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En el sector independiente, es decir, de ciudadanos y ciudadanas que no pertenecen ni se identifican con ningún partido político, y que desde el punto de vista electoral representa más de la mitad de los posibles votantes en las próximas elecciones presidenciales, suele plantearse, y con justa razón, la pregunta de si vale o no la pena participar en la contienda electoral.

El cuestionamiento surge ante las dudas que tiene la ciudadanía sobre la legitimidad de las elecciones previstas para el 6 de noviembre próximo, dadas las circunstancias que lo rodean. En efecto, existe un criterio generalizado, con muy buen fundamento jurídico, acerca de la inconstitucionalidad e ilegitimidad de la candidatura presidencial del actual presidente Daniel Ortega, dado el doble candado que el Artículo 147 de la Constitución Política de la República le impone a sus aspiraciones continuistas. Además, el proceso electoral ha sido convocado, y está siendo administrado, por un Consejo Supremo Electoral de facto, ya que a todos los magistrados propietarios y suplentes que lo integran se les venció el período para el que fueron electos. Actualmente se encuentran usurpando sus cargos. La ciudadanía está bien clara que sus períodos no podían ser extendidos por un simple decreto presidencial, desde luego que el Presidente de la República solo está facultado por la Constitución a dictar decretos de carácter administrativos, que no pueden alterar los períodos establecidos por la Constitución. Tampoco a la ciudadanía le convenció la “resurrección”, que intentó el presidente de la Asamblea Nacional, de la fracción segunda del Art. 201 de la Constitución de 1987, por cuanto dicho artículo tuvo un carácter transitorio y perdió su vigencia.

Ante esta situación, muchos se preguntan si participar en el proceso electoral significa legitimar la candidatura inconstitucional de Ortega y aceptar la usurpación de funciones en que están incurriendo los magistrados de facto del Consejo Supremo Electoral. Ante el temor de que la respuesta sea positiva, hay quienes sostienen que lo único que cabe hacer es denunciar la ilegitimidad del proceso y abstenerse de participar en él, dejando solos a Ortega y a los que se presten a legitimar sus ambiciones continuistas.

Nuestra opinión es que, ante semejante panorama, la peor decisión que podemos tomar es abstenernos. Adoptar el camino de la abstención electoral sería trágico para la democracia en nuestro país. Abstenerse es dejar a Ortega el campo libre y facilitarle el logro de su propósito continuista. Abstenerse es abdicar de nuestra condición de ciudadanos responsables, críticos y comprometidos con nuestra nación. Con abstenernos no ganamos nada y lo perdemos todo, porque a Ortega no le importa la abstención. El va a seguir adelante con su proceso electoral.

La decisión correcta que el momento y el patriotismo nos imponen, pese a que tenemos plena conciencia de las condiciones adversas en que vamos a participar y de la ilegitimidad que estigmatiza al actual proceso electoral, es asumir resueltamente nuestra condición de ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses y disponernos a hacer de nuestro voto la mejor arma cívica con lo que podemos derrotar al orteguismo; proponernos transformar el voto en el ariete que nos permita derribar los obstáculos, siempre que concurramos unidos, porque la división favorece a Ortega, en apoyo de una fórmula presidencial decente, auténticamente democrática y no pactista, y un programa de gobierno convincente. Este es el camino a seguir para que triunfe la voluntad soberana del pueblo nicaragüense.

Esto implica también que nos interesemos por el proceso de cedulación, por la actualización del padrón, por la observación electoral, por la capacitación de los fiscales y que nos hagamos presentes, en forma masiva, el día de las elecciones y nos transformemos, todos y todas, en observadores del proceso, dispuestos a defender nuestro voto a como de lugar, regresando a la Junta Receptora de Votos, donde lo hayamos depositado, para constatar si la copia del Acta de escrutinio, que la Junta está obligada por ley a fijar en la parte externa del local, realmente se corresponde o no a lo que percibimos que fue la votación mayoritaria en esa Junta.

En fin, en lugar de darnos por derrotados de antemano, ni dejar de participar bajo la excusa de la ilegitimidad del proceso, vayamos a él bajo protesta, pero dispuestos a sepultar las ambiciones de Ortega con una montaña de votos. Si la alternativa democrática le saca a Ortega una ventaja superior al 15%, no habrá manera alguna, aun con el CSE de facto, de perpetrar el fraude electoral.