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La continuación del diálogo entre la Alianza Cívica y el Gobierno de Nicaragua pende ahora de una evaluación de cuánto ha cumplido este los acuerdos suscritos en marzo pasado, más cuando la Organización de Estados Americanos (OEA) llama a que se reanude una negociación “efectiva y de buena fe” y haya un “cumplimiento pleno” de lo acordado.

“Estamos por ver cuál es la posición del Gobierno… Si rechaza la resolución (de la OEA), estaría oponiéndose a la negociación… La crisis continúa profundizándose día a día y solo un acuerdo político bilateral puede sacarnos de ella”, advierte José Pallais, negociador por la Alianza Cívica.

En su Asamblea General de Medellín, la OEA decidió el viernes crear una comisión que se encargará de realizar “gestiones diplomáticas al más alto nivel para procurar una solución pacífica y efectiva a la crisis política y social en Nicaragua y que rinda un informe en un plazo máximo de 75 días”.

En la resolución de este 28 de junio, el organismo interamericano señala que en Nicaragua falta avanzar “en reformas electorales que garanticen elecciones libres, justas, transparentes y legítimas”, un tema pendiente en la agenda del diálogo trabado desde el 20 de mayo pasado.

Carlos Tünnermann, de la Alianza, opina que el Gobierno nicaragüense recibe hoy más presión internacional para hacer funcionar el diálogo nacional, mientras la función de la Comisión de alto nivel que formará la OEA “no es sustituir la mesa de negociación, sino conversar con el régimen para encontrar una solución cívica y pacífica”.

Cómo volvieron a la mesa

Después de 227 días de paralizado el primer diálogo nacional, el Gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se volvieron a sentar en una mesa de negociación el miércoles 27 de febrero de 2019, con condiciones distintas a las del intento inicial de acuerdos para resolver una crisis sociopolítica que ya cumplía diez meses.

Una de las características del segundo diálogo fue la disminución de participantes. En el primero llegaron a estar hasta 50 representantes por cada lado. Ahora solo habría en la mesa seis negociadores por cada parte, con un suplente y un asesor que trabajarían en una sala contigua.

El presidente Daniel Ortega Saavedra, quien convocó el 21 de febrero a este segundo diálogo, pidió que se realizara “ya no con la multitud, ya no con esa multitud, tampoco con medios de comunicación; es que eso no es correcto”.

La Alianza Cívica respondió que asumía el reto “por una Nicaragua con justicia y democracia”, y que sus temas de agenda fundamentales serían: liberación de los presos políticos, restablecimiento de las libertades, derechos y garantías de todos los ciudadanos, ya establecidas en la Constitución Política del país; reformas electorales que garanticen elecciones justas, libres y transparentes; y justicia para más de 300 personas asesinadas durante la represión a las protestas antigubernamentales.

Carlos Tünnermann propone que haya “una verdadera comisión de la verdad” que ayude a aclarar la situación, para que haya “una verdadera reparación”.  Oscar Sánchez/END

El líder estudiantil Max Jerez, de la Alianza Cívica, explica que “en el primer diálogo (16 de mayo - 09 de julio de 2018), probablemente no estábamos preparados… En este segundo proceso de negociación sí… No fue creado con prisa, la metodología fue planificada, no estábamos viviendo lo que se vivió entre mayo y julio del año pasado, cuando sufríamos un proceso bastante intenso de violencia y muertes”.

Antes de aceptar el nuevo diálogo, el gobierno sandinista recibió el 14 de febrero la visita de Gonzalo Koncke, jefe de gabinete del secretario general de la OEA, Luis Almagro.

Se supo, por un comunicado de la OEA, que Koncke planteó a Ortega la liberación de los manifestantes encarcelados, la necesidad de avanzar en el proceso de reformas políticas y electorales y, para esto, considerar las recomendaciones del Sistema Interamericano.

La respuesta del Gobierno, en ese momento, fue que “las personas detenidas han sido objeto del debido proceso” y anunció su intención de “fortalecer el proceso político electoral hacia el 2021 en el marco de la Constitución y la ley”.

Dos días después, el 16 de febrero de 2019, Ortega recibió a una representación de los empresarios más influyentes del país: Carlos Pellas, Ramiro Ortiz Mayorga, Juan Sacasa, José Antonio Baltodano y Roberto Zamora, quienes le explicaron por qué urgía hacer una negociación incluyente, seria y franca, para poner fin a la crisis social, política y económica.

El embajador de El Vaticano en Nicaragua, el nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag y el arzobispo de Managua, cardenal Leopoldo Brenes, fueron testigos de esa conversación.

El canciller Denis Moncada Colindres se negó a conceder una entrevista a EL NUEVO DIARIO, sobre el segundo diálogo. EFE/END

Lo conseguido

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, considera que las dos negociaciones, la iniciada el 16 de mayo de 2018 y la del 27 de febrero de 2019, son distintas por el contexto en que se realizan. La primera, en medio de “violencia, violaciones a los derechos humanos, muerte y un país paralizado”; y la segunda, aunque aún con violaciones a los derechos humanos, “ya no estamos hablando de muertos, de heridos o de un país completamente paralizado, sino de un país con otro tipo de expresiones sobre la realidad económica, los exiliados, la justicia y las personas apresadas”, explica.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) nace con el primer diálogo y, según Aguerri, esa negociación dejó resultados importantes como la entrada al país de organismos internacionales claves: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (Oacnudh).

Carlos Tünnermann recuerda que “por la invitación de estos organismos de derechos humanos tuvimos un impasse; hasta que supimos que el Gobierno había entregado las cartas de invitación a estos organismos, se procedió a continuar con las negociaciones”.

Otro avance de la primera negociación, según Tünnermann, fueron las 15 recomendaciones de la CIDH, plasmadas en el informe preliminar de la visita que realizó a Nicaragua del 17 al 21 de mayo de 2018.

Sugirió entonces la instalación del Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y el arribo de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para investigar los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de ese año.

“El Gobierno no cumplió la mayoría de las recomendaciones, como cesar la represión o desarmar a los grupos paramilitares, pero cumplió permitiendo la instalación del Meseni y GIEI”, afirma Tünnermann.

José Adán Aguerri dice que los excarcelados, además de estar libres físicamente, deben estar libres jurídicamente. Oscar Sánchez/END

El Meseni y el GIEI permanecieron en Nicaragua hasta el 19 de diciembre de 2018, cuando el Gobierno canceló los permisos de estadía a las dos misiones.

Para Aguerri, el trabajo del Meseni y el GIEI permitió que, a partir de la suspensión del primer diálogo, se haya dado una “presión internacional constante y sistemática” basada en los informes de estos organismos, con evidencias de cómo el Gobierno cometió crímenes de lesa humanidad, graves violaciones a los derechos humanos, asesinatos extrajudiciales, detenciones y juicios ilegales y arbitrarios.

Esa presión internacional, entre julio de 2018 y febrero de 2019, permitió que se llegara al segundo diálogo con el Gobierno, asegura el presidente del Cosep.

En la nueva mesa de negociación todo ha sido más metodológico, la organización ha sido distinta y los negociadores menos efusivos, “pero tenemos la misma fuerza en decir y denunciar los problemas de la gente, las violaciones a los derechos humanos y la represión”, comenta el líder empresarial.

El Nuevo Diario intentó entrevistar al diputado sandinista José Figueroa, negociador por el Gobierno, pero él sugirió que habláramos con el jefe del equipo, el canciller Denis Moncada. Este atendió nuestra llamada y dijo que nos avisaría cuándo nos concedería la entrevista.

El 10 de junio llamamos al magistrado judicial Francisco Rosales, también negociador gubernamental, quien se negó a responder nuestras preguntas aduciendo falta de tiempo. Sin embargo, pidió que se las enviáramos por correo electrónico y nunca respondió.

El 12 de junio volvimos a llamar al canciller y su respuesta fue: “Mirá, lo que pasa es que yo tengo una agenda bastante apretada; entonces, no tengo tiempo de concederte entrevista… No tengo mucho tiempo, en otro momento”.

La ruta y los obispos

Hubo 39 sesiones de negociación entre la Alianza Cívica y el Gobierno, desde el 27 de febrero hasta el 16 de mayo de 2019, cuando se reunieron la última vez. El lunes 20 el diálogo quedó suspendido, a la espera de la liberación de todos los presos políticos, cuya fecha tope acordada era el 18 de junio.

Las conversaciones, realizadas en esta etapa en el campus del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae), iniciaron con la discusión de una “Hoja de Ruta” de la que aprobaron 9 de 16 puntos en los primeros siete días, enfocados en aspectos metodológicos y mecanismos de trabajo.

Este diálogo, con bastante discreción, parecía ir a lo concreto y sin demora. Tünnermann dice que la televisación del primer diálogo ocasionó retórica en distintos temas y algunos participantes estuvieron más atentos a la audiencia que a las propias conversaciones.

Aguerri comenta que, en ese sentido, “las lecciones aprendidas fueron que vos no podías ir a un diálogo grupal, sino un grupo pequeño que representara a todos los sectores y tenía que ser un diálogo no televisado; transparente en la medida de lo posible, pero no televisado”.

Aguerri dice que hacer una “Hoja de Ruta” y una agenda pre consensuada fueron aspectos que marcaron la diferencia entre ambos diálogos y ayudaron a la fluidez de las negociaciones. 

Max Jerez considera que el tema de la democracia será el más difícil de negociar con el gobierno. Oscar Sánchez/END

En la primera negociación “no había una agenda pre consensuada y tampoco una hoja de ruta, ahí lo que había era el tema que iba saliendo; entonces, estos elementos que fueron realmente diferentes, permitieron que todavía hoy, a pesar de que el diálogo está suspendido, esté vivo”, explica.

Una de las primeras acciones de la mesa de negociación fue enviar invitación formal a los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) y a representantes de la Iglesia evangélica, para participar en calidad de “testigos y acompañantes”.

El 8 de marzo, después de un día de reflexión, los obispos emitieron un comunicado rechazando la invitación a ser testigos y acompañantes del segundo diálogo.

“No estaremos presentes físicamente en el foro de negociaciones, pero acompañaremos como pastores en estos momentos cruciales para nuestra patria”, expresa la declaración de la CEN, y concluye con un llamado a que “los laicos asuman directamente la responsabilidad de gestionar en este momento las cosas temporales de la nación”.

Antes, la Iglesia evangélica había anunciado que informaría de su participación hasta el 10 de marzo, lo que dependería de si la Iglesia católica aceptaba asistir. Al final, no acudió.

Max Jerez dice que la Alianza nunca se opuso a la participación de la Iglesia evangélica, aunque haya sido propuesta por el Gobierno, porque la veían como parte de la representación de la cristiandad en el país. Sin embargo, cree que el Gobierno intentó de esa forma quitarle relevancia a la presencia de los jerarcas católicos.

Impases y pruebas

Luego de ocho sesiones de negociación, el 8 de marzo, las conversaciones entre el Gobierno y la Alianza entran en un impase, porque los opositores deciden reflexionar sobre su participación, considerando que los obispos optaron por quedarse al margen.

El 9 de marzo, la OEA informó que el lunes 11 llegaría a Managua Luis Ángel Rosadilla, enviado del secretario general Luis Almagro, para definir cuál sería su participación en el diálogo.

“A solicitud del Gobierno de Nicaragua, el señor Luis Ángel Rosadilla analizará, a partir del 11 de marzo, con los actores que participan en el Encuentro por el Entendimiento y Negociación por la Paz que lleva a cabo el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia la eventual participación de la SG (Secretaría General) OEA en dicha instancia”, indica un comunicado del organismo interamericano.

Ese mismo día, la Cancillería nicaragüense reveló los puntos de agenda que propuso en la mesa de negociación, incluyendo reformas electorales, justicia y reparación, y la petición a la comunidad internacional que elimine las sanciones a funcionarios del Gobierno nicaragüense señalados de violar los derechos humanos o cometer actos de corrupción.

Sin embargo, en esa agenda faltaba el adelanto de elecciones generales, una demanda de la oposición apoyada por varios países y la misma OEA.

En enero de 2019, el Consejo Permanente de la OEA empezó a discutir la posible aplicación de la Carta Democrática Interamericana al Gobierno de Nicaragua, en base al artículo 20 de este instrumento, y los Estados hicieron una “apreciación colectiva” de la crisis institucional de este país que dejó unos 325 muertos desde abril de 2018, según ha constatado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag, quien empezó a fungir como testigo, acompañante y garante internacional, igual que Rosadilla, ayudó a superar el desacuerdo y las conversaciones fueron reanudadas el 14 de marzo, bajo la promesa del gobierno de liberar el viernes 15 de marzo a “un núcleo apreciable de personas”, en referencia a manifestantes encarcelados.

La Alianza Cívica demandaba del Gobierno “muestras contundentes” de querer negociar, y en una comunicación conjunta revelaron que este acuerdo de liberación fue posible tras dos días de negociaciones en la Nunciatura Apostólica.

De forma unilateral, el 15 de marzo el Gobierno excarceló a 50 manifestantes, como prueba de “buena voluntad”. Sin embargo, los delegados de la oposición insistieron en que “no era un gesto suficiente” y siguieron demandando la absoluta libertad del resto de detenidos.

Tünnermann cuenta que cada vez que los negociadores de la Alianza se sentaban frente a los representantes del Gobierno, les decían que “el tema prioritario era la liberación de todos los presos políticos”.

Las negociaciones volvieron a estancarse el 16 de marzo, porque la Policía Nacional detuvo a más de 100 personas que intentaban manifestarse en demanda de la libertad de todos los presos políticos. La protesta había sido convocada por la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).

Todos los detenidos fueron liberados la noche del mismo 16 de marzo, por gestiones del Nuncio. Sin embargo, la Alianza insistió el lunes 19 en que el Gobierno debía dar “señales de buena voluntad y un ambiente propicio”, respetando el derecho de libre movilización y expresión de los nicaragüenses, para que continuaran las negociaciones.

El canciller Moncada calificó como “inconcebible, contradictoria e insólita la actitud de participantes en la mesa del diálogo que el sábado 16 de marzo formaron parte de una provocación y alteración del orden público y de la seguridad de las familias nicaragüenses que tienen derecho a la tranquilidad y a la paz”.

El Nuncio y los presos

El 19 de marzo se hizo pública una carta del secretario general de la OEA, expresando su voluntad de participar en estas segundas negociaciones, siempre y cuando el Gobierno de Nicaragua cumpliera con “la liberación de los presos políticos”.

“Tengo a bien informar que he designado como delegado en calidad de testigo y acompañante internacional en la mesa de negociación, al asesor especial, señor Luis Ángel Rosadilla. En cuanto a la designación de dos asesores, estos serán asignados por temas específicos. Como es de su conocimiento, para esta Secretaría resulta prioritaria la liberación de los presos políticos”, expresa la carta firmada por Luis Almagro con fecha 15 de marzo.

El 20 de marzo, el diálogo fue restablecido por las gestiones del nuncio y el delegado especial de la OEA. A la mesa de negociación llegó ese día una comunicación del Gobierno nicaragüense, sobre su decisión de liberar en un plazo no mayor de 90 días a todas las personas detenidas durante las protestas ciudadanas iniciadas el 18 de abril del 2018, conforme el ordenamiento jurídico del país.

Tünnermann resalta que el compromiso de liberar a los presos en un plazo de 90 días salió de la mesa de negociación, durante una reunión en la Nunciatura. “Ahí el Gobierno se comprometió a que en un plazo de 90 días se procedería a la liberación de todos los presos políticos”, asegura.

A propósito, indica que una de las diferencias y ventajas entre el primer diálogo y el segundo es que “ahora tenemos testigos y garantes internacionales, tenemos a la OEA y al representante del Vaticano”.

José Adán Aguerri afirma que el papel de la OEA y el Vaticano en la liberación de los presos políticos ha sido fundamental, para alcanzar un acuerdo de liberación total con un plazo que se vencía el 18 de junio de 2019.

La mesa aprobó la agenda de la negociación y enviaron una invitación formal a la Secretaría General de la OEA para retomar el trabajo en el tema de las reformas electorales, y una invitación al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para que participara del proceso de liberación de manifestantes.

Las negociaciones se centraron entonces en el proceso de liberación de los presos políticos, conciliación de listas, protocolos y cronogramas, aunque la oposición demandaba al gobierno que, como muestra de buena voluntad, realizara liberaciones antes del tiempo establecido.

El 27 de marzo, el Comité Internacional de la Cruz Roja confirmó su participación en el proceso de liberación.

Los acuerdos

El 29 de marzo, un día después de concluir el primer plazo para culminar las conversaciones, según la “Hoja de Ruta”, el Gobierno y la Alianza anunciaron la firma de dos acuerdos: uno sobre liberación de manifestantes estipulando un plazo de 90 días y otro para respetar los derechos constitucionales y fundamentales de la población, para que las personas pudieran manifestarse y expresarse con libertad, permitir la libre información y devolver todos los derechos y bienes a los medios de comunicación.

Con la firma de estos compromisos, el Gobierno nicaragüense estaba aceptando “que no cumple la Constitución Política de Nicaragua, porque en el acuerdo de respeto de derechos, libertades y garantías aceptan cosas inéditas como que el Gobierno se compromete a respetar el uso de la bandera de Nicaragua, es decir, reconoce que infringe la Constitución”, señala Jerez.

Los negociadores establecieron que el 3 de abril empezarían a discutir temas de justicia y democracia, en busca de un acuerdo.

Pero, llegado el día, la Alianza Cívica anunció que no negociaría los temas pendientes hasta que el Gobierno cumpliera los dos acuerdos firmados. En consecuencia, el diálogo cayó en otro impase.

Los testigos y garantes convocaron a las partes para el 22 de abril, con la intención de discutir una propuesta que aceleraría el cumplimiento de los acuerdos firmados y la reanudación de negociaciones sobre lo pendiente. Pero, este encuentro no fue posible y los testigos solo pudieron reunirse por separado con las partes, en busca de puntos de acercamiento para destrabar el diálogo.

El 23 de abril, Cristóbal Fernández, jefe del departamento de cooperación técnica electoral de la OEA, presentó a la Alianza Cívica y el Gobierno el plan de trabajo para desarrollar una propuesta de reforma electoral en Nicaragua.

Eso condujo a que las partes se volvieran a sentar frente a frente en el Incae, el 29 de abril.

No obstante, el 16 de mayo ocurre el peor de los impases de las conversaciones, según el doctor Carlos Tünnermann, porque el Gobierno “puso algo equivalente a la situación del primer diálogo con el levantamiento de los tranques (barricadas puestas por manifestantes)”.

Recuerda que los negociadores del Gobierno aceptaron la liberación de más de 160 presos políticos, y luego se levantaron de la mesa para hacer una consulta a la Presidencia. “Después de hora y media regresaron y dijeron que solo podían aceptar eso, siempre y cuando nosotros aceptáramos realizar un llamamiento para el cese de las sanciones internacionales”.

A criterio de Jerez, eso era inconcebible porque “no habían sido eliminadas las causas que originaron esas sanciones, además que no es responsabilidad de la Alianza levantar sanciones que la comunidad internacional ha impuesto; ese tema nos hizo perder mucho tiempo sin obtener resultados”.

Aguerri comenta que, en estas segundas conversaciones, “el Gobierno no podía desmontar por la fuerza dos tranques que lo presionaban a seguir en las conversaciones: la presión internacional y la caída económica, más la indignación de una parte de la ciudadanía nicaragüense que, aunque está limitada por la represión, está encendida y demandado justicia y democracia”.

Las liberaciones

El Gobierno realizó ocho excarcelaciones de manifestantes, según los comunicados del Ministerio de Gobernación, en el contexto del segundo diálogo.

A una parte de los detenidos les concedió medidas de convivencia familiar o casa por cárcel, y a los últimos les aplicó la Ley 996, de Amnistía. En total liberó a 492 manifestantes, pero, el Comité Pro Liberación de Presos Políticos afirma que aún quedan en la cárcel al menos 85 presos políticos.

La Alianza Cívica criticó la aprobación de la Ley de Amnistía, el 8 de junio de 2019, por iniciativa del gobierno apoyada por su mayoría en el parlamento, para liberar a los manifestantes encarcelados.

“Ellos (el Gobierno) eligieron la ruta de la amnistía porque simplemente de ahí obtendrían una auto amnistía, porque dicen que cualquier crimen o delito cometido a partir de abril de 2018 no sería investigados”, comenta Tünnermann.

Explica que “había otro camino para liberar a todos los presos, como las siete rutas jurídicas que presentaron y elaboraron juristas y penalistas nicaragüenses; permitían el mismo resultado de la liberación de los presos, la anulación de sus juicios, y aquellos que no tenían ningún proceso judicial”.

Tünnermann asegura que la excarcelación o liberación de estos presos “es consecuencia de los más de 100 días de negociación de este segundo diálogo”.

“No es una cuestión de regalías, de medidas unilaterales, un gesto del Gobierno Central. No”, enfatiza.

El presidente del Cosep concuerda con que las liberaciones de manifestantes se dieron porque “se inició un proceso de diálogo, es porque se inició esta negociación, es porque existió una conjugación de esfuerzos nacionales e internacionales; si no hubiera habido negociación, no sé qué hubiera pasado”.

Lo pendiente

Las negociaciones entre el Gobierno y la Alianza Cívica están suspendidas desde el 20 de mayo, según el registro de los opositores, pero estos consideran que el proceso sigue vivo.

La última reunión del diálogo ocurrió el 16 de mayo, el día que en la cárcel La Modelo mataron al preso político Eddy Montes, a quien le disparó uno de los custodios.

Los representante de la Alianza dijeron ese día que, para volver a sentarse a la mesa de negociación, era preciso que todos los manifestantes encarcelados fueran liberados y “que el círculo se cierre, hace falta el cierre de los procesos, tenemos que asegurar que se cierren los procesos de las personas que han sido excarceladas”, indica José Adán Aguerri.

“Los liberados bajo amnistía, que no solamente estén libres, sino que tengan sus libertades, garantías y derechos en pleno ejercicio, para asegurar que no solo están libres físicamente sino que estén libres jurídicamente”, añade.

“Lo que falta en estas negociaciones es también el cumplimiento del acuerdo de libertades, derechos y garantías, además de la construcción de un acuerdo de justicia y reformas electorales que permitan a su vez unas elecciones libres, justas, transparentes, vigiladas y con participación de todos los sectores que deseen adentrarse en la contienda electoral”, explica. 

Max Jerez, el líder estudiantil, considera que el tema de la democracia será el más difícil de negociar, porque “el Gobierno no estará dispuesto a ceder en el tema de adelanto de elecciones, no lo van a aceptar en primera instancia; entonces, creo que en el tema de la democratización, sin adelanto de elecciones, no tendría sentido lograr ningún acuerdo porque no estaríamos resolviendo el fondo de la crisis”.

Carlos Tünnermann resalta que para la Alianza “no es suficiente la Ley de Amnistía y creemos que debe haber justicia para las víctimas; creemos que debe haber una verdadera comisión de la verdad que nos ayude a aclarar la verdadera situación, tiene que haber una verdadera reparación… Y está la cuestión de las reformas electorales, para garantizar que los nicaragüenses tengan elecciones libres, justas, observadas y transparentes”.

Los negociadores

Por la Alianza Cívica, los negociadores titulares han sido Carlos Tünnermann, jurista y académico de trayectoria internacional; José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep); Max Jerez, representante de la Coalición Universitaria formada por cinco movimientos estudiantiles; Juan Sebastián Chamorro, director de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (Funides); José Pallais, jurista, ex vicecanciller y exdiputado; y Mario Arana, presidente de la Cámara Nicaragüense Americana (Amcham).

Por el Gobierno, los negociadores son Denis Moncada Colindres, canciller de la República; Francisco Rosales, magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); Luis Andino, presidente de la progubernamental Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN); José Figueroa, diputado del oficialista Frente Sandinista (FSLN); Wilfredo Navarro, ex militante de los partidos Liberal Independiente (PLI) y Liberal Constitucionalista (PLC) y hoy diputado del FSLN; y Edwin Castro, jefe de la bancada del FSLN en la Asamblea Nacional.