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No derramó ni una gota de sangre, tampoco le quedó una cicatriz visible del golpe que le propinaron en la cabeza. Sin embargo, sus recuerdos de la cobertura periodística que realizaba la tarde del 18 de abril de 2018 fueron borrados por la agresión de un fanático sandinista que le dio con un bate.

Julio López Chavarría, reportero del programa radiofónico Onda Local, fue uno de los primeros periodistas agredidos por las turbas pro-Gobierno que se empeñaban en impedir la protesta de un grupo de jóvenes ese 18 de abril, en el centro comercial Camino de Oriente, en Managua.

“Ese día fue borrado de mi memoria”, lamenta López cuando se ve imposibilitado de recordar más sobre lo que le sucedió el día en que estallaron las protestas ciudadanas en Nicaragua, las cuales se extendieron en menos de una semana a varias ciudades; y que un año después registraban un saldo de al menos 325 muertes. 

Una reforma a la seguridad social, impuesta por el gobierno de Daniel Ortega Saavedra, causó la protesta del grupo de jóvenes a las 4:00 p.m. en la capital, exigiendo respeto a los jubilados, quienes perdían por decreto el 5% de sus pensiones. Los manifestantes, con banderas y pancartas, expresaban su desacuerdo cuando llegó a agredirlos una turba de hombres violentos, que bajaron de motocicletas y camionetas vestidos con camisetas con la marca Juventud Sandinista (JS) y armados de tubos, palos y cadenas.

López, quien grababa como periodista lo que sucedía, recibió el primer garrotazo en la cabeza y, después, otro de los agresores que lo rodeaban le dio un golpe fuerte en el pómulo izquierdo y él cayó inconsciente, tal como se ve en un video captado por otros periodistas, también atacados allí.

“Yo estaba haciendo la transmisión de la agresión, comencé a describir que continuaban llegando motorizados y que la Juventud Sandinista iniciaba a comportarse violentamente contra las personas que estaban protestando”, relata López, basándose en el video que transmitió y otros que sus colegas le mostraron una vez recuperado del trauma. “Doy la vuelta para ir a buscar refugio en uno de los locales y se observa a una persona que sale a mi paso, desde ese momento mi transmisión se corta; y en otro video que lograron captar otras personas, se ve el momento preciso en que me dan con el garrote y me dan un puñetazo que me derriba”.

El periodista fue llevado al Hospital Fernando Vélez Paiz, donde estuvo más de una semana bajo el diagnóstico de “pérdida retrógrada de la memoria”.

Empezó en León

En la mañana del mismo 18 de abril, en la ciudad occidental de León, los periodistas Pedro Altamirano y Bismarck Lebrón fueron agredidos por otra turba de la Juventud Sandinista.

Los dos reporteros cubrían una manifestación de adultos mayores y jóvenes universitarios frente a la delegación del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) en protesta por la reforma. Estos protestantes fueron los primeros agredidos ese día por los grupos de choque del Gobierno, y muchos ciudadanos vieron las escenas transmitidas por la televisión y las redes sociales, de ancianos siendo golpeados por la turba.

“Nosotros no nos esperábamos que nos atacaran así, creímos que su actuar sería el de otras ocasiones en las que solo evitaban que la manifestación avanzara; nunca pensamos que nos iban a golpear. A uno de los primeros que agredieron ese día fue a mí. Estaba frente a las instalaciones del INSS y en eso se acercó el diputado sandinista José Ramón Sarria y Gilberto Narváez, de la Juventud Sandinista, con otro grupo de chavalos que no logré identificar. Me golpearon e intentaron quitarme el celular, pero yo se lo tiré a un grupo de mujeres que andaban en la manifestación”, relata el reportero Altamirano, quien ahora se encuentra exiliado en Costa Rica porque, según reveló, sufrió asedio y amenazas.

Antes de abril de 2018, las violaciones frecuentes a la libertad de prensa en Nicaragua, denunciadas por periodistas, estaban relacionadas a la falta de acceso a la información pública, restricciones para ingresar a eventos y conferencias de las instituciones del Estado, castigos vía publicidad contra medios críticos y el acaparamiento de medios de comunicación al servicio del Gobierno.

Querían tapar la protesta

De la agresión en el Camino de Oriente, el camarógrafo René Cuadra salió con una lesión permanente en la columna debido a la paliza que le dio la turba que, además, le robó la cámara de video propiedad del canal 100% Noticias.

Otros periodistas golpeados esa tarde fueron Néstor Arce, Maynor Salazar, Carlos Herrera y Richard Salgado. En sus testimonios afirman que la Policía Nacional apoyó al grupo de choque de la JS, primero dejándoles actuar sin intervenir y, después, ayudándoles a reprimir a protestantes y periodistas. El camarógrafo Róger Sánchez y la periodista Melissa Aguilera, del canal 23, también fueron agredidos y despojados de sus equipos.

Al fotoperiodista de la agencia internacional Associated Press (AP), Alfredo Zúñiga, le hicieron una herida en la cabeza cuando dos de los fanáticos sandinistas intentaban arrebatarle el equipo. Zúñiga forcejeó con ellos y logró conservar la cámara, pero dañada y manchada con su propia sangre.

La noche del 18 de abril las protestas crecieron en Managua, León y Matagalpa, como efecto de la represión en León y Managua observada en las pantallas. El día 19, cinco televisoras amanecieron sin señal: 100% Noticias, canal 12, canal Telenorte de Estelí, canal 23 y canal 51, este último propiedad de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN).

La periodista Arlen Cerda acorralada por policías antimotines en diciembre de 2018. Orlando Valenzuela/END

El director de 100% Noticias, Miguel Mora, denunció de inmediato que la censura a los canales se debía a que el Gobierno quería impedir la divulgación de las protestas sociales y que el director de Instituto de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), Orlando Castillo, lo había llamado para advertirle que “si no le bajaba al gas a las coberturas, que me atuviera a las consecuencias”.

Por la presión de otros medios de comunicación, nacionales e internacionales, el canal 100% Noticias recuperó su señal abierta y en el cable después de seis días silenciado, aunque la represión al periodismo independiente apenas iniciaba y tendría varias etapas en los meses siguientes.

Amenazado por informar

El periodista Jackson Orozco, quien recibió amenazas de muerte constantes por haber reportado en mayo el incendio a la Radio Ya, emisora sandinista, se fue del país en octubre de 2018. “Salgo porque me dicen que venían en serio contra nosotros (canal 100% Noticias), y al mirar esa situación, decidí salir; ha sido muy duro, muy difícil.  No estoy ejerciendo periodismo, porque la ley aquí (EE. UU.) no me lo permite, hasta que tenga el permiso de trabajo, y me estoy manteniendo con el apoyo de mi familia mientras mi situación migratoria se resuelve”, cuenta.

Meses después, el 23 de diciembre, el juez Sexto Distrito Penal de Audiencia de Managua, Henry Morales Olivares, giró una orden de captura contra Orozco. Dos días antes habían encarcelado a los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda.

Orozco explica que haber transmitido lo que sucedía cuando le pegaban fuego a la oficialista Radio Ya, el 28 de mayo de 2018, fue para él una sentencia de exilio o cárcel porque los propagandistas del Gobierno lo comenzaron a señalar como cómplice de una acción realizada por manifestantes.

“Me empezaron a hostigar y me amenazaban con matarme porque, según ellos, yo era el responsable de la quema de Radio Ya; pero, yo solo era un periodista más que estaba dando cobertura”, relata Orozco.

“Las llamadas anónimas y mensajes por WhatsApp eran constantes, estaba sometido a un estrés sicológico y ya no me permitía ejercer mi labor. En la casa me pasaban espiando, nos vigilaban, llegaban las camionetas (con civiles armados enmascarados) y tomaban fotos a la casa, fue un asedio permanente”, dice el periodista refugiado en Estados Unidos.

En el mes de julio, Orozco fue uno de los reporteros golpeados por civiles armados y turbas progubernamentales en la ciudad de Diriamba, dentro de una iglesia. “En esa cobertura me identificaron como periodista del canal 100% Noticias y me decían que yo era el responsable de la quema de Radio Ya, me empezaron a gritar improperios; entonces, primeramente, agredieron a monseñor Báez y luego me dieron a mí, me quebraron la nariz e insistían que yo era el responsable de la quema de Radio Ya”, recuerda.

La agresión crece

Las protestas en Managua se concentraron el segundo día, jueves 19 de abril, en las universidades Nacional Agraria (UNA) y Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), donde una bala de goma disparada por la policía alcanzó al camarógrafo Álvaro Silva, del sitio informativo digital Artículo 66, quien resulto con una lesión en el costado izquierdo del pecho.

Algo parecido le sucedió al camarógrafo de 100% Noticias, Geovany Hernández, mientras filmaba las acciones de la policía contra estudiantes de la UNA. “Me pegaron con una bala de goma en el brazo, desde ahí noté que las coberturas se tornarían difíciles porque nosotros estábamos viendo que la policía no solo estaba atacando a los estudiantes, sino a todo aquel que estaba evidenciando el ataque a los estudiantes”, recuerda.

Ese día murieron los jóvenes manifestantes Richard Pavón y Darwin Urbina, y el policía Hilton Manzanares; y al tercer día de protestas, el 20 de abril, la cifra de muertos subió a 25.

A las 7:30 p.m. de ese viernes, le prendieron fuego a Radio Darío en la ciudad de León. Las 12 personas que estaban trabajando adentro fueron sorprendidas por una explosión, el humo se esparció y las llamas avanzaron destruyendo el edificio. Se salvaron rompiendo una puerta del fondo que les dio paso a una casa vecina.

Era el segundo incendio intencional que ocurría en León esa noche; el primero, en el Centro Universitario de la Universidad Nacional (CUUN). El director de Radio Darío, Aníbal Toruño, relató a enviados de la Organización de Estados Americanos (OEA) que “en esos momentos hay fuertes protestas y choques, han pasado motos disparando morteros por la emisora… —Escuché un golpe… y pensé que era un mortero… Pero, pasaron 4 o 5 minutos y una explosión inmensa, todo caía, quedamos a oscuras, todo ardía—”.

El periodista Jackson Orozco, del canal 100% Noticias, luego de ser brutalmente golpeado por paramilitares en Diriamba, Carazo. Nayira Valenzuela/END

Toruño, quien se exilió en Estados Unidos, ha señalado al diputado sandinista Filiberto Rodríguez de haber dirigido la quema de Radio Darío. Un día antes, Rodríguez había sido filmado por periodistas mientras amenazaba a manifestantes antigubernamentales. Radio Darío, fundada en 1949, era una emisora privada que informaba con amplitud sobre la violencia desatada.

En el cuarto día de protestas ciudadanas, al anochecer del 21 de abril mataron al periodista Ángel Gahona mientras cubría una manifestación frente a la Alcaldía de Bluefields. Un disparo de escopeta acabó con su vida, mientras policías accionaban sus armas para dispersar a los manifestantes. Dos jóvenes civiles fueron condenados por supuestamente haberle disparado al reportero, pero los abogados defensores aseguran que a esa acusación le faltaron pruebas elementales.

Los reporteros de la Agencia EFE, Jorge Torres y René Lucía Ramos, fueron retenidos y golpeados por la policía el 28 de mayo mientras recrudecía la represión policial contra los manifestantes en la UNI. “Somos periodistas, somos periodistas”, gritaba Ramos cuando era agredida por los agentes, y aun así la retuvieron un tiempo.

En esa ocasión el camarógrafo de Canal 12, Luis Alemán, recibió el impacto de una bala de goma en el brazo, cuando las patrullas policiales pasaron disparando contra quienes se movieran en la zona, aunque no fuesen protestantes. La periodista Iveth Munguía también fue alcanzada por una bala de goma.

Acoso de parapolicías

En mayo aparecieron los civiles armados enmascarados, protegidos por la policía, en tanto aumentaba la represión gubernamental contra los manifestantes y los periodistas que cubrían las protestas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) definió a esos armados como parapolicías.

Leticia Gaitán, periodista de 100% Noticias, y un equipo de canal 12 fueron detenidos por los parapolicías en la rotonda Ticuantepe el 20 de junio, cuando se dirigían a la ciudad de Masaya. Les apuntaron con armas de alto calibre y les obligaron a ponerse bocabajo en el suelo. Uno de los encapuchados se comunicó por teléfono con algún mando, para informarle a quienes habían detenido y al poco tiempo les dejaron libres, pero les quitaron teléfonos y equipos de filmación.

La CIDH, en su informe del 21 de junio de 2018, “Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua”, dice haber constatado que desde el inicio de las manifestaciones “el Estado ha adoptado medidas de censura directa e indirecta” contra el periodismo independiente.

El 9 de julio, en Diriamba, Carazo, periodistas y obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) también fueron agredidos por parapolicías y turbas pro-Gobierno que ingresaron por la fuerza a la Basílica San Sebastián. Dañaron partes del templo y destruyeron y robaron equipos de los periodistas. El reportero Jackson Orozco salió de allí sangrando como consecuencia de los golpes en el rostro.

En agosto de 2018, las amenazas contra la prensa independiente tuvieron otra modalidad. Gerald Chávez, de la televisora VosTV, denunció en sus redes sociales que sujetos afines al Gobierno hicieron pintas amenazantes en la fachada de su vivienda, y fue tanto el acoso que él optó por irse del país.

En la redes sociales, personas pro-Gobierno señalaban de “golpistas”, “vandálicos” y “promotores del terrorismo” a medios de comunicación, como El Nuevo Diario, y frente a este periódico se paró una noche una camioneta con parapolicías que proyectaron sobre su pared frontal un video acusándole de “cómplice de los golpistas y vandálicos”, como el Gobierno ha calificado a los protestantes.

El 6 de septiembre empezó el bloqueo a las materias primas importadas de los periódicos. La Dirección General de Aduanas se ha negado desde entonces a entregar la tinta, el papel y otros productos traídos del exterior para imprimir los diarios de circulación nacional, a pesar de que estos medios han cumplido todos los trámites conforme la ley.

El 14 de octubre, los periodistas Oswaldo Rivas, de la agencia Reuter, y Sergio Marín, del programa Mesa Redonda, denunciaron que fueron golpeados por policías y parapolicías mientras daban cobertura a las protestas en Managua.

Equipo de Canal 10 al ser agredido por agentes de la Policía  en Metrocentro. Óscar Sánchez/END

Dos días después, Héctor Rosales, quien laboraba para VosTV, fue víctima de una golpiza brutal que le propinaron sujetos desconocidos, quienes se ensañaron en su boca causándole una lesión en la lengua que ameritó cirugía. Rosales se fue del país.

Las detenciones

En Bluefields, el director de Radio La Costeñísima, Sergio León, fue detenido el 21 de octubre por la policía por haber filmado parte de un despliegue policial en la ciudad.

El 31 de octubre en León, el director de Radio Mi Voz, Álvaro Montalván, fue apresado y puesto en libertad luego de 48 horas. Montalván también se fue del país, tras denunciar que lo seguían acosando. Con él ya son más de 60 los periodistas nicaragüenses que han optado por el exilio, desde abril de 2018.

En noviembre empezó el plan contra 100% Noticias, recuerda el camarógrafo Geovany Hernández. El asedio de policías y parapolicías en vehículos civiles ocurría cada día. Los periodistas eran requisados con frecuencia al salir de las instalaciones del canal y el director, Miguel Mora, fue retenido varias veces mientras iba o venía de su casa en la carretera Masaya.

“Trabajar ahí era tenso, porque estaba ahí todos los días la policía; yo entraba a las 6:00 a.m. y tenía que pasar caminando junto a ellos. Cada vez que pasaba por ahí iba con el alma en un hilo, pero nunca me detuvieron. La tensión era en la entrada y salida, buscar con quién irse, no llevar información en los teléfonos; eso era diario en la entrada y salida, si te montabas en un taxi ahí no más lo detenían”, recuerda Hernández.

La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (Oacnudh), Michelle Bachelet, lanzó una alerta: “Frente a las reiteradas denuncias de amenazas y actos intimidatorios contra periodistas y trabajadores de 100% Noticias, Radio Darío, Radio Mi Voz y otras voces disidentes, Oacnudh urge al Estado a cesar estas persecuciones y respetar la libertad de expresión”.

Sin embargo, el asedio policial contra 100% Noticias se convirtió en allanamiento, detenciones, cierre y confiscación el 21 de diciembre de 2018. La última transmisión del canal la hizo Lucía Pineda Ubau, jefa de prensa, poco antes de ser detenida: “Hay presencia de policías, están ingresando, están ingresando”. La señal se cortó pasadas las 9:00 p.m. y el silencio continúa después de más de 4 meses.

Pineda y el director del canal, Miguel Mora, están encarcelados por “incitar al odio”, según la acusación que les hizo el Gobierno, y los han mantenido en celdas aisladas en castigo.

Respuesta policial

Una semana antes de la detención de Mora y Pineda, el 14 de diciembre, las oficinas del semanario Confidencial y los programas televisivos Esta Semana y Esta Noche fueron allanadas sin ninguna orden judicial y los equipos saqueados. El edificio sigue ocupado por la policía.

En la entrada de las oficinas de estos medios, dirigidos por Carlos Fernando Chamorro Barrios, los periodistas encontraron una mañana una cinta que decía “Policía Nacional”.

“Nosotros nos enteramos del asalto a la redacción a eso de las 6:00 a.m., quizás un poco antes; yo no fui de las primeras personas en llegar físicamente a las oficinas, ya había visto fotos y videos de los colegas, sabía que se habían llevado las computadoras, que habían destruido cosas, que todas las oficinas estaban volteadas de arriba para abajo, que incluso habían entrado a las oficinas de Cabal, que no tiene nada que ver con Confidencial, pero no es lo mismo estar ahí y ver que realmente es más grave, que todo estaba patas arriba y que no teníamos manera de continuar el trabajo”, relata Arlen Cerda, editora de Confidencial.

Abixael Mogollón relata cómo lo golpeó la policía.  A la derecha, una imagen de la lesión que le hicieron en la espalda. Cortesía/END

“Nosotros íbamos a seguir haciendo nuestro trabajo, teníamos una oficina donde llegar, independiente de que la computadora que tenés asignada no esté ahí, independiente de que el escritorio de tus compañeros esté volteado, aunque se hayan llevado objetos personales que ni siquiera eran de la empresa, uno siente que hay un espacio para llegar; pero cuando se toman la oficina uno se queda pensando y ahora qué, ahora dónde vamos a trabajar. Era, en menos de 24 horas, otro golpe que te dice que definitivamente no quieren que vos hagás tu trabajo”, comenta.

La editora dice que no esperaban que luego del allanamiento la policía se tomara las instalaciones del grupo de medios de comunicación.

El sábado 15 de diciembre por la mañana, Arlen Cerda y los demás periodistas del equipo fueron con Chamorro a la sede central de la Policía Nacional, conocida como Plaza El Sol, para pedir a la jefatura una explicación de lo que estaba pasando, si había una orden judicial de ocupación del edificio y cuáles eran los motivos.

“En Plaza El Sol nos dicen esperen, no te están diciendo váyanse; entonces uno se queda ahí esperando”, cuenta Cerda. Y la respuesta se la dan a los minutos.

“Nos mandaron a un destacamento de antimotines que de la forma más vulgar nos decían ‘va a la verga, va a la verga’. Recuerdo que a Néstor (Arce) lo golpearon, a la Claudia (Tijerino), a Wilfredo (Miranda), a mí me prensaron contra una pared, me empujaban y yo los empujaba cuando lo hacían, porque si me caía, corría el peligro de que me aplastaran”, recuerda todavía indignada la editora de Confidencial.

Agresión dirigida

Una de las primeras agresiones a periodistas en el 2019 la sufrió el reportero de AFP, Luis Sequeira, a quien la policía le destrozó la cámara, le quitó el celular e intentó llevárselo preso, cuando cubría una concentración de ciudadanos en la rotonda Centroamérica que pretendía marchar en un tramo de la carretera Masaya, el 16 de marzo.

Luego, el fotógrafo de El Nuevo Diario, Jorge Ortega, y el periodista de La Prensa, Emiliano Chamorro, fueron pateados por sujetos afines al Frente Sandinista (FSLN), cuando cubrían una protesta de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) en un centro comercial de Managua, el 31 de marzo.

Entonces, la CIDH le recordó al Estado de Nicaragua que su deber es garantizar que los periodistas “no sean detenidos, amenazados, agredidos o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión”.

También instó a la Policía a no destruir ni confiscar los materiales y herramientas de trabajo de los periodistas, recordándole que la protección del derecho a la libertad de expresión exige que las autoridades aseguren las condiciones necesarias para que los periodistas puedan “cubrir hechos de notorio interés público como los referidos a las protestas sociales”.

Sin embargo, la agresión a los periodistas continuó. El 17 de abril Abixael Mogollón, reportero de Artículo 66, fue detenido y golpeado por la policía en el sector de Plaza Centroamérica, cuando transmitía la represión a ciudadanos que una vez más pretendían hacer una marcha.

Abixael Mogollón relata cómo lo golpeó la policía.  A la derecha, una imagen de la lesión que le hicieron en la espalda. Orlando Valenzuela/END

Mogollón pudo denunciar en la transmisión lo que le hacían: “Audiencia de Artículo 66, me están llevando detenido, me están llevando detenido”. Y la señal se corta porque los policías le doblaron los dedos para quitarle el celular.

“Me metieron en una zaranda (patrulla policial cerrada) y, en eso, entra el oficial que me detuvo, se saca un bastón policial y me da en el pecho, me empieza a insultar, me cuestiona por qué andamos protestando, y le reitero que yo soy periodista, pero siguió golpeándome, me sacó el dinero que andaba y me siguió golpeando en las piernas, me hizo una llave y empieza a esposarme con unas ligas y no con esposas; yo andaba una gafas de sol que me las tiró de un manotazo y me quita una gorra, me dice que no lo quede viendo, que agache la cabeza, parece que no quería que lo identificara”, relata Mogollón, quien aún tiene dificultad para mover el dedo índice de la mano izquierda, el que le doblaron para quitarle el celular.

Mogollón fue dejado en libertad después de la golpiza, cerca del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, de Managua, a varios kilómetros de distancia de donde lo detuvieron.

El periodista comenta que la agresión de la Policía contra él, es solo una muestra del peligro que ahora enfrentan los periodistas cuando reportan sobre un evento, además de la falta de respeto de las autoridades hacia los derechos constitucionales de estos profesionales.

De abril de 2018 hasta abril de 2019 han ocurrido 1,080 casos que violentan la libertad de prensa, desde agresiones, ataques, amenazas, difamaciones, censura, intimidación, hostigamiento verbal, hostigamiento judicial, misoginia, restricciones legales y restricciones administrativas hasta llegar al extremo de los casos, la muerte de un periodista, reveló la Fundación Violeta Barrios de Chamorro que ha calificado al ejercicio periodístico en Nicaragua como “una profesión de alto riesgo”.

La Constitución Política de Nicaragua establece:

Artículo 30
Los nicaragüenses tienen derecho a expresar libremente su pensamiento en público o en privado, individual o colectivamente, en forma oral, escrita o por cualquier otro medio.

Artículo 66

Los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea de manera oral, por escrito, gráficamente o por cualquier otro procedimiento de su elección.

Artículo 68

Los medios de comunicación, dentro de su función social, deberán contribuir al desarrollo de la nación.

Los medios de comunicación públicos, corporativos y privados no podrán ser objeto de censura previa. En ningún caso podrán decomisarse, como instrumento o cuerpo del delito, la imprenta o sus accesorios, ni cualquier otro medio o equipo destinado a la difusión del pensamiento.

La Declaración Universal de Derechos Humanos establece:

Artículo 19

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Artículo 9

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.