•  |
  •  |

En este mes de marzo, organizaciones de mujeres  y feministas de Nicaragua, conmemoramos los 101 años del reconocimiento del 8 de marzo, como Día Internacional de las Mujeres. Fecha representativa en la cual más que celebrar, demandamos el cumplimiento de nuestros derechos a una vida libre de violencia y gozar en plenitud de protección y garantía de nuestros derechos humanos.

Asimismo, en Nicaragua, celebramos los 20 años del “festival de las 52%” que significó la primera vez que varias organizaciones de mujeres se unieron sin distinción política, religiosa y social para dar un grito de autonomía y elaborar la primera agenda de derechos humanos de las mujeres apuntando más a los intereses estratégicos en transformar las relaciones de poder masculino sobre las mujeres, niñas o adolescentes; para erradicar la subordinación y las múltiples opresiones que se instalan en la diversidad étnica, sexual, por el hecho de  ser mujer. Cuestionamos el orden patriarcal que impera no sólo en la familia, sino también en los gobiernos, en el Estado y se recrudece en ideas religiosa retrógradas y en la política educativa  que se reproduce la violencia y discriminación.

Hoy, jóvenes y chavalas que en ese entonces estábamos pequeñas o no habíamos nacido,  hemos visto y nos hemos venido uniendo desde nuestra diversidad, al esfuerzo y la lucha de muchas mujeres nicaragüenses para que se respeten y hagan valer nuestros derechos como ciudadanía.

Esta lucha se desarrolla a nivel nacional y local. Desde los diversos territorios del país, estamos participando de la campaña “Todas juntas, todas libres” que expresa nuestra unidad para luchar contra la violencia, la discriminación, el VIH, el desempleo, la ignorancia, la impunidad, el turismo sexual, embarazos no deseados,  muertes maternas y machismo y dictaduras patriarcal.

Defendemos nuestra libertad para “decidir, elegir, ser electas, caminar libremente, reír, estudiar, trabajar, crear, producir, opinar libremente, celebrar, soñar, escoger, vivir en igualdad, manifestarnos y exigir nuestros derechos.”

Como mujeres organizadas y concientes de la necesidad de desconstruir el sistema sociocultural que agrede, discrimina y excluye a las mujeres, hemos planteado acciones de sensibilización dirigidos a la población nicaragüense para alertar y poner un alto ante el aumento de cifras de mujeres en situaciones de violencia, el femicidio y el abuso sexual en niñas y adolescentes.

Sin embargo, en nuestra búsqueda por la defensa de la igualdad de género para establecer relaciones justas y equitativas entre mujeres y hombres, hemos encontrado dificultades en el acceso a la prevención y sensibilización de la violencia contra las mujeres.

Encontramos obstáculos en la divulgación de los mismos, debido a que las municipalidades del departamento de Madriz solicitan un pago económico por la ubicación de mantas en calles principales o entradas de los municipios o comunidades, como si se trataran de mensajes publicitarios o con fines mercantiles. No así en la capital, donde hay mayor acceso a la difusión de mensajes preventivos sin costo alguno.

Nos han negado hacer uso de la casa de cultura del municipio de Somoto (alegando que está siempre ocupada) para realizar un concierto de sensibilización con cantantes nacionales donde queremos por medio del entretenimiento hacer el llamado a la denuncia de violencia.

En el departamento de Madriz, en las comunidades más alejadas, cada día salen a luz pública casos de niñas, adolescentes y mujeres en situaciones de abuso sexual, embarazos productos de violación y violencia, cuyos autores son principalmente personas conocidas. El año pasado, brindamos protección a 174 mujeres a través del albergue para mujeres víctimas de violencia en el municipio de Somoto.

En el año 2010, la Comisaría de la Mujer y la Niñez reportó 555 casos de violencia intrafamiliar y sexual en el departamento de Madriz. Por nuestra parte, hemos hecho esfuerzos para difundir mensajes preventivos y hacer el llamado para que las mujeres interpongan la denuncia y rompan el silencio.

Esto es preocupante, porque las municipalidades deberían  asumir estos temas como una responsabilidad social y unirse a la causa de la prevención de la violencia para garantizar los derechos de las mujeres como ciudadanas con derecho a vivir sin violencia  y embarazos de niñas  producto de violaciones, somos personas importantes en el desarrollo de la comunidad y en el país.

El artículo 22 de la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades establece que “Los Poderes del Estado, sus órganos de administración a nivel nacional, los Gobiernos de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica, las municipalidades y las instituciones de creación constitucional, deben crear políticas que permitan la igualdad real entre mujeres y hombres para lograr el acceso en todos los ámbitos sociales tales como educación, salud, justicia, trabajo, información y medio ambiente y alcanzar mejores niveles de desarrollo humano".

Nosotras queremos trabajar en alianzas y articulaciones con las instancias locales, queremos que nuestras demandas sean escuchadas como parte de nuestros derechos constitucionales, de participación ciudadana y de Estado de derecho.

Hacemos el llamado a las municipalidades a ser comprometidos con  la  eliminación de conductas violentas y agresivas hacia las mujeres, que sean más accesibles con las organizaciones de mujeres y a facilitar los medios que se requieran para sensibilizar ante esta temática que fue declarada como una problemática de salud pública que nos compete y responsabiliza como sociedad.

Somos la mayoría, somos más del 52% de la población, tenemos derecho a que nuestras voces sean reconocidas y tomadas en cuenta.

*Coordinadora y Comunicadora
Colectivo de mujeres ITZA
itza@turbonett.com.ni