsabilidad política. Está sometida al escrutinio público y obligada a la rendición de cuentas sobre posibles delitos tales como cohecho, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, prevaricato o exacciones ilegales. Por eso se está tipificando como violencia mediática, todo mensaje o imagen que “injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres”, para impedir que los medios independientes expongan sus abusos. Pero además, para que ni los caricaturistas ni yo desnudemos su cinismo y nos burlemos de sus disparates.