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Hace un mes la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) acordó crear una comisión de alto nivel que haga gestiones diplomáticas en busca de una solución a la situación política de Nicaragua, pero hasta hoy se desconoce cuándo dará el primer paso en ese sentido la presidencia del Consejo Permanente, a en este momento cargo del Estado de Grenada.

El Nuevo Diario habló con la embajadora de Argentina ante la OEA, Paula María Bertol, quien explica que el primer paso para la formación de la comisión para Nicaragua es que la presidenta del Consejo Permanente (CP), Yolande Smith, convoque a los grupos regionales a consultas.

“Creemos que están haciendo consultas, confiamos en que eso sea así. Sabemos que la presidenta del Grupo de Trabajo para Nicaragua (Jennifer Loten, de Canadá) estuvo reunida con ella (Smith) el fin de semana que llegamos de la Asamblea, para solicitarle que prontamente se constituya esa comisión”, dice Bertol.

“La situación en Nicaragua”, resolución aprobada por la Asamblea General de la OEA el 28 de junio de 2019, establece seis puntos en los que insta al Gobierno nicaragüense a reanudar las negociaciones con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), el pleno cumplimiento de los acuerdos de liberación de manifestantes encarcelados y la restitución de los derechos, libertades y garantías de los nicaragüenses, firmados en marzo durante la negociación suspendida el 16 de mayo pasado..

También solicita al Estado de Nicaragua permitir el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus mecanismos, además de otros mecanismos internacionales de derechos humanos, que el año pasado fueron retirados del país por decisión del Gobierno.

Los 75 días

La comisión que deberá crear el Consejo Permanente, como parte de la aplicación a Nicaragua del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, tendrá un plazo máximo de 75 días para rendir un informe sobre las “gestiones diplomáticas al más alto nivel para procurar una solución pacífica y efectiva a la crisis política y social” en este país centroamericano.

Bertol afirma que ese plazo empezaría en el momento que sea formada la comisión. Eso significa que, si es creada en esta última semana de julio, el informe sobre Nicaragua sería presentado al Consejo Permanente a mediados de octubre.

La embajadora de Argentina, Paula Bertol, dice que el plazo de 75 días empezaría en el momento que sea formada la Comisión para Nicaragua en el Consejo Permanente de la OEA. Archivo/END

La embajadora argentina señala que “no hay un tiempo” estipulado para que el Consejo Permanente llame a formar la comisión; sin embargo, “no pueden pasar muchos más días para ponerse a trabajar para constituir esta comisión para Nicaragua”.

“Estamos presionando para que la presidenta tome las medidas cuanto antes para llamar y convocar a la conformación”, enfatizó, refiriéndose al Grupo de Trabajo para Nicaragua que forman 12 países y preside Canadá.

Precisamente, la Resolución sobre Nicaragua aprobada por la Asamblea General en Medellín, Colombia, fue impulsada por la delegación de Canadá, encabezada por su representante permanente, Jennifer Loten.

Denis Moncada, canciller de Nicaragua.

Esta resolución obtuvo más de los votos necesarios para su aprobación; 20 a favor, 5 en contra y 8 abstenciones, entre estas la del Estado de Grenada que actualmente preside el Consejo Permanente.

El primer paso que debía dar la presidencia del CP, según Paula Bertol, era consultar a los cinco grupos regionales en la OEA: Estados Unidos, Canadá, Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y la Comunidad Caribeña (Caricom) o, en su defecto, a todos los países que integran el organismo

La comisión podría ser integrada por personalidades, sean secretarios de Estado, subsecretarios de Estado, vicecancilleres o cancilleres, no solo embajadores, explica Bertol.

“En estos días, esto es lo que nos va a ocupar, saber de cada país qué altas autoridades podrían ocupar un lugar en esa comisión”, dice la representante argentina. “No hay un número máximo o mínimo que debe tener la comisión, no lo dice la Resolución en absoluto, creo que vamos a apelar a la racionabilidad de todos nosotros para que sea un grupo que pueda tener diversidad de regiones”.

La 49 Asamblea General de la OEA aprobó en junio una resolución por la crisis de Nicaragua, en uno de sus puntos ordena al Consejo Permanente a crear una comisión de alto nivel para gestionar una solución en el país.Archivo/ENDLa resolución de Medellín sobre Nicaragua instruye al Consejo Permanente a que, una vez recibido el informe de la comisión, “adopte las medidas necesarias, incluida, si es el caso, la convocatoria a una sesión extraordinaria de la Asamblea General”, para continuar el proceso de la aplicación de la Carta Democrática.

Parte del avance

La comisión para el caso de Nicaragua, pendiente de ser creada, es parte de la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática, el que establece que los miembros de la OEA deben intentar todos los buenos oficios a su alcance, antes de aplicar el artículo 21 que especifica las sanciones y la posibilidad de que la nación nicaragüense quede fuera del organismo continental.

El Nuevo Diario se ve obligado a cambiar de formato

Bertol explica que la diferencia entre la comisión y el Grupo de Trabajo para Nicaragua, es que la comisión es parte del “avance” que hace el organismo en la “aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática”.

Considera que “no sería bueno para nadie” aplicarle a Nicaragua el artículo 21, con sanciones y la posible expulsión de este país de la OEA, y aboga por los buenos oficios de las gestiones diplomáticas en busca de una solución a la crisis sociopolítica, en la cual “los actores son todos los nicaragüenses”.

“Nosotros, desde acá estamos diciendo, bueno, sigamos, sigamos, el Grupo de Trabajo. Creo que después de conformarse la comisión, se va a ver cumplido un ciclo; mientras tanto, estamos en permanente contacto, reunión y no nos damos por vencidos porque queremos que eso funcione”, comenta Bertol.

Los votos

El Grupo de Trabajo, creado para resolver la crisis nicaragüense, tiene otra preocupación. “Nos parece que es muy acuciante resolver que vuelvan los derechos humanos a Nicaragua y, por eso, para nosotros no es un tema menor, es un tema que estipula la resolución y que debería concretarse ya porque eso está claro desde el momento en que se aprobó la resolución en la Asamblea. Por lo tanto, deben volver”, advierte la embajadora de Argentina en la OEA.

Hace más de un año, en la primera sesión del Consejo Permanente sobre el caso Nicaragua, el 22 de junio de 2018, la mayoría de embajadores en la OEA apoyaron a los nicaragüenses que exigían justicia, libertad y democracia.

El conflicto del país, originado por unas reformas a la seguridad social decretadas por el Gobierno a mediados de abril de 2018 y que desataron protestas ciudadanas, ha causado más de 300 muertos que en su momento comprobó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y expuso ante el pleno de la OEA.

Esta crisis de Nicaragua, que ya cumplió un año y tres meses, ha sido discutida en 12 sesiones extraordinarias del Consejo Permanente, más la Asamblea General de la OEA del 28 de junio de 2019.

En todo ese tiempo el gobierno de Daniel Ortega ha perdido el respaldo de la mayoría de los 35 miembros del organismo. Desde que la OEA desconoció al régimen de Nicolás Maduro, el 10 de enero de 2019, el nuevo embajador del presidente interino venezolano, Juan Guaidó, dio la espalda al Estado de Nicaragua. También perdió el voto de El Salvador, con la asunción del nuevo presidente Nayib Bukele, el 1 de junio de 2019.

En la Asamblea General de Medellín, solo votaron a favor del Gobierno de Nicaragua: Bolivia, Suriname, San Vicente y Las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, y la misma delegación oficial nicaragüense.

Se abstuvieron: Antigua y Barbuda, Belice, Barbados, Dominica, Grenada, Guatemala, República Dominicana y Trinidad y Tobago.

El primer acercamiento de la OEA a la situación sociopolítica nicaragüense inició durante el cuadragésimo octavo período ordinario de sesiones de la OEA, el 5 de junio de 2018, cuando la representación de Estados Unidos impulsó una declaración de apoyo al pueblo de Nicaragua, acogida por los estados miembros.

Miembros del Grupo de Trabajo para Nicaragua del Consejo Permanente de la OEA, creado en 2018 para abonar a una solución en Nicaragua, pero el Gobierno nicaragüense no permitió su ingreso.Archivo/ENDLuego, en la primera sesión extraordinaria, el 22 de junio de 2018, fue leída esa declaración de apoyo y se recibió el informe de los resultados y conclusiones de la visita de la CIDH del 17 al 21 de mayo de 2018.

Los estados llamaron al cese de los actos de violencia, intimidación y amenazas en Nicaragua, solicitando a todos los actores abstenerse de destruir la propiedad privada. También pidieron que el Gobierno y los otros sectores se comprometieran a buscar una solución pacífica y el fortalecimiento democrático de las instituciones.

Los primeros países en mostrar su rechazo a las acciones del Estado de Nicaragua fueron Estados Unidos, Chile, Argentina, Colombia, Costa Rica, México y Perú.

La OEA propuso brindar apoyo y asistencia al proceso de diálogo que se realizaba en Managua desde hacía 20 días, en el que los obispos de la Conferencia Episcopal eran testigos. La idea del organismo incluía garantizar una misión de observación electoral antes y durante los comicios, considerando la demanda de la oposición de adelantar las elecciones presidenciales previstas para el 2021.

El último mensaje

El 19 de julio de 2019, en la celebración del 40 aniversario de la revolución sandinista, el presidente Daniel Ortega Saavedra descartó la continuidad del diálogo con la Alianza Cívica y enfatizó que las próximas elecciones serán en el año 2021, dando por cerrada la posibilidad de adelantar los comicios, una exigencia de la oposición apoyada por la OEA.

La embajadora Paula María Bertol dice que el mensaje de Ortega también era para los miembros de la OEA y se debe “entender y evaluar las consecuencias de esa posición, si es una amenaza o si realmente se debe esperar” para ver qué sucede.

“Muchas veces, las personas dicen cosas para lograr otras; entonces, lo que hay que evaluar muy bien es si esa falta de diálogo que él anuncia, y si las fechas que él anunció, son definitivas o si atrás de eso también está el deseo de seguir negociando”, comenta la representante de Argentina en la OEA.

Reitera que como comunidad internacional están pendientes de lo que sucede en Nicaragua y en cualquier momento actuarán mediante los mecanismos internacionales a su alcance, razón por la que insisten en que se permita el retorno a Managua de las misiones de la CIDH y de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

“La comunidad internacional mira con atención lo que pasa en Nicaragua, con el gobierno de Ortega y Murillo y el trato que le está dando a sus ciudadanos”, advierte Bertol, quien ha sido muy activa en el Grupo de Trabajo de la OEA.

El Grupo de Trabajo del Consejo Permanente para Nicaragua fue creado mediante resolución el 2 de agosto de 2018, con el mandato de contribuir a la búsqueda de soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se registra en Nicaragua, incluso por medio de consultas con el Gobierno de Nicaragua.

El Grupo de Trabajo del Consejo Permanente para Nicaragua fue creado mediante resolución el 2 de agosto de 2018. Archivo/ENDLa resolución precisa que este Grupo de Trabajo “coadyuvará al proceso de diálogo nacional en Nicaragua, incluyendo medidas de apoyo, acompañamiento y verificación en coordinación con los esfuerzos en curso de la OEA, del SICA y de otros actores regionales e internacionales”.

Sin embargo, el Gobierno nicaragüense desconoció al Grupo de Trabajo y prohibió su entrada a Nicaragua.

Los Estados miembros del Grupo de Trabajo del Consejo Permanente para Nicaragua, son: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, México, Panamá y Perú.

Un informe clave

El primer informe de la CIDH ante el Consejo Permanente, en junio de 2018, concluyó en que el Estado de Nicaragua violó los derechos a la vida, integridad personal, salud, libertad de expresión y acceso a la justicia.

La OEA presentó otro informe, sobre el avance del acuerdo con el Gobierno nicaragüense para hacer reformas electorales concebidas tras las elecciones municipales de 2017, y dadas las circunstancias del país en 2018 se empezó a considerar en este organismo la posibilidad del adelanto de elecciones.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que Nicaragua necesitaba una respuesta política en la que “debe prevalecer la voluntad popular” y “la respuesta debe ser pronto, porque el tiempo va en contra de Nicaragua, porque más tiempo significa más represión, más violencia, más muertes”.

En esa sesión, el canciller nicaragüense Denis Moncada intentó deslegitimar el informe de la CIDH calificándolo de “subjetivo, sesgado y parcializado”.

“No es política del Estado de Nicaragua violar los derechos humanos”, dijo Moncada e insistió en que las protestas ciudadanas buscaban derrocar por la vía de hecho al gobierno de Ortega. La sesión, en la que no se votó por ninguna resolución, culminó con la solicitud de que la CIDH informara lo más pronto posible del desarrollo de la situación nicaragüense.

La ruta de las urnas

La presidenta del Consejo Permanente, embajadora costarricense Rita María Hernández Bolaños, convocó a una sesión extraordinaria el 11 de julio de 2018 para tratar la situación nicaragüense con el fin de conocer las últimas actividades de la CIDH, la instalación del Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Las dos misiones se habían instalado en Managua el 24 de junio de 2018, por un acuerdo con el Gobierno firmado el 30 de mayo de 2018, como apoyo a las investigaciones de los actos de violencia y la identificación de los responsables, además de desarrollar un Plan de Atención a las Víctimas.

La CIDH informó entonces de su preocupación por el aumento de la cantidad de personas asesinadas durante las protestas, las cuales ya sumaban 264, más 1800 heridos.

El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, afirmó que continuaban las violaciones a los derechos humanos con nuevas actividades represivas, como la operación limpieza, indicando que esta había dejado al menos 20 personas muertas.

También denunció la criminalización de las manifestaciones ciudadanas, asegurando que unas 160 personas habrían sido detenidas hasta ese momento; y remarcó las agresiones contra periodistas y sacerdotes, el 09 de julio de 2018, ejecutadas por grupos parapoliciales en la Basílica de San Sebastián, de Diriamba.

Colombia, México y Estados Unidos condenaron de forma enérgica esos hechos, y Costa Rica destacó que esa situación también afectaba a los países de Centroamérica en términos económicos y migratorios, por lo que demandó una pronta respuesta al problema de Nicaragua.

La representación de Washington responsabilizó al Estado de Nicaragua de las violaciones a los derechos humanos. “El gobierno de Ortega cada día renueva su directriz de matar personas para permanecer en el poder. Existe la necesidad de una reforma democrática urgente. Seguimos apoyando el diálogo”, dijo el embajador estadounidense Carlos Trujillo.

Almagro abogó por buscar la vía electoral en Nicaragua, sugiriendo trasladar “el conflicto de las armas a las urnas”. Elecciones adelantadas, libres y transparentes, propuso la OEA ese día.

El canciller Moncada respondió que “cualquier ruta que diseñemos pasa por el respeto a la Constitución Política de Nicaragua, al ordenamiento jurídico y el estado de derecho; no se puede intentar resolver una situación si los países amigos nos piden que rompamos la Constitución”.

El día del ataque a la UNAN

El 13 de julio de 2018 hubo otra sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, a solicitud de las delegaciones de Argentina, Canadá, Chile, Perú y Estados Unidos; y antes de que iniciara la sesión, un grupo de nicaragüenses se plantó frente a la sede de la OEA demandando libertad, justicia y democracia para su país.

El canciller Moncada llegó retrasado al encuentro y el embajador nicaragüense, Luis Alvarado, tomó la palabra para expresar su oposición a la celebración de esta sesión. “No se justifica la pretensión de querer reeditar la sesión anterior (del miércoles 11 de julio) y se quiera hacer caso omiso de los hechos cometidos por los grupos terroristas”, expresó, logrando el apoyo de Venezuela, pero el orden del día fue aprobado por la insistencia de representaciones de otros Estados.

La delegación de Argentina anunció que leería una propuesta de resolución que sería abordada la semana siguiente, el 18 de julio de 2018, pero fue interrumpida en siete ocasiones por la delegación de Venezuela que pretendía impedirlo.

La propuesta, leída por Paula Bertol, resaltaba el apoyo al diálogo nacional en Nicaragua, reiteraba la condena por actos de violencia, abusos contra derechos humanos y solicitaba identificar a los responsables de estos abusos, condenar los ataques contra la Iglesia católica y el hostigamiento a obispos. Al final instaba al Gobierno y todas las partes a participar de buena fe en el diálogo y colaborar con la secretaría de la OEA en los esfuerzos para mejorar el tema institucional.

Almagro intervino para denunciar que en esos momentos en Nicaragua fuerzas pro gubernamentales estaban atacando a estudiantes en la Universidad Nacional Autónoma (UNAN-Managua). “Es necesario que se detenga el tiroteo contra los estudiantes”, enfatizó.

“El Estado está para proteger los derechos de la gente y no para avasallarlos. Lo peor que le puede pasar a Nicaragua es seguir muriendo. Nuestra propuesta de elecciones sigue siendo el camino a la paz”, afirmó el secretario general de la OEA.

El canciller Moncada, casi al finalizar la sesión, rechazó la propuesta de adelantar elecciones y denunció la muerte de cuatro policías en el municipio Morrito, en el departamento de Río San Juan, calificando de “terrorista” al líder campesino Medardo Mairena, quien después fue encarcelado y acusado de dirigir ese ataque a los policías, a pesar de que sus abogados demostraron que ese día Mairena estaba en Managua.

Una de las sesiones extraordinarias más extensas del Consejo Permanente, con una duración de seis horas, fue la del 18 de julio de 2018, solicitada por Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú y Estados Unidos para discutir y someter a votación la resolución “La situación de Nicaragua”.

Fue un virtual campo de batalla diplomático. El canciller Moncada, apoyado por las delegaciones de Bolivia y Venezuela, retrasó por más de 15 minutos la aprobación del orden del día con una contrapropuesta de resolución, titulada “Restitución de la Paz en Nicaragua”, que pedía leer antes de la aprobación del orden del día.

Paulo Abrao presentó el último informe, destacando que el número de fallecidos en las protestas ya ascendía a 325, más de 300 manifestantes detenidos y 200 profesionales despedidos del Estado. Archivo/ENDSolicitaba condenar los actos de violencia contra la policía, el impedimento de la libre movilización causado por los tranques de los protestantes antigubernamentales y apoyar al Gobierno de Nicaragua, pero la votación del Consejo fue adversa. Solo hubo tres votos a favor, 20 en contra, ocho abstenciones y tres ausentes.

La condena

Ese 18 de julio, la resolución contra el Gobierno nicaragüense propuesta por siete Estados, a la que se sumó Brasil, fue aprobada por 21 miembros del Consejo Permanente, siete se abstuvieron, tres estuvieron ausentes y tres votaron en contra.

Eran ocho puntos en los que la mayoría reiteraba su enérgica condena a los actos de violencia, represión, violaciones a los derechos humanos y abusos en Nicaragua, incluyendo los cometidos por policías, grupos parapoliciales y otros actores, en contra del pueblo nicaragüense. La resolución exigía identificar a los responsables y desmantelar los grupos parapoliciales.

Las delegaciones estuvieron tres horas debatiendo procedimientos, porque Bolivia, Venezuela y Nicaragua rechazaban que se sometieran a votación las enmiendas propuestas, y el canciller Moncada insistía en que la contrapropuesta de resolución del Gobierno nicaragüense fuera leída antes de la propuesta de las siete delegaciones.

Un mes después, el 02 de agosto de 2018, el Consejo Permanente de la OEA hizo otra sesión extraordinaria, a petición de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México y Perú, para formar un Grupo de Trabajo.

Este grupo ha presentado tres informes sobre su gestión: el 12 de septiembre, 19 de octubre y 07 de diciembre de 2018, destacando sus reuniones con la Secretaría General de la OEA, CIDH, GIEI, SICA, ONU, Acnur, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Unión Europea, Cejil, Banco Mundial, representantes de la sociedad civil nicaragüense, Funides, Diálogo Interamericano, Centro Wilson y líderes de la Alianza Cívica.

A solicitud del Grupo de Trabajo, el 12 de septiembre se celebró una sesión extraordinaria para abordar los “eventos recientes en Nicaragua”. Allí expresó su preocupación por el retiro de la invitación a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) y se instó a Nicaragua a cumplir el compromiso de apoyar el trabajo de los mecanismos de la CIDH en este país.

En esa sesión se aprobó la resolución “Acontecimientos recientes en Nicaragua”, con 19 votos a favor, 4 en contra y 9 abstenciones. En ella se solicita el restablecimiento del diálogo nacional y el acogimiento de un calendario electoral, en el que se programe el adelanto de elecciones.

El Gobierno de Nicaragua, representado en esa sesión por Luis Alvarado, calificó la resolución del Consejo Permanente como “injerencista” e irrespetuosa de la soberanía, y reiteró que el Grupo de Trabajo no era bienvenido en Nicaragua por haber sido creado por un organismo de Estados Unidos.

Al mes siguiente, el 19 de octubre de 2018, a solicitud del Grupo se celebró otra sesión extraordinaria y la CIDH expuso su inquietud por la represión gubernamental, la violencia, las detenciones arbitrarias y la privación ilegal de la libertad de los ciudadanos.

Paulo Abrao presentó el último informe, destacando que el número de fallecidos en las protestas ya ascendía a 325, más de 300 manifestantes detenidos y 200 profesionales despedidos del Estado.

Explicó que Nicaragua estaba pasando por la fase de criminalización, posterior a la de “limpieza de tranques”, lo que estaba ocasionando el desplazamiento forzado por la persecución a defensores de derechos humanos, manifestantes y periodistas.

El embajador nicaragüense Luis Alvarado reaccionó: “No reconocemos al Grupo de Trabajo y, por ende, no reconocemos su informe. No permitiremos que nos arrebaten la paz, que se clame justicia para las víctimas del terrorismo”.

La delegación de Perú enfatizó: “No se puede esgrimir soberanía para infringir el respeto a los derechos humanos”.

El secretario general de la OEA señaló, por primera vez, la posibilidad de aplicar a Nicaragua el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. “La continuidad de la represión obligará a recurrir al Artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana”, sentenció Almagro.

Los hallazgos del GIEI, expuestos por Esmeralda Trotino, demuestran delitos de lesa humanidad, asesinatos extrajudiciales, uso de grupos parapoliciales, masivas detenciones ilegales, torturas, cierre de medios de comunicación. Archivo/ENDEl 27 de diciembre de 2018, en sesión extraordinaria convocada a solicitud de Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Argentina, Perú y Estados Unidos, fue presentado el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), que abarca hechos de violencia ocurridos del 18 de abril al 30 de mayo en Nicaragua.

Los hallazgos del GIEI, expuestos por Esmeralda Trotino, demuestran delitos de lesa humanidad, asesinatos extrajudiciales, uso de grupos parapoliciales, masivas detenciones ilegales, torturas, cierre de medios de comunicación, criminalización de periodistas, manifestantes y defensores de derechos humanos.

Colombia denunció ese día que en Nicaragua “disentir se ha convertido en un delito”; y Argentina indicó que se estaba reflejando el “terrorismo de Estado”.