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Presenciamos tanta desfachatez en el actuar de ciertos altos funcionarios de los Poderes del Estado, que bien cabe la pregunta de si estamos siendo gobernados por el cinismo. Pocas veces en nuestra desventurada historia se había visto un actuar tan desvergonzado. Se ha llegado a un nivel de postración moral y ética increíble. Pareciera que ya no hay límites para las ambiciones de poder o riqueza.


A raíz de los bien documentados y valientes reportajes publicados por “El Nuevo Diario” sobre la corrupción en el Consejo Supremo Electoral, lo menos que la ciudadanía podía esperar era que de inmediato reaccionaran, como correspondía, los organismos del Estado encargados del control de la Administración Pública y de la fiscalización de los bienes y recursos del Estado, es decir, la Contraloría General de la República, lo mismo que la Fiscalía General de la República y la Procuraduría General de la República. Pero ninguno de estos organismos ha reaccionado como es su obligación.


Los reportajes de “EL NUEVO DIARIO” destaparon uno de los casos más escandalosos en materia de defraudación y malversación de los caudales públicos. El ocurrido en el Consejo Supremo Electoral entre los años 2004 y 2008, hasta por un monto de C$407 millones de córdobas (20 millones de dólares), es increíble.


El Presidente de la Contraloría General de la República y el director general de Auditorías de esta misma entidad, reconocieron que los funcionarios del Consejo Supremo Electoral engañaron a la Contraloría soportando gastos con facturas falsas y compras ficticias a empresas y proveedores inexistentes. También fueron engañados los auditores del Ministerio de Hacienda en los Informes de Ejecución Presupuestaria que les presentó el CSE.


Lo indicado, en este caso, era ordenar de inmediato una auditoría especial para deslindar responsabilidades. Esta fue la opinión del Presidente de la Contraloría, pero no fue acogida por sus colegas: dos contralores orteguistas y dos liberales, (¡y después dicen que el pacto Ortega-Alemán ya no existe!), todos ellos funcionarios de facto, que decidieron no practicar una nueva auditoría al CSE y, por lo tanto, dar por buenas las auditorías anteriores, pese al engaño perpetrado, y a que en el Informe de Auditoría Interna de 2008 ya se habían detectado las técnicas para “limpiar” los “anticipos a justificar”, que alcanzaron un 33% del presupuesto de ese año del CSE.


En esas auditorías, fruto del engaño, se refugia ahora el CSE. De esta manera, la Contraloría General de la República se convierte en cómplice de los delitos cometidos y su credibilidad queda por los suelos. Cabe recordar que el Art. 154 de la Constitución establece que la Contraloría “deberá hacer públicos los resultados de sus investigaciones y cuando de los mismos se presumiera responsabilidades penales, deberá enviar su investigación a los tribunales de justicia, bajo apercibimiento de encubridor, si no lo hiciera, de los delitos que posteriormente se determinara cometieron los investigados”.


¡Y pensar que, precisamente, este Consejo Supremo Electoral de facto, donde se produjo tan escandaloso robo de caudales públicos, y que es también responsable del fraude electoral mejor documentado de nuestra historia, el de las elecciones municipales de 2008, es el mismo que está al frente del presente proceso electoral!  ¿Qué credibilidad pueden tener estos señores? ¿Qué garantía representan para que las próximas elecciones sean justas y transparentes?
La respuesta es obvia. Ninguna. Entonces, corresponde iniciar un amplio movimiento de opinión pública exigiendo el retiro inmediato de estos usurpadores y que la Asamblea Nacional proceda, cuanto antes, a elegir un nuevo Consejo Supremo Electoral integrado por profesionales honestos y de intachable trayectoria, que garanticen que el voto de los nicaragüenses será respetado y bien contado al momento de elegir a nuestros próximos gobernantes.


Mientras tanto, la Asamblea Nacional debería convocar al Presidente del CSE, como responsable principal de la administración de dicho Consejo, para que responda por las graves acusaciones. De negarse a concurrir, la Asamblea Nacional estaría obligada a nombrar una Comisión que investigue lo ocurrido en el Consejo Supremo Electoral.