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La muerte del excombatiente  José Gabriel Garmendia, conocido como Yajob captó la atención de los medios y mientras el ejército ha insistido en descalificarlo asegurando que tenía cuentas pendientes con la justicia, un segmento opositor sostiene que fue ejecutado por operaciones de inteligencia militar. Lo único que se sabe con certeza es que está muerto y que al Yajob declararse alzado en armas contra el gobierno de Daniel Ortega, el ejército estaba en la obligación de actuar.


La Corte Penal Internacional nace en virtud del Estatuto de Roma de 1998 y entró en vigor a partir de 2002. La CPI tiene competencia para determinar responsabilidad individual en las personas que comentan crímenes internacionales en el territorio de un Estado parte o en perjuicio de los nacionales de este, con independencia de la nacionalidad del autor. Dentro de los crímenes internacionales competencia de la CPI encontramos el genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
En el caso de los crímenes de lesa humanidad puedo señalar el asesinato, la tortura, encarcelación, persecución (impedir el ejercicio de derechos fundamentales a un grupo con identidad propia) entre otros. Para la configuración de los crímenes de lesa humanidad no se necesita la existencia de un conflicto armado sino que sean actos generalizados y sistemáticos, lo que implica la existencia de una política de Estado en perjuicio de un segmente de población civil, donde caben los militantes de partidos políticos opositores.


La competencia de la CPI es complementaria, es decir, los Estados partes tienen la obligación de ejercer su jurisdicción penal en los crímenes internacionales cometidos en su territorio (principio de primacía). En el supuesto de que el Estado no quiera (puede renunciar) o no pueda ejercer su jurisdicción penal por el colapso total o sustancial (parcialidad) de su administración de justicia, la CPI conocerá del caso y determinará las responsabilidades correspondientes.


Nicaragua no ha suscrito el Estatuto de Roma y de hacerlo entraría en vigor el primer día del mes siguiente, al sexagésimo día a partir de la fecha del depósito, consecuentemente no hay retroactividad de su aplicación. Es justo reconocer que en la reforma penal del 2008 en Nicaragua se tipificaron estos crímenes internacionales, pero ¿Tenemos un Poder Judicial capaz de juzgar estos delitos?


Se dice que el Ejército de Nicaragua es una de las instituciones con mayor credibilidad en el país a pesar de que recientemente han exhibido su armamento como si fuera un parque de diversiones para niños; la aceptación complaciente de un decreto presidencial que modifica el tiempo de servicio en contravención a los dispuesto en su ley orgánica; a sus prerrogativas en las contrataciones que realiza con fondos provenientes de nuestros impuestos; y la falta de conocimiento público y detallado sobre la totalidad del emporio económico propiedad de su sistema de previsión social.


Si a esto se le suma el hecho de que dicho segmento opositor recordó que en circunstancias similares murieron los excombatientes 380, Northiel, el Charro, el Indomable y Salta Monte entre otros. Resulta más que pertinente que la Asamblea Nacional inicie una investigación como se ha anunciado, ya que si Yajob tenía motivaciones políticas o evadía la justicia debía ser puesto a la disposición de las autoridades respectivas, asesinarlo implicaría una ejecución extrajudicial o sumaria que es una grave violación a los derechos humanos y debe esclarecerse.


Si bien es cierto, la ratificación del Estatuto de Roma y consecuente reconocimiento de la competencia de la CPI no ayudaría en nada al caso concreto, si sería una garantía de no repetición a favor de los nicaragüenses o al menos que no quedará impune si nuestro Poder Judicial no es capaz de hacer justicia. De igual manera, hay que tener presente que estamos en un año electoral y no se puede descartar la persecución a opositores políticos y/o conformación de grupos paramilitares que se sientan con derecho de agredir manifestaciones opositoras (política de Estado), situación tendiente a agravarse si Ortega es declarado “ganador” por el Consejo Supremo Electoral. La violencia política y el totalitarismo pueden derivar en la configuración de crímenes de lesa humanidad y en nuestro país gracias al pacto hay un colapso sustancial de la administración de justicia, quien simplemente no está en la capacidad de hacer algo.


En Nicaragua sucede de todo y al mismo tiempo, no pasa nada. Considero que es hora que las cosas cambien y si el Presidente Daniel Ortega quiere adquirir un verdadero compromiso con la paz y la justicia debe suscribir el Estatuto de Roma para reconocer la competencia de la CPI.

*Miembro de la juventud Partido Conservador