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Los integrantes de la supuesta “oposición”, podrán decir lo que quieran pero o se engañan a sí mismos o tratan de engañar a la ciudadanía. En EL NUEVO DIARIO 02-20-11, el doctor Danilo Aguirre explicó bien claro sobre la ilegalidad de la reelección de Ortega. Él criticó el actuar de los partidos políticos que se denominan de oposición, cuando aceptan el proceso ilegal del CSE y están cumpliendo al pie de la letra un calendario electoral “viciado”. “No podemos actuar fingiendo que no tenemos al enemigo de frente”, dijo Aguirre tras agregar que el CSE los está esperando “con los votos contados, ya saben cuántos diputados va a tener uno y cuántos va a tener el otro.”


La democracia contiene requisitos básicos, sin los cuales no puede haber democracia. La legitimidad del gobierno y su autoridad proviene de la participación democrática en sentido estricto.


Según tratadistas del tema electoral, el abstencionismo, en Nicaragua muy popular en el pasado como medida de protesta política contra el régimen de Somoza; “no hay por quien votar”, le quita legitimidad a la elección, porque la no-participación implica la presunción de: 1) la negación del ejercicio de este derecho por intimidación, coacción, amenaza o temor; 2) abstención por impedimento u obstáculo natural o artificial.


Esa ilegitimidad, alegada contra Somoza  por los más prominentes opositores a su régimen una vez que vieron cerradas todas las opciones democráticas y no tuvieron alternativas, fue la que sirvió de base para empezar el proceso de desestabilización y caída del régimen, ante la ciudadanía nacional y la comunidad internacional. Es lo que esta movilizando las masas en los países gobernados por dictaduras.


La abstención le quita legitimidad a la elección mañosa. En Nicaragua hay jurisprudencia sobre el tema.
¿Cómo se mide la legitimidad de un gobierno? Por su base moral, su aplicación de la justicia real y por el respeto a las leyes y los principios constitucionales.


Silogismo que nos lleva a la conclusión de que participar en unas elecciones amañadas, arregladas, sin garantías de justicia real, sin base moral, es legitimar un hecho ilegítimo, a sabiendas. Es hacerse cómplice de la arbitrariedad. Por eso fue, que, quienes no reconocieron la legitimidad de Somoza, porque dijeron que no tenían garantías de honradez, transparencia, honestidad, libertad, electoral, nunca participaron.


Por lo tanto, participar en unas elecciones como están las cosas actualmente en el campo jurídico e institucional corrupto y viciado, no es moral.


Hay diferencia, entre lo legal y lo legítimo.
Aún cuando nuestra Constitución es un mamotreto jurídico, la forma como actualmente hacen y aplican las leyes electorales en Nicaragua es, además de amoral, ilógica e irracional, contra los principios del mismo mamotreto de Constitución. El sistema descarado que usan para violentar las leyes es un insulto a la inteligencia.


Participar en unas elecciones amarradas, excluyentes, viciadas y corrompidas, es legitimar un proceso político, ilegitimo e inmoral.
Son muchos los tratadistas que han tocado el tema del problema de la legitimidad de la autoridad del gobierno.  El poder político en una democracia debe estar justificado. ¿Es suficiente sistema impuesto para aceptar el poder político ilegitimo de aquellos que están supuestos a obedecerlo?


Un poder político basado solamente en la fuerza de hecho, (sistema amañado de hecho), puede ser efectivo, pero no puede ser considerado legítimo.
Hay un principio de San Agustín (De Civitate Dei) que dice: ¿Sin la justicia, qué serían en realidad los reinos, sino bandas de ladrones, y qué son las bandas de ladrones, sino pequeños reinos?
Rousseau recurre al ejemplo del bandido: ¿Si un asaltante me sorprende en el bosque, estaré, no sólo por la fuerza, sino aún pudiendo evitarlo, obligado en conciencia a entregarle mi cartera? Porque al fin de cuentas, una pistola es también un poder (como el de un gobierno arbitrario.) Creo que debo defenderme.


Para Bobbio: “la obediencia se debe solamente al mandato del poder legítimo.” Donde termina la obligación de obedecer las leyes, comienza el derecho de resistencia. En el: “Diccionario electoral” del Instituto Interamericano de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), en ensayo de Francisco Fernández Segado, sobre la “Legitimidad”: “La creencia en la legitimidad, asegura la capacidad del gobierno para hacer cumplir las decisiones. Los gobiernos democráticos requieren de esta creencia.”


Puede hablarse como hace LUHMANN, de una legitimación formal del sistema a través del procedimiento “…una elección no será auténticamente libre, y por ello mismo, “legítima per se” y “a la vez legitimadora” de la autoridad y del sistema, si en ella no se respetan una serie de principios, entre ellos: A) Universalidad e igualdad del sufragio; B) La Igualdad de oportunidades; C) La libertad de elección; D) La tipificación de una serie de conductas (autenticidad y legalidad del procedimiento, la pureza del proceso en su conjunto); E) la existencia de recursos jurídicos garantes de los derechos y libertades ciudadanos, la protección y defensa del derecho de sufragio. Uno de los principios del Estado de Derecho, es la legalidad.”