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Al iniciar la cuarta semana de abril de 2018, monseñor Miguel Mántica recibió una llamada telefónica del cardenal Leopoldo José Brenes, quien le informó que el presidente Daniel Ortega Saavedra le había pedido organizar el diálogo nacional con la participación de “un grupo representativo del pueblo que presentara las demandas de la gente”.

Sin embargo, Ortega había solicitado a Brenes que solo él mediara en ese diálogo que iniciaría el 16 de mayo de 2018, recuerda Mántica: “El presidente pidió solamente al cardenal, nada más, pero él dijo que no, porque la Iglesia era un cuerpo. La Conferencia (Episcopal) fue la que nombró a quienes íbamos a estar en el diálogo”.

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Tres días antes, el viernes 20 de abril, la Catedral de Managua era un virtual refugio de jóvenes perseguidos por la policía y un hospital improvisado donde atendían a heridos de balas de goma y de plomo y afectados por gases lacrimógenos.

Los estudiantes que se habían sumado a las protestas ciudadanas, iniciadas el 18 de abril en las ciudades de León y Managua, fueron reprimidos ese viernes en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y alrededores, y al escapar buscaron protección en la catedral.

Brenes, arzobispo de Managua, hizo un llamado urgente el 19 de abril a cesar los actos de violencia que se propagaban en el país, enfatizando en que los nicaragüenses tenían derecho a protestar. “Es lamentable que entremos en confrontación, ver a los jóvenes contra otros jóvenes y a la institución de la Policía entrar en tensiones que generan más violencia”, lamentó el líder católico.

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Un día después, el viernes 20, la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) exhortó a las autoridades del país a escuchar el grito de los jóvenes nicaragüenses y la voz de otros sectores que se pronunciaban contra las reformas al seguro social. “Una decisión unilateral siempre trae la inestabilidad social. Rectificar las decisiones tomadas es signo de humanidad”, expresaron los obispos en el comunicado que instaba a dialogar.

El presidente Ortega invitó a la Iglesia, el domingo 22 de abril, a participar en el diálogo como testigos y garantes. El lunes temprano, el cardenal empezó a llamar a los obispos para consultarles y dos días después la CEN confirmaba su aceptación y pedía al Gobierno actuar con espíritu de buena voluntad para “encontrar los senderos de la paz que descansa sobre la justicia, equidad y derecho”.

El obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, dice que la Iglesia no se puede quedar metida en la sacristía, “tiene que estar para todos”. Archivo/END

Monseñor Rolando Álvarez explica el porqué los obispos evitaron ser garantes. “Él (Brenes) nos convocó inmediatamente a los obispos de la CEN y después de una mañana de oración, reflexión profunda y seria, nosotros aceptamos no ser testigos y garantes como la Presidencia lo pedía, sino ser mediadores y testigos, porque desde el inicio dijimos que los garantes tenían que ser los nicaragüenses todos, sin distinción, que el pueblo de Nicaragua era y sigue siendo el mejor garante”.

Fuera de agenda

La primera sesión del diálogo, el 16 de mayo de 2018, fue muy tensa y terminó de forma abrupta. “Había una agenda preparada y hasta consensuada para dar por iniciado el diálogo nacional, pero definitivamente en ese momento se nos escapó de las manos la agenda prevista”, recuerda Álvarez, obispo de Matagalpa.

“Nosotros, los obispos, lo que tratamos de hacer ahí era evitar hacer un mal mayor, evitar ahí una situación que hubiera sido catastrófica para Nicaragua entera; el Señor nos ayudó a lograrlo porque, aunque hubo cruces de palabras muy fuertes, finalmente se concluyó la sesión”, relata.

Al amanecer del 16 de mayo, en Nicaragua ya había 68 muertos como consecuencia de la represión gubernamental a las protestas ciudadanas. En un lapso de 28 días, se registraba un promedio de más de dos víctimas mortales por día.

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Monseñor Mántica, párroco de la iglesia San Francisco, dice tener muy presente el inicio del diálogo y las reflexiones que hizo ese día y los posteriores: “El presidente y la vicepresidenta se quedaron tan perplejos, como todos, cuando los jóvenes empezaron a hacer aquella demanda con tanta fuerza. Yo me preguntaba qué nos pasaba a todos, no podíamos reaccionar y era que en la voz de esos jóvenes se escuchaba el clamor de un pueblo entero, eso llevó a que hubiese un desahogo”.

Un estudiante universitario, Lesther Alemán, se adelantó a tomar el micrófono y exigía la salida del presidente Ortega del poder. En ese momento, Mántica vio la escena como “la expresión de una rabia popular… una expresión del pueblo que dejó a todo mundo paralizado”. Sin embargo, “eso incidió en que después no se logró bajar el tono, eso fue negativo, no nos llevó a encontrar un camino más racional, más de verdadero intercambio” en el diálogo, comenta el religioso.

Los obispos fueron agredidos por turbas y parapolicías de Diriamba, a principios de julio de 2018.Óscar Sánchez/END

Catedral abierta

En las redes sociales se volvió viral el video en que un sacerdote joven y una monja salen de la catedral, expuestos a las balas disparadas por policías y turbas armadas (civiles pro-Gobierno), para auxiliar a manifestantes que buscaban refugio en el templo. Era la tarde del 20 de abril.

Las iglesias católicas mantuvieron abiertas sus puertas desde el inicio de las protestas, permitiendo que los protestantes perseguidos entraran para protegerse, y en consecuencia empezaron a sufrir acoso.

“No podemos nunca olvidar lo que vivimos ese día, sobre todo con la fuerza de la violencia que se desarrolló en contra de los jóvenes que protestaban pacíficamente”, dice el sacerdote Luis Enrique Herrera, rector del templo principal de Managua.

“Esta catedral, cuando la veo, solo recuerdo aquel capítulo; esto era gritos de dolor y llanto”, cuenta el sacerdote, mientras camina por la nave principal y va señalando lugares donde hubo bancas manchadas con sangre de jóvenes heridos.

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En medio de la agresión, los religiosos dentro de la catedral recibían orientaciones del cardenal Brenes a distancia. “Nos ayudó muchísimo, porque él estaba pendiente de todo, estábamos bajo las balas y con el teléfono en el oído comunicándonos”, afirma Herrera.

El sacerdote y la monja que arriesgaron sus vidas al cruzar los predios de la catedral entre las balas, eran Said Alí Ruiz, de 25 años, y Nohelí López. “Salí a tratar de hablar con los muchachos (manifestantes) porque estaba muy fuerte el ataque. Escuché el sonido de las balas pasar cerca de mí, los chavalos me decían que me tirara al suelo y después salía corriendo para buscar lugar seguro”, rememora el joven cura.

Sor Nohelí, de las Misioneras de Cristo Rey, temía en aquel momento “que las turbas entraran al templo, ellos andaban armados; solo pensaba que aquí iba a quedar, que nos iban a matar”. Afirma que dentro del templo “la única arma que había era la oración”.

La energía eléctrica fue cortada en la zona de la Catedral de Managua y la noche de ese viernes, cuando aún todo estaba oscuro, llegó allí la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, a proponerle al padre Herrera un plan de evacuación de los jóvenes protestantes refugiados.

Morales pretendía, recuerda el cura, proporcionar unidades de buses para que los jóvenes salieran “protegidos” por agentes policiales. “Los cuatro sacerdotes dijimos que jamás ni nunca lo íbamos a permitir; eso era un atentado, montar a esos jóvenes en los buses y más aún si iban escoltados por la policía. Era tirar a los jóvenes a que los mataran, no lo íbamos a permitir”, explica.

Los desacuerdos

Para monseñor Álvarez, el mejor resultado de la primera mesa de negociación en que mediaron los obispos fue conseguir la entrada al país de las misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y el Grupo de Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) que documentaría las muertes entre el 18 de abril y 30 de mayo.

“Fue el primer fruto del diálogo, incluso antes de que se instalara, porque nosotros planteamos la necesidad de que viniera la CIDH antes de la sesión inaugural; ese día se logró que los organismos internacionales fueran invitados a Nicaragua”, recuerda.

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Después de la primera sesión del diálogo nacional, los obispos se reunían diario en Managua. “Aunque no hubiera asamblea plenaria, estábamos trabajando hasta altas horas de la madrugada. En ningún momento pensamos en echar pie atrás, manteníamos la mirada hacia adelante”, dice Álvarez, quien también es tesorero de la Conferencia Episcopal.

El viernes 18 de mayo, tras ocho horas de discusión, “todas las partes se comprometen a realizar una tregua el sábado 19 y el domingo 20 mayo en la que el Gobierno se obliga a retirar a sus cuarteles a la Policía y retirar fuerzas de choque y simpatizantes”, precisaba el comunicado leído por el cardenal Leopoldo Brenes.

Luis Herrera, rector de la Catedral de Managua, recuerda cuando refugiaron a los jóvenes perseguidos. Archivo/END

Pero, la tregua fracasó porque el sábado por la noche gente armada afín al Gobierno pasó disparando contra estudiantes que estaban atrincherados en la Universidad Nacional Agraria (UNA). Hubo ocho heridos, dos de ellos de gravedad, según confirmaron representantes de la CIDH que llegaron al lugar horas después a constatar la agresión.

El acuerdo también indicaba que la sociedad civil “deberá aunar esfuerzos para propiciar mejores condiciones al diálogo, normalizar el tránsito y continuar en un mejor clima el lunes 21 de mayo”, cuando volverían a sentarse a negociar y evaluar el cumplimiento de lo acordado.

En cuanto a la justicia, el Gobierno y la Alianza Cívica destacaron en el comunicado la presencia en la mesa del diálogo de la CIDH, “como institución investigadora que favorece el esclarecimiento de los hechos y la verdad como derecho fundamental del pueblo, con el objetivo de procurar una salida a la crisis del país”.

Sin embargo, días después “el diálogo llegó a un punto de inflexibilidad; las partes no se lograban poner de acuerdo”, relata Álvarez.

En consecuencia, el 24 de mayo el Gobierno emitió un comunicado afirmando que “desde el día lunes 21 de mayo en la mesa de diálogo nacional presentamos una agenda pendiente de respuesta, que es la ‘agenda del pueblo’ que está sufriendo tranques, violencia y que ve coartado su derecho a trabajar”.

La agenda que planteó el Gobierno en ese momento, fue: “Eliminar todos los tranques, no a la violencia en todas sus formas y asegurar el derecho al trabajo”. Y se quejaba de que “estos puntos no han sido respondidos por los grupos de oposición” en el diálogo nacional”.

El 15 de junio los obispos propusieron una ruta de trabajo con los lineamientos para alcanzar una solución a la crisis sociopolítica y el 18 de junio fueron conformadas las mesas de trabajo. A monseñor Mántica lo designaron coordinador del tema democracia.

“La postura del Gobierno era totalmente cerrada; entonces, pasábamos las mañanas enteras sin resultados”, cuenta el religioso y recuerda que, con tono de broma, les decía a las dos partes en negociación que él era “el mediador más fracasado” porque no surgía nada positivo de las discusiones.

El presidente Ortega sentó su posición el 7 de junio, al decir en una entrevista con la agencia EFE que “estamos en un diálogo de reconciliación porque yo llamé a un diálogo, pero, desgraciadamente no fue a ningún lado, fue un show. Lo transmitieron por la televisión y ningún proceso de paz se transmite por la televisión. Se trabaja en privado, se prepara y solo se dan a conocer los resultados”.

Ese mismo día los obispos entregaron a Ortega una propuesta de ruta de democratización del país, con reformas a la Constitución y a la Ley Electoral para adelantar al domingo 31 de marzo de 2019, las elecciones generales previstas para el 2021. Era la demanda principal de la oposición en ese campo.

El lunes 25 de junio, la delegación del Gobierno llegó al diálogo dispuesta a tratar solo temas de seguridad, haciendo énfasis en “el levantamiento de los tranques” de los protestantes en diferentes puntos del país. Se negó, por tanto, a discutir la propuesta de democratización y el adelanto de las elecciones.

“Estamos esperando en la voluntad política del presidente para que pueda responder. No hemos puesto un ultimátum, estamos abogando a la voluntad política que debe de manifestarse al pueblo nicaragüense, para que en realidad este diálogo nacional pueda ser eficaz, porque la fecha de las elecciones implica tener una meta clara sobre la cual vamos todos a caminar”, dijo entonces el obispo Álvarez.

Más tarde, el Gobierno calificó a los obispos católicos de “golpistas”, el mismo apelativo con que se refería a los manifestantes que exigían democracia y justicia.

“No esperábamos que nos tildaran de tal forma, porque nosotros siempre hemos sido muy francos. Si no mal recuerdo, el día que tuvimos la cita con el presidente de la República ahí nosotros le llegamos a plantear una agenda de democratización en un ambiente muy sereno”, dice el obispo de Matagalpa.

“Una cosa que nosotros siempre buscamos e insistimos en la mesa plenaria de esa primera fase del diálogo nacional, era que todo tenía que hacerse dentro de los márgenes de la Constitución, y esa fue una insistencia permanente. A la comisión de mediación y testigos llegaba todo tipo de ideas, pero eran ideas regidas por la Constitución; nosotros no imponíamos porque no era nuestra finalidad ni nuestro perfil, pero sí hacerles ver y tomar conciencia que no podíamos ir contra la Constitución Política, porque entonces estaríamos volviendo al círculo vicioso de irrespetar la Carta Magna del país”, afirma Álvarez.

Acusaciones y agresiones

Monseñor Mántica relata que hubo un primer momento en el diálogo cuando los representantes del Gobierno dijeron que los obispos se habían inclinado a favor de los opositores. “Le dije al señor canciller (Denis Moncada) que yo tenía mucho que hacer en mis tareas pastorales, que si no les gustaba nuestro trabajo, pues, nos retirábamos”, recuerda.

Luego, el 19 de julio de 2018, en la celebración partidaria del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) el presidente Ortega hizo énfasis en que los obispos eran “golpistas”.

Mántica comenta: “Yo le digo con el corazón en la mano que no quiero derrocar a este Gobierno, lo que quiero es un cambio en Nicaragua. La intención de nosotros no era derrocar al Gobierno. ¿Para qué?”.

El diálogo ya agonizaba. “Había un gran sentido de frustración, los días avanzaban, no se caminaba, los obispos presionaban diciendo que había una fecha de culminación, donde se tenía que ver resultados”, dice Mántica.

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El 9 de julio los obispos habían suspendido la negociación, después de ser agredidos por turbas y parapolicías (civiles armados) al servicio del Gobierno, en una iglesia de Diriamba, departamento de Carazo, de lo que fue testigo el nuncio Waldemar Stanilaw Sommertag.

El cardenal Brenes, quien encabezaba la misión con la intención de detener el asedio armado a la población civil, describió como “una cosa nunca antes vista en el país” esa agresión a los religiosos cuando entraban a la Basílica Menor de San Sebastián.

Monseñor Miguel Mántica estaba allí: “Me tocó acompañar a los obispos en dos ocasiones, al cardenal, a monseñor Silvio y al nuncio a Masaya y a Diriamba, donde había una situación crítica, donde tenían a una gente encerrada. Ir ahí fue una experiencia muy dura”.

“El señor nuncio fue clave ese día, quedé maravillado de la valentía de él. A un encapuchado (parapolicía), él le decía que no era pueblo de Nicaragua, pues, uno del pueblo de Nicaragua no anda encapuchado. Yo estaba asustado y nervioso, pues pensaba que le iba a pasar algo”, relata.

En la ciudad de Masaya, días antes, un francotirador apuntaba a los obispos, asegura Mántica: “Estuvimos debajo de un francotirador, viéndolo que estaba en una antena, sin saber a qué hora nos podía pegar el semillazo (disparo)”.

“En las marchas la gente me decía que no me metiera a los grupos para no exponerme, yo iba donde fuera porque no pensaba en lo que me podría pasar, era la oportunidad de que la Iglesia orara y se manifestara peregrinando y se dio un mensaje diciendo que la Iglesia estaba con el pueblo”, expresa.

En las calles de Masaya había corrido mucha sangre desde el 19 de abril y el sacerdote Edwin Román Calderón, párroco de la iglesia San Miguel, mediaba con frecuencia para que cesara la represión contra los manifestantes.

Román fue testigo de cómo un policía mató a Junior Gaitán, un adolescente de 15 años arrodillado, el 2 de junio de 2018. Dice tener presente las últimas palabras del muchacho pidiendo al policía que no le disparara.

“Recuerdo sus ojitos abiertos, pantalón bañado de sangre y su camiseta blanca ya sucia. El arma de él era solo una piedra, suplicó de rodillas ante su verdugo”, cuenta el sacerdote.

El joven había identificado al policía, afirma Román, y le suplicaba: “Loco, no me matés, si vos me conocés”.

“Este policía era conocido en el barrio de Junior. Ese día lloré mucho; monseñor Báez lloró conmigo al otro lado del teléfono al contarle”, rememora el religioso.

Mántica también tiene presente la imagen de un estudiante muerto en la Universidad Politécnica (Upoli), al inicio de las protestas en abril. “Vi una foto tan cruda, donde le entra una bala certera y cae muerto. Esa imagen, a mí me hizo entender que no se trataba de algo normal, que esto ya no iba a parar tan rápido, porque se había tocado un punto muy delicado, se había tocado a la juventud de Nicaragua y eso es algo que la gente no lo iba dejar pasar”, comenta.

Con instrucciones del cardenal Brenes, monseñor Mántica gestionó en varias ocasiones la libertad de jóvenes detenidos por la Policía. “Un día salí de El Chipote (cárcel) con un microbús detrás y nos fuimos a catedral con los jóvenes, fue muy emocionante ver a las familias abrazar a los muchachos que venían de la cárcel; además, era una experiencia muy triste ir a las cárceles y sentir el ambiente tan tenso”, reflexiona.

Dos días antes de iniciar el primer diálogo, el 14 de mayo de 2018, hubo 16 heridos, entre ellos cuatro menores de edad, por un ataque policial a manifestantes en el puente de Sébaco, Matagalpa, una situación que marcó al obispo Álvarez.

“Me fui a estar con la gente, a orar con ellos. Fue una visita que estuvo llena de paternidad, amor, oración y silencio de mi parte, porque en esos casos la mayor actitud era la de contemplar el dolor para poder experimentarlo en carne propia… No se puede pretender que la Iglesia se quede metida en la sacristía… Hemos tratado de vivir día a día sin discriminación, de puertas abiertas en vida y en muerte, por lo tanto, unos y otros saben que en catedral encuentran a la Iglesia madre”, explica.

El 3 de mayo, el sacerdote de Jinotepe, Juan de Dios García, denunció ser víctima de desprestigio y amenazas de muerte, y que el templo fue saqueado por simpatizantes del Gobierno. En el departamento de León, monseñor César Bosco Vivas, condenó la profanación de la capilla San Miguel Arcángel, calificándola como un ataque a la Iglesia. En esos días, el padre Abelardo Toval fue agredido en la parroquia leonesa San Juan Bautista; lo amordazaron, lo golpearon, le robaron y lo dejaron amarrado.

La misión sacerdotal

El padre Said analiza lo vivido en la Catedral de Managua el 20 de abril: “Pudimos cumplir lo que Dios nos manda, de estar cerca del que sufre, con el pobre, con el que es atropellado en sus derechos, eso es lo que Dios nos manda a hacer y eso es lo que la Iglesia trata de hacer”.

Sor Nohelí afirma: “No podíamos mandar a la calle a los jóvenes, obviamente se les abrieron las puertas y los acogimos aquí en la catedral, en su casa”.

El sacerdote Luis Herrera sentencia: “Que nos digan que no hubo nada de represión es una farsa, la verdad hay que decirla, aunque incomode”.

La noche del viernes 20 de abril en la catedral, sin servicio de energía y con varios heridos adentro, hacía un calor insoportable porque las puertas estaban cerradas por seguridad.

El padre Herrera insiste en lo sucedido horas antes ese día: “La policía entró de manera violenta disparando en los patios de la parte trasera de catedral, la policía decía que era mentira, pero un sacerdote que estaba en la sacristía filmó el video donde la policía aparece entrando y disparando. Eso nadie lo puede negar”.

Al amanecer los jóvenes lograron salir del templo, unos heridos y otros ilesos. Y para los sacerdotes, empezaban nuevos ataques. En la mañana del 29 de abril de 2018, un hombre armado a bordo de una moto irrumpió de forma violenta en la nave principal de la Catedral de Managua, poco antes del inicio de la misa de las ocho. Llegó hasta el presbiterio del templo y gritó de forma retadora: —“¿Quién es él quiere la paz?—”.

La Conferencia Episcopal emitió una declaración el 14 de julio de 2018, señalando la falta de voluntad política del Gobierno para dialogar y buscar procesos reales hacia la democracia. “Los representantes estatales han tergiversado el objetivo principal por el cual se instaló la mesa del diálogo nacional”, enfatizaron los obispos.

El 16 de julio, simpatizantes del Gobierno atacaron el vehículo del obispo Abelardo Mata, cuando este se dirigía a Nindirí, Masaya. El mismo día, en Sébaco, fueron quemadas las instalaciones de Cáritas de Nicaragua, el organismo de asistencia social de la Iglesia católica.

En el norte del país, las Diócesis de Jinotega y Matagalpa también fueron atacadas por gente afín al Gobierno, el 20 de julio, un día después que el presidente acusara a los obispos de ser cómplices de un golpe de Estado y apoyar a “terroristas”.

Monseñor Enrique Herrera, de Jinotega, denunció la profanación a uno de sus templos.

Mántica dice que, debido a las amenazas constantes, “monseñor Silvio (Báez) tuvo que cambiar al menos cuatro veces de número telefónico, él me llamaba y me decía que me daba su nuevo número, pero me pedía que no se lo diera a nadie. A mí me ponía nervioso tener el número de monseñor Silvio, hasta ese extremo llegó”.

El jueves 25 de octubre, Báez denunció públicamente que sufría una campaña de desprestigio, acoso y persecución. Dijo tener pruebas y confirmó que la Embajada estadounidense le había alertado de un atentado en su contra. Sin precisar el día, relató que entre junio y julio “recibí una llamada del Departamento de Política de la Embajada de los Estados Unidos, para decirme que tenían plena certeza que había un plan para asesinarme, que tuviera cuidado porque iba a ocurrir en los próximos días”.

Al sacerdote Mario Guevara, una mujer de origen ruso lo roció con ácido sulfúrico el 5 de diciembre en la Catedral de Managua, mientras él atendía a feligreses. El cura quedó con lesiones graves y Elis Leonidovna Gonn, la agresora, fue juzgada y sentenciada a 8 años de cárcel.

Después del ataque a los obispos en Diriamba, el 9 de julio de 2018, el primer diálogo quedó suspendido de forma indefinida, hasta en febrero de 2019 cuando el presidente Ortega volvió a convocar a una nueva negociación que inició el 27 de ese mes. Sin embargo, en esta nueva etapa la Conferencia Episcopal decidió quedarse al margen, indicando que era el momento de que asumieran los laicos.

Monseñor Rolando Álvarez considera que, 14 meses después de iniciada la crisis sociopolítica, “estamos viviendo un momento donde se puede definir el destino y el futuro de la nación”.

“No pierdan las esperanzas, pareciera contradictorio lo que digo, es tiempo para construir, estamos viviendo un tiempo en medio del dolor, sufrimiento y llanto que es para construir y edificar”, dice, y se pregunta: “¿Cuál es la Nicaragua que dejaremos a las generaciones que vienen?”.

La Iglesia católica también percibe que más ciudadanos acuden hoy a los templos y los eventos religiosos. “Nos quedamos, honestamente, sorprendidos porque se ha cuadruplicado y quintuplicado la cantidad de gente que está llegando ahora a las peregrinaciones”, asegura el obispo de Matagalpa.