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El artículo 44 de la nueva Ley de Ejecución, Beneficios y Control Jurisdiccional de la Sanción Penal de Nicaragua (nro. 745), con el epígrafe “Juez Técnico”, establece la medida cautelar de prisión preventiva como regla en un catálogo amplio de delitos cuya pena se clasifique como grave por su naturaleza: violencia doméstica o intrafamiliar, abigeato, secuestro extorsivo y crimen organizado. Asimismo, en los delitos contra la libertad e integridad sexual, lavado de dinero, bienes o activos, delitos relacionados con estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas, terrorismo, cohecho, tráfico de influencias, peculado, malversación de caudales públicos, fraudes, exacciones y robo con violencia o intimidación en las personas y el robo agravado.


Esto quiere decir que las personas acusadas por estos delitos, en el presupuesto de que la pena se clasifique como grave, no tendrán derecho a solicitar una medida cautelar menos coercitiva, como el abandono inmediato del hogar “medida pensada para los casos de violencia doméstica”, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares, la prohibición de salir sin autorización del país, la detención domiciliaria y la presentación periódica ante el tribunal, entre otras (cf. Código Procesal Penal [CPP], art. 167). A criterio del legislador y de los impulsores de la ley, estas medidas dejaron de ser efectivas y útiles.


Los Juzgados de Distrito Penal de Audiencias por ley, estarán en la obligación de imponer la prisión preventiva en estos casos, sin la posibilidad de valorar si existen o no suficientes elementos de convicción para sostener, razonablemente, que el imputado es, con probabilidad, autor del hecho punible, de si existe presunción razonable de que el imputado no se someterá al proceso, que obstaculizará la averiguación de la verdad o si continuará con la actividad delictiva (cf. CPP, art. 173).


Bastará con que el Ministerio Público cite o lea el artículo 44 de la nueva ley de ejecución, para que en la sala de audiencia se escuche: “Y la decisión es… ¡prisión preventiva!”.


En términos prácticos e institucionales, la población de privados de libertad aumentará considerablemente, a corto plazo, en la Policía Nacional y en el Sistema Penitenciario Nacional. Para confirmar esto, solo hay que consultar la cantidad de causas  penales tramitadas en los juzgados de distrito penal a nivel nacional por robo con violencia o intimidación en las personas.
Un fenómeno criminológico que responde a situaciones que trascienden el proceso penal, y que está vinculado con el tema de la educación, acceso a oportunidades y otros derechos sociales establecidos en la Constitución Política, y cuya realización depende del concurso de todos los sectores de la sociedad.


¿El artículo 44 de esta nueva ley es inconstitucional? Antes de contestar hay que considerar:
T    Que el artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de las Naciones Unidas (adoptado y abierto a firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en la resolución 2200 A [XXI] del 16 de diciembre de 1966), establece de forma categórica que: “La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general”.
T    Que el artículo 46 de la Constitución Política dispone que: “En el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto, promoción y protección de los derechos humanos y de la plena vigencia de los derechos consignados en (…) el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas”.


Ya se sabe que los derechos y garantías no son absolutos y que deben ser interpretados en el contexto del sistema jurídico integral de la Nación, y, sobre todo, en el contexto de la realidad social, cultural y económica del país, y de la situación criminológica global.


Las ideas del honorable magistrado Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Marvin Aguilar García, sobre la prisión preventiva, esclarecen mucho este debate: “La prisión provisional deja de ser una pena anticipada, una regla obligatoria consecuencia del procedimiento penal, para transformarse en cumplimiento del artículo constitucional de inocencia” (cf. texto titulado “Lineamientos generales del nuevo Código Procesal Penal de la República de Nicaragua”, publicado en el Código Procesal Penal, edición de 2002, p. 199).

*Profesor de Derecho Procesal Penal
Universidad Evangélica Nicaragüense
 “Martin Luther King Jr.” (UENIC)
ccerdag05@gmail.com