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Todos los ciudadanos tenemos la concepción de que un Estado como superestructura tiene como finalidad la de administrarnos y dirigir los designios nacionales hacia el mejoramiento social, aplicando y respetando el sistema jurídico para la sana convivencia de todos. Ese respeto significa que los poderes del Estado son independientes entre sí, habiendo entre ellos una coordinación armónica, subordinándose únicamente a los intereses del país y a la Constitución Política. Así debería ser.


Ninguno de los poderes del Estado debe inmiscuirse en los asuntos de los otros poderes, ya que cada uno tiene sus funciones y atribuciones que la ley les ha concedido. Es decir que cada uno tiene su ámbito de trabajo, por supuesto con el objetivo de nación. Cada Poder debe actuar dentro del sistema normativo propio. La división de Poderes del Estado permite que haya un balance, un sistema de contrapoderes, para evitar abusos de autoridad y se atiendan lo problemas generales de manera equitativa. También forman parte del Estado otros Órganos Públicos que tienen una relevante importancia para la armonía jurídica y social; los cuales tienen sus funciones y atribuciones especiales, su visión y misión determinada. En su actuar contribuyen a la estabilidad general, siempre y cuando sean pertinentes y dentro del Derecho.


El Poder Legislativo es esencialmente un foro político y en ese aspecto el interés general podría ser desnaturalizado frente a una intención individualizada de un sector o grupo político. Las leyes que se aprueban en la Asamblea Nacional implican un ejercicio democrático y participativo, pero las mismas no necesariamente podrían ser justas o verdaderamente democráticas, cuando en su esencia conllevan transgresiones al interés general. Es una cuestión delicada y los diputados que la integran deben trabajar de forma equilibrada para la armonía nacional. Cuestión difícil de mantener porque lamentablemente, algunos o muchos actúan motivados por intereses personales en detrimento de la mayoría de ciudadanos.


El sesgo político prima por el bienestar común en muchos aspectos de la vida nacional. El control mayoritario del Poder Legislativo es uno de los objetivos de todo partido de gobierno puesto que de esa manera se garantizan la aprobación de leyes tendientes a la filosofía política gobernante, la cual puede ser socialmente dirigida a los sectores mas vulnerables lo cual es bueno, pero a su vez podría implicar la implementación de un sistema de gobierno perjudicial en el contexto nacional e internacional.


Solo imaginémonos lo que sucedería en Nicaragua si el actual régimen obtuviere el control mayoritario de la asamblea nacional en las próximas elecciones generales, dando por un hecho que el actual Presidente de la República continuará como tal. En ese escenario la aprobación de leyes sería para instalar un modelo jurídico-social anacrónico, ya que el sistema que idolatra el partido de gobierno ha colapsado en aquellos regímenes ortodoxos que se niegan a reconocer las transformaciones hacia una política abierta, de centro, sin perder su esencia hacia los pobres. Si nuestro sistema jurídico es violentado según la conveniencia del gobierno, ya contando con leyes a su medida, el futuro del Estado Social de Derecho, tendría una concepción política excluyente de quienes no comulgan con ella.


El actual gobierno quiere tener un marco jurídico que le permitiera ejercer actos que ahora no puede porque el sistema normativo se lo impide y para realizarlo debe negociar con sus opositores, quienes en muchas ocasiones aceptan y le complacen en situaciones que no necesariamente podrían beneficiar a todos los nicaragüenses.


El titular del Poder Ejecutivo tiene la atribución de emitir decretos en materia administrativa, no pudiendo legislar en otras áreas, tales como la tributaria o fiscal, o de cualquier otra naturaleza, lo que significa un freno jurídico para que atienda algunas situaciones coyunturales que pueden tener relevancia nacional. Siendo así, es posible que de integrarse la Asamblea Nacional en el año 2012 con mayoría de diputados de pensamiento progubernamental, dando por hecho de que el actual sistema de gobierno continúe por otro período, se le dé prioridad al hecho mismo de efectuar reformas a la Constitución Política para adecuarla a la forma de gobierno del Presidente de la República, quien ha sido un ejemplo de centralismo administrativo en todos los niveles del Estado (El Ejecutivo pleno, el Legislativo relativamente, los Municipios, Consejo Supremo Electoral, Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Contraloría General de la República), para reivindicarle atribuciones que perdió en la reforma constitucional del año 1995, tales como la de “dictar decretos ejecutivos con fuerza de ley en materia de carácter fiscal” y la atribución de “delegación de facultades legislativas al Presidente de la República durante el período de receso de la Asamblea Nacional”. De reivindicarle al gobernante  esas facultades, su poder será pleno y sin restricción. Contando con mayoría legislativa, el Derecho creado a partir de ese instante sería parte de la concepción filosófica del Estado de Derecho, pero no necesariamente justo y compartido por toda la sociedad nicaragüense, a menos que el proceso electoral general venidero sea plenamente transparente, no fraudulento, y que sea avalado por la observación nacional e internacional idónea.


Es decepcionante que nuestro sistema en su integralidad esté siendo objeto de la contaminación político partidaria del gobierno. Desde la perspectiva jurídica la actual administración públicamente desafía la ley y muchas disposiciones no son más que normas sin respeto por la institucionalidad estatal. Como ejemplo tenemos la constante violación a la Constitución Política y a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. Nuestro Derecho se moldea al interés político partidario en los casos de esa naturaleza. La transformación del Derecho debe ser para fortalecerlo y adecuarlo a las circunstancias en beneficio del pueblo y no para su propia desnaturalización. Nadie debe estar por encima de la ley y de ser así para nada han servido tantos años de evolución humana. No es una persona o grupos de personas, quienes tienen en sus pensamientos la verdad absoluta sobre la conveniencia de toda la sociedad. Debería de haber en nuestros políticos una visión de Nación, de lo contrario seguiremos empantanados en períodos de gobiernos alternos que obstruyen nuestro desarrollo integral.

Abogado y Notario
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