Jorge Eduardo Arellano
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La participación de los ciudadanos en la vida municipal no es nada nuevo en Nicaragua. Existe todo un régimen legal que norma esa participación y que, hasta el momento, ha dado lugar a experiencias muy valiosas en varios municipios del país.

La participación democrática y pluralista está consagrada en nuestra Constitución Política en sus artículos 2 y 50. El artículo 2 claramente establece que el Estado nicaragüense se organiza como una democracia representativa, en la cual: “El poder político lo ejerce el pueblo, por medio de sus representantes libremente elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto, sin que ninguna otra persona o reunión de personas pueda arrogarse este poder o representación”. Este mismo artículo reconoce también el ejercicio de la soberanía nacional, que reside en el pueblo, de manera directa a través de dos instituciones, el referéndum y el plebiscito. Más adelante, en el artículo 50, nuestra Carta Magna establece que: “Los ciudadanos tienen derecho de participar en igualdad de condiciones en los asuntos públicos y en la gestión estatal. Por medio de la ley se garantizará, nacional y localmente, la participación efectiva del pueblo”.

Este precepto constitucional se desarrolla precisamente en la Ley Nº 475, “Ley de Participación Ciudadana”, del 19 de diciembre de 2003. Esta ley fue aprobada por la Asamblea Nacional, tras un largo proceso promovido por la sociedad civil organizada, que demandó la reglamentación del principio constitucional de la participación ciudadana y elaboró el correspondiente proyecto de ley, negociando luego con la Asamblea Nacional. La existencia de esta Ley representa uno de los éxitos más notables de la sociedad civil.

La Ley de Participación Ciudadana creó varias instancias de participación, a través de los Consejos de Desarrollo Departamental y Municipal, así como las Asociaciones de Pobladores. A su vez, la Ley de Municipios, en su artículo 36, establece que estas entidades “promoverán y estimularán la participación ciudadana local”, mediante mecanismos e instancias de participación, entre los que destacan los Cabildos Municipales y la presencia de los pobladores en las sesiones de los Concejos Municipales.

La ciudadanía tiene también derecho a participar en la formulación de las políticas públicas locales, para lo cual, en cumplimiento de la Ley de Municipios, en cada uno de ellos deberá integrarse un Comité de Desarrollo Municipal, como instancia de carácter consultivo del Gobierno local. Este Comité debe ser convocado por el Concejo Municipal 180 días después de la toma de posesión de las autoridades locales para elaborar el Plan de Desarrollo Municipal, si no lo hubiese, o para revisar el existente.

Como puede verse, nuestro sistema jurídico contempla espacios de participación que la ciudadanía debe aprovechar, para hacerse sentir en el ámbito local. La ciudadanía moderna no se concibe sin una proyección activa y beligerante de la sociedad civil.

El ejercicio responsable de la ciudadanía se inicia a nivel local y luego se proyecta a nivel nacional. La misma palabra ciudadano se define como “perteneciente o relativo a la ciudad”; cívico, como “perteneciente a los ciudadanos” y civismo como “celo por las instituciones e intereses de la patria”. Para que un país consolide sus instituciones democráticas, y por lo mismo su gobernabilidad, se requieren ciudadanos responsables, críticos y participativos. La presencia activa de los ciudadanos en la vida pública, ejerciendo plenamente sus derechos y deberes civiles y políticos, es la piedra angular del verdadero desarrollo de un país.

El Presidente de la República y el FSLN pretenden que los alcaldes y concejales de ese partido que sean electos en las próximas elecciones municipales se supediten a las orientaciones de los Consejos del Poder Ciudadano que, desafortunadamente, no son organismos pluralistas, sino están controlados por militantes del FSLN, olvidando que las autoridades legítimamente electas lo son para servir a todos los ciudadanos, sin distinción de su filiación partidaria.

Lo atinado y conveniente, en todo caso, sería perfeccionar los mecanismos legales ya existentes, para fortalecer la participación ciudadana democrática, libre y pluralista, en vez de dejar de lado toda la institucionalidad ya creada para sustituirla por otra forma de organización, con evidentes señales partidarias, donde es fácil advertir una estructura piramidal, que buscará cómo legitimar sus propias decisiones a través de una aparente “democracia directa”. Esto sólo servirá para generar conflictos con las instancias ya creadas por la ley y conducirá a la partidarización de la participación ciudadana, que dejará de ser democrática y pluralista, a como propuso la sociedad civil y lo aprobó el Poder Legislativo en su oportunidad.


Managua, marzo de 2008