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Pese a todas las dificultades que puso la Policía en Managua para el acceso al punto de reunión, y a los obstáculos que debieron superar para llegar a la capital quienes provenían de los departamentos, miles de ciudadanos y ciudadanas se hicieron presentes el sábado pasado en la marcha convocada por la Unión Ciudadana por la Democracia (UCD).

La Policía puso tantas dificultades, aún para el acceso peatonal a la rotonda de la Centroamérica que centenares, o quizás miles, de personas dispuestas a concurrir, no pudieron llegar hasta las inmediaciones del Colegio Teresiano, punto de reunión alternativo ante la toma de la “Plaza del Fraude” por la Juventud Sandinista, con la complacencia o indiferencia de la Policía, no obstante que ese era el punto de partida de la “Marcha Azul y Blanco” convocada por la sociedad civil, tal como se informó, oportunamente, a la Policía.

En los departamentos, centenares de personas ni siquiera pudieron salir hacia Managua, por las amenazas a los propietarios de buses. En algunos lugares se resignaron con hacer su demostración en su propia ciudad, como fue el caso de Altagracia, en la isla de Ometepe.

En fin, el partido de gobierno, desde el poder y con todos los recursos del Estado e instrumentalizando a la Policía, trató que la marcha de la sociedad civil no se llevara a cabo. Además, desplegó una estrategia de intimidación, creyendo que la ciudadanía se dejaría amedrentar.

Pero de nada le valió su estrategia ni su decisión de montar una contramarcha, disfrazada de “festival por la paz”, manipulando a escolares y jóvenes de los barrios de la capital, obligando a los empleados públicos a participar, y trayendo miles de jóvenes en centenares de autobuses, que no tuvieron ninguna dificultad para llegar a Managua, pues más bien su tránsito era facilitado por la Policía. Todo lo contrario de lo que sucedió con los buses contratados por la sociedad civil.

Si analizamos el resultado final de las demostraciones del sábado pasado, no cabe duda de que la sociedad civil se apuntó un gran éxito por la valiente presencia de miles de ciudadanos y ciudadanas, que sin colores ni consignas partidarias y venciendo todos los obstáculos, dijeron sí a la democracia y no a la reelección inconstitucional del presidente Ortega.

La Policía, siguiendo las instrucciones de Ortega, bloqueó con policías y antimotines el paso de la marcha cívica y pacífica de la sociedad civil, violentándole su derecho a manifestarse públicamente, derecho garantizado por los artículos 53 y 54 de la Constitución Política, llegando incluso a golpear y maltratar a ciudadanos y ciudadanas que trataron de romper el cerco policial que les impedía ejercer su derecho a manifestarse y llegar al punto de partida de la marcha, previamente informado a los altos mandos de la Policía.

La contramarcha orteguista no cumplió con la ruta que había señalado a la Policía, pues partiendo de la rotonda del periodista debía concluir en la rotonda de Cristo Rey.  El plan, en realidad, era otro y posiblemente la Policía lo sabía: era tomarse, desde la noche anterior, la “Plaza del Fraude”, frente al Hotel Princess, e impedir que de este punto arrancara la “Marcha Azul y Blanco”. Por eso la Policía, desconociendo la información previa que le proporcionó la sociedad civil, en vez de cumplir con su obligación constitucional de garantizar la seguridad de los marchistas de la sociedad civil, bloqueó el paso de los marchistas varias cuadras antes de la “Plaza del Fraude”.

La Primera Comisionada Aminta Granera argumenta, para defender la actuación de la Policía, que la decisión de cerrar el paso a la “Marcha Azul y Blanco”, fue para impedir un enfrentamiento con los orteguistas, aglomerados en la “Plaza del Fraude”. Lo cierto es que los orteguistas de la Juventud Sandinista no tenían por qué estar ocupando dicha plaza, que con anterioridad había sido señalada por la UCD como el punto de arranque de la marcha de la sociedad civil. La Policía debió impedir que se la tomaran los miembros de la Juventud Sandinista. Si así lo hubiera hecho, el bloqueo de la marcha de la sociedad civil no habría ocurrido ni los golpeados y heridos en el forcejeo entre los ciudadanos y los policías, hecho que realmente lamentamos. La responsabilidad de lo ocurrido no es de la sociedad civil.

En esta absurda decisión del Presidente Ortega de ordenar el bloqueo de la marcha ciudadana, quien más perdió fue su gobierno. Las imágenes de la Policía impidiendo el ejercicio de un derecho constitucional le han dado la vuelta al mundo, deteriorando aun más la imagen del gobierno y de la propia Policía.

Managua, abril de  2011.