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Cada cuatro años, la ciudadanía guatemalteca elige autoridades en todos los niveles: presidente, vicepresidente, diputados/as al Congreso (158) y al Parlacén, así como corporaciones municipales (333).  La ley establece segunda vuelta en caso de que ninguno de los partidos lograra la mitad más uno de los votos válidos y participación de las dos planillas que obtuvieran el mayor número de votos en la primera vuelta. En el caso de las municipalidades, la ley permite la creación de comités cívicos.

A la fecha, en un récord histórico para el país, 28 partidos políticos, entre tradicionales y nuevos, participarán en la contienda electoral de este año. Ocho organizaciones más hacen fila para inscribirse con pocas posibilidades de lograrlo.

Las tendencias político ideológicas son variadas: desde la extrema derecha como el Partido Unionista PU (Álvaro Arzú, escisión del PAN), Frente Republicano Guatemalteco FRG (General Efraín Ríos Montt), Partido Patriota PP (General Otto Pérez Molina) y LIDER (escisión de la UNE, Manuel Baldizón) pasando por el centro como la Unión Nacional de la Esperanza UNE (partido del actual gobierno), Encuentro por Guatemala EG (Nineth Montenegro), Winaq (Rigoberta Menchú) y la izquierda como la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca URNG-MAIZ, Movimiento Nueva República MNR (escisión de Encuentro por Guatemala) y la Alternativa Nueva Nación ANN (escisión de URNG).

Desde el inicio del denominado periodo democrático en 1985,  ningún  partido ha repetido en el gobierno: 1986: Vinicio Cerezo (Democracia Cristiana DC), 1991: Jorge Serrano Elías (MAS) exilado en Panamá; Ramiro de León Carpio (sin partido, nombrado por el Congreso); 1996: Álvaro Arzú (Partido de Avanzada Nacional PAN), 2000; Alfonso Portillo (Frente Republicano Guatemalteco FRG) -actualmente procesado judicialmente-;  2004: Oscar Berger (Gran Alianza Nacional GANA); 2008: Álvaro Colom (Unión Nacional de la Esperanza UNE).

Los expertos electorales afirman que el sistema político de Guatemala es el más disperso de Centroamérica, los partidos nacen, se multiplican y mueren sin pasar por la etapa de crecimiento y madurez. Por otro lado, la ausencia de financiamiento estatal a los partidos políticos los vuelve vulnerables y hace que éstos sean una especie de empresas privadas manejadas al antojo de quien las financia.  Muchos partidos solo tienen el nombre, a la espera de un buen comprador que lo utilice para sus fines personales.  La sospecha de que existen financiamientos provenientes de actividades ilícitas, es un tema que cada día toma más fuerza en las discusiones políticas en Guatemala.

Otra consecuencia de esta debilidad es el fenómeno del transfuguismo político, que en Guatemala es un asunto cotidiano. Antes, durante y después del proceso electoral, se realizan negociaciones particulares que ocasionan fragmentaciones partidarias, dando lugar a bancadas independientes, nuevos partidos y migraciones de funcionarios, diputados y alcaldes a otras organizaciones políticas, generalmente mediante promesas de puestos y prebendas, lesionando de esta manera la democracia, la gobernabilidad y la credibilidad de los partidos.  Por ejemplo, de los 158 diputados que iniciaron el período, 100 han cambiado de partido o han formado nuevos partidos, lo que representa el 63.29%.  La UNE inició con 51 diputados, actualmente tiene 40 (entre los que se fueron y los que llegaron), el FRG inició con 14  y actualmente tiene 4, el PP inició con 29 ahora tiene 32, GANA inició con 37 ahora tiene 17, LIDER no existía, ahora tiene 26 diputados que en su mayoría llegaron de la UNE, la bancada Guatemala no existía, se conformó con 14 diputados que se fueron de la GANA.

El empresariado y los medios de comunicación guatemaltecos juegan un papel fundamental en el proceso electoral.  Los grandes empresarios financian buena parte de la campaña y como se sabe, buscan proteger sus intereses mediante utilización de partidos políticos y posteriormente nombramiento de ministros y funcionarios de alto nivel, en el ramo que más les conviene a sus empresas.  El financiamiento va a  varios partidos, es decir, han aprendido a no poner los huevos en la misma canasta, así se protegen de los vaivenes de la política. Buena parte del sector empresarial, utiliza los medios de comunicación en sus propias apuestas que inciden profundamente en la opinión de los electores.  Al ser un país altamente electrificado, la televisión juega un papel fundamental, pues se ha convertido en el principal medio de comunicación que tienen los guatemaltecos. El analfabetismo no es más un inconveniente para hacer llegar el mensaje electoral, cuando todo entra por los ojos y los oídos.

La polémica principal se centra en este momento en las potenciales candidaturas de Zury Ríos (FRG), hija del general golpista Efraín Ríos Montt, Álvaro Arzú (Unionista) ex presidente, Sandra Torres (UNE) actual esposa del Presidente Colom y Harold Caballeros (VIVA), pastor evangélico,  prohibidas por la norma constitucional en sus artículos 186 y 187.  Algunas de estas candidaturas empiezan a transformarse en previsión de masivas oposiciones de diversos sectores.  Por ejemplo, Arzú está promoviendo la candidatura de su esposa, y en estos días, Sandra Torres ha solicitado el divorcio de su esposo el Presidente Colom; en tanto Zury Ríos, ahora figura central del FRG, con seguridad espera negociar un curul para su padre y para ella en el Congreso.

La enorme cantidad de recursos invertidos en la campaña electoral que se viene dando desde el año pasado ilegalmente y la polarización artificial, hacen que en este momento la contienda electoral derive en una cerrada lucha entre dos partidos:  el partido oficial UNE en alianza con la GANA, en alguna medida con el FRG y con el apoyo de Álvaro Arzú, líder de los Unionistas y, por otro lado el Partido Patriota que ha integrado en sus filas a connotados líderes del FRG y que quedó como segunda fuerza en la pasada elección.  Sin embargo, otras alianzas ya han sido conformadas; por ejemplo, el partido Visión con Valores (VIVA) del líder evangélico Harold Caballeros con Encuentro por Guatemala, así como la conformación de un frente amplio de izquierda integrado por URNG-MAIZ, ANN, MNR y probablemente WINAQ.  Con toda seguridad, mediante avance la campaña, todo esto puede cambiar radicalmente, porque en Guatemala la temperatura política puede variar en tan solo horas.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas, la población de Guatemala en 2011 es de aproximadamente 14.7 millones de habitantes.  Según datos estadísticos del Tribunal Supremo Electoral a enero del 2011, 6.475,000 personas estaban empadronadas.  El porcentaje mayor de los empadronados corresponde a las edades entre 18 y 25 años (15%), 26 y 30 años (14%) y 30 y 35 años (13%), es decir, la mayoría de los empadronados son jóvenes.

Después de la firma de los acuerdos de paz en 1996, la participación ciudadana se ha incrementado, especialmente porque la población indígena, particularmente el pueblo maya, históricamente discriminado de la vida política del país y las mujeres –igualmente discriminadas-  han ido recuperando lentamente su derecho a participar en las decisiones nacionales. Aunque se han realizado algunos pilotajes para descentralizar las urnas, especialmente en el área rural, la reforma electoral ha sido guardada convenientemente, para favorecer intereses individuales, en detrimento de la democratización del voto y de la participación ciudadana.

Tradicionalmente, el peso de la elección presidencial había recaído en Ciudad Guatemala, la capital de país, de tradición conservadora y donde se concentra el volumen del voto. Sin embargo, en la elección pasada, el área rural fue decisiva (70.84%) para que Álvaro Colom llegara a la Presidencia, hecho que constituyó un parte aguas en la vida política del país, demostrando que los departamentos -el interior como se dice popularmente en Guatemala- si participa, puede hacer la diferencia.

Faltan menos de seis meses para el día del evento electoral en Guatemala y hasta ahora se ve un poco más de lo mismo. Hasta ahora, no se escuchan nuevas propuestas sobre los asuntos claves para el país, como la violencia y la  inseguridad, la pobreza, la reforma fiscal permanentemente vetada por el empresariado chapín, el creciente deterioro del medio ambiente, la tenencia de la tierra o la situación de los miles de migrantes guatemaltecos que viven en Estados Unidos.
De nuevo, sobre los hombros del electorado guatemalteco está el  enorme desafío de elegir autoridades que tengan voluntad política y capacidad de transformar uno de los países más desiguales del planeta, con un índice de 16.32 muertes violentas diarias, 98% de impunidad, la mayor tasa de desnutrición infantil y los impuestos más bajos de la región, así como un alto índice de percepción de la corrupción entre otros indicadores negativos.

matiguas@hotmail.com