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No ocurrió nada distinto a lo que Ortega decidió que no debía dejar de ocurrir: su demostración de fuerza movilizada con los mecanismos del poder que baña de “multitudes” su ilegalidad, y su dominio sobre una fuerza policial actuando vergonzantemente imparcial y vergonzosamente protectora del orteguismo.

No valen cálculos numéricos ni los comentarios acerca de cuántas personas asistieron a la marcha oficialista en pro de la reelección ilegal de Ortega, y a la marcha contra la violación constitucional que implica tal reelección. Vale sí, valorarlas según el objetivo antidemocrático de la marcha oficialista, y el objetivo patriótico de la marcha opuesta a la ilegal reelección.  No caben los números, sino la observación de las diferencias éticas de ambos actos. Necesario hacerlo así, porque en las condiciones en las cuales se desarrollaron las marchas prevalecieron los mecanismos coercitivos con toda la fuerza del poder, con los cuales condicionaron ambas marchas.

Es ya tradicional que la participación en los actos oficialistas de gran parte de las personas es bajo presiones en las instituciones del Estado. Y esta vez han rebasado la tradición de los métodos coercitivos que lesionan la dignidad humana de los empleados públicos, haciéndola extensiva su manipulación de la juventud.

En cambio, las personas que participan en actos públicos de protesta y rechazo a las políticas del poder –ahora frente al poder del orteguismo autoritario pro reelección ilegítima—, sólo las condiciona su propia conciencia. Y lo puede hacer en dos sentidos: en uno, para tener y demostrar el sentido de responsabilidad cívica que se requiere para erguirse por sobre cualquier chantaje. En otro, para poder calibrar los hechos y elementos políticos, y encontrar la suficiente razón que motive su participación en contra de la imposición oficialista, sin temer a las consecuencias.

Para valorar la actitud de las personas determinadas por su conciencia, comencemos por observar que apenas anunciaron la marcha en defensa de la Constitución –que equivale para un ciudadano honrado rechazar la candidatura ilegal de Daniel Ortega—, a los grupos juveniles manejados bajo el nombre de “juventud sandinista”, el gobierno les organizó una  contramarcha para el mismo día y con similar recorrido. Esto sucedió después de que las organizaciones civiles le habían comunicado de su marcha a la Policía, la cual no tuvo el respeto debido a los ciudadanos de  anunciarles en su momento lo de la contramarcha orteguista. Y no lo hicieron, sencillamente, porque nunca existió, sino hasta cuando recibieron la señal de Ortega. Por eso, tuvieron que salir con su cuento de la previa autorización de la marcha orteguista.

El objetivo no se lo van ocultar a nadie. Fue un anuncio intimidatorio –o pretendió serlo—,  porque sólo el nombre –“juventud sandinista”— lo han hecho sinónimo de agresividad y violencia. Y porque se hizo evidente la complicidad de la Policía, cuyos jefes no se ruborizaron al mentir sobre una solicitud, supuestamente anterior a la de las organizaciones civiles.

Decir que ese fue un acto irresponsable de la Policía, se asemejaría a una absolución, pues cuando se habla de un acto irresponsable puede dar lugar a creer que se trata de algo irreflexivo. Y no es así; fue un acto premeditado dentro de la estrategia orteguista de no permitir la libertad de movilización sin que, al menos, deba pagarse un costo, aunque sólo sea de temor. El cual, por cierto, muchos no estuvieron dispuestos a pagar, y marcharon pese a todos los obstáculos interpuestos por la Policía.

En cuanto a las diferencias éticas presentadas por una y otra marcha –la oficialista contra la Constitución, y la cívica en su defensa—, no hay que hacer mucho esfuerzo que hacer notar que:

T    La mayor parte de los marchantes orteguistas se compuso de jóvenes sin oficio, o de quienes estudian y defienden su beca con su participación en cualquier acto político, adonde los manden. Muchos hijos de papás funcionarios.

T    Mujeres y hombres adultos obligados a participar, como la única garantía que tienen para conservar su empleo, dado que seguridad laboral no existe para nadie en el aparato estatal orteguista.

T    El resto, lo formaron los activistas profesionales del orteguismo, cuyo único “trabajo” en las instituciones es encargarse del control político de los empleados para convertirlos en sus marchantes. Lo hacen, porque, convencidos como están que muchos no irían por su voluntad, deben certificar su asistencia. Estos agentes son casi fantasmas y ganan buenos salarios, más las prebendas.

T    Tampoco faltan los de las cúpulas de las instituciones: ministros y otros funcionarios –o sus parientes—, los cuales no son menos activos como agitadores, porque son beneficiarios de la corrupción estatal.

T    No hay medio de transporte, ni recursos económicos ni la propaganda de las instituciones del Estado que no esté a la orden de los agitadores del orteguismo.  Aparte de las consecuencias físicas de estos abusos, hay consecuencias morales que repercute al interior de las familias cuando uno o varios de sus miembros trabajan en el Estado.

T    Si una familia es contraria a la violación constitucional que hace Ortega con su pretendida reelección, debe pasar la pena de saber que su familiar anda en las calles a favor de la reelección, que es igual a decir, en contra del orden constitucional, sin desearlo. Igual pena debe sentir el familiar y empleado público ante el resto de su familia. Podría haber familias que se privan de protestar contra la reelección, para no perjudicar a su pariente. Por eso, algunos dicen que “la política divide a la familia”, siendo los abusadores del poder político quienes la dividen.

Las diferencias entre las dos marchas y entre quienes participaron en ellas, también son esenciales.  Comienza –como ya lo dijimos— con la forma y el motivo por el cual participan. Al margen de las consignas seudo pacifistas del sábado, no pudieron ocultar que no son ciudadanos pacíficos, pues son los mismos violentos tira-piedras y disparadores de morteros. Y en esta ocasión, fueron obligados a dejar en casa las camisetas pintarrajeadas con las abundantes consignas y colores, similares a cualquiera de los rótulos de Ortega, y a disfrazarse de blanco pacifista. Los morteros, fueron guardados para otras ocasiones, pues no van con la imagen de “paz y amor a la vida”. No cupieron en el ensayo de la doble moral, pues su apoyo a la violación constitucional, no la ponen en duda.

Pero, no por haber guardado las camisetas, ni por haber variado su uniformidad en su estilo de vestir, los orteguistas perdieron la uniformidad de su conducta: verborrea sin creatividad y mucho borreguismo, y todo lo hacer girar en torno al culto a la personalidad del candidato ilegal. No hay sentido de patria ni política de progreso ni de tolerancia, debajo de las camisetas blancas. Todo lo tienen limitado a la estrechez del objetivo de Ortega: ser candidato por su voluntad de imponerse por los medios fraudulentos que sean.

Cero puntos moral y ético para los marchantes del orteguismo, a los cuales, la Policía ya demostró haberse sumado.

* Marchante (por asociación política): mercader, comerciante, negociante, traficante.