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Después que la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) decidiera crear una comisión de alto nivel para ayudar a resolver la crisis sociopolítica de Nicaragua, el pasado 28 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) empezó a elaborar una propuesta de agenda para un eventual regreso a este país centroamericano.

La CIDH tiene “mucho que aportar en los procesos de reconstrucción de memorias, verdad, justicia y reparación” en Nicaragua, afirma Antonia Urrejola Noguera, segunda vicepresidenta de este organismo y relatora para la nación nicaragüense.

La resolución de la OEA, en su Asamblea General de Medellín, plantea “insistir en la necesidad de que el Gobierno de Nicaragua permita el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus mecanismos, así como de otros mecanismos internacionales de derechos humanos”.

Por eso, entre los temas que la CIDH considera venir a tratar a Managua, están “la excarcelación de todos los presos políticos, la implementación de condiciones para el retorno seguro de los exiliados y la asistencia y capacitación en materia del derecho internacional de los derechos humanos para funcionarios estatales, personas defensoras de derechos humanos y sociedad civil en general”, indica la relatora.

La misma resolución de la OEA insta “a la reanudación de la negociación efectiva y de buena fe entre el Gobierno de Nicaragua y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y al cumplimiento pleno de los acuerdos alcanzados” en marzo pasado.

Sin embargo, 32 días después de esa declaración, el Gobierno dio por finalizado el diálogo con la Alianza Cívica en una carta que envió al secretario general de la OEA, Luis Almagro, con copia a El Vaticano.

La reacción inmediata de la CIDH consistió en recordar que “el diálogo democrático es un elemento indispensable en las reformas institucionales que requiere Nicaragua para superar la crisis, conforme a los estándares de no repetición que obliga al Estado frente al derecho internacional”.

Representantes de la CIDH, con madres que reclamaban la libertad de sus hijos en la cárcel El Chipote. Oscar Sánchez/END

Luego señaló que “el deterioro estructural de la democracia en Nicaragua, en particular la falta de independencia de poderes públicos, ha sido un factor fundamental para mantener la represión sobre manifestantes opositores, defensores y defensoras de derechos humanos”.

¿Qué hizo en 2018?

La estudiante de la Universidad Centroamericana (UCA), Judith Belén Mairena, buscó la protección de la CIDH tras la etapa más fuerte de las protestas antigubernamentales iniciadas en abril de 2018. “Habíamos tenido persecución, como la mayoría habíamos andado en los levantamientos; a mí me perseguían, con mi familia… Cuando iba a la iglesia, cuando iba sola, siempre me perseguían en un vehículo. Decidí poner la denuncia en la CIDH”, recuerda.

A Mildred Rayo Ramírez, de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), la CIHD le otorgó medidas cautelares, igual que a otros estudiantes, por haber participado en el diálogo nacional iniciado en mayo de 2018 y quedar expuesta a represalias del Gobierno.

Sin embargo, Mildred fue retenida por las autoridades en el aeropuerto de Managua cuando se disponía a tomar un vuelo. “Me retuvieron como 30 minutos aproximadamente, por la misma cuestión de que la CIDH me dio medidas cautelares, y fue por eso, porque en el aeropuerto ellos lo comentaron”, relata Rayo.

Entonces, este organismo internacional “andaba recopilando toda la información posible de todas las personas que sufrieron daños y fueron víctimas del Gobierno. No íbamos en plan demanda, si no en plan denuncia, no era como que esperábamos una respuesta inmediata”, explica Mairena.

“Sería genial que retornen”, dice Mildred Rayo, “porque aún hay casos de asesinatos y secuestros que no están claros, que ni se sabe lo que pasó con ellos; casos de campesinos, de jóvenes que participaron en marchas. Este grupo que posiblemente vuelva va a poder estudiar estos casos, va a poder analizar y dar continuidad con las denuncias de las víctimas”.

Delegación de la CIDH en conferencia de prensa en Managua. Archivo/Oscar Sánchez/END

Cuando las misiones de la CIDH tuvieron que salir de Nicaragua en diciembre de 2018, porque el Gobierno les canceló los permisos de estadía, hubo temor entre los jóvenes que participaron en las protestas. “Todos estábamos en shock”, afirma Judith Mairena. “Recuerdo ese día porque temíamos más en ese momento que antes; decíamos que si nos seguían atacando y acosando con ese organismo de protección dentro del país, iba a ser peor sin ellos”.

Apoyo al estado

Urrejola hace énfasis en la importancia de darle asistencia técnica al Estado de Nicaragua, por ejemplo, en cómo mejorar el sistema de justicia en materia de derechos humanos y el desarrollo de “reformas para conseguir su plena independencia y autonomía”.

Otro punto en la agenda de la CIDH es la confianza de las víctimas en que habrá justicia. “En cualquier proceso de diálogo que busque la construcción de una solución pacífica, democrática y constitucional a la grave crisis de derechos humanos que vive el país, la participación de las víctimas es primordial, ellas deben ser oídas y creo que nuestra presencia en el país, para ellas, es un factor que genera confianza”, explica la relatora.

La CIDH llegó a Nicaragua en mayo de 2018, amparada por una carta suscrita el 13 de ese mes por el canciller nicaragüense Denis Moncada, quien la dirigió al secretario ejecutivo de la comisión, Paulo Abrao.

Judith Belén Mairena y Mildred Rayo Ramírez, estudiantes que presentaron denuncias ante la misión de la CIDH.  Orlando Valenzuela/END

Así, el Gobierno de Nicaragua daba la autorización para que una misión de la CIDH realizara una visita al país, de carácter preliminar, del 17 al 21 de mayo, para conocer la situación de los derechos humanos.

La respuesta del Gobierno ocurrió después de tres solicitudes de ese organismo de la OEA, pidiendo ingresar a Nicaragua. Antonia Urrejola recuerda que recién iniciadas las protestas, la CIDH manifestó públicamente su preocupación por las muertes y el uso desproporcionado de la fuerza de parte de la policía.

Las protestas ciudadanas contra el gobierno de Daniel Ortega empezaron el miércoles 18 de abril y al culminar el día 20 ya había 25 muertos por causa de la represión a los manifestantes.

“La CIDH llevaba bastante tiempo sin realizar una visita al país y, además, el Estado llevaba más de dos años sin participar en las audiencias de la CIDH, por lo que estábamos conscientes de que el tema no sería fácil”, relata Urrejola. “Ante la primera solicitud de visita, el Estado de Nicaragua nos solicitó aguardar el avance de los procesos internos”.

Después, el Gobierno nicaragüense les propuso que la visita fuese para dar apoyo técnico a la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, de corte oficialista.

Miembros de la CIDH durnate su visita en Nicaragua el año pasado. Archivo/END

La CIDH insistió en algo más amplio. “Dados los cuestionamientos presentados por la sociedad civil sobre la independencia y autonomía de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, la CIDH consideró de la mayor importancia conducir previamente una visita de trabajo al país, sostener reuniones con autoridades, pero también con diversos sectores de la sociedad civil, para hacer una evaluación y un diagnóstico serio, y de esa manera considerar la pertinencia de prestar el asesoramiento técnico”, dice Urrejola.

Casos dolorosos

Entre los primeros testimonios recabados por la CIDH en Nicaragua están los de las madres de jóvenes muertos. Francisca Machado Dávila les mostró un video que circuló en redes sociales, en el que se ve cómo el cuerpo del joven Franco Valdivia es arrastrado por encapuchados en el parque central de la ciudad de Estelí el 20 de abril de 2018. Era su hijo.

Francisca confiesa que ver ese video le causa mucho dolor, pero considera que por esas imágenes el caso de su hijo ha sido denunciado internacionalmente por la CIDH y espera que se le haga justicia algún día.

A los miembros de la CIDH les negaron la entrada al juicio por la muerte del periodista Ángel Gahona. Archivo/END

“Nosotros decidimos ir a poner la denuncia porque aquí con las autoridades de Estelí no obtuvimos ninguna respuesta. Fuimos a la Policía, a la Fiscalía y no obtuvimos nada; nos mandaron a hacer la autopsia y no nos dieron nada. Nos sentimos con la necesidad de ir a poner la denuncia con ellos (CIDH) para obtener más respaldo y para que nos apoyaran en lo que ellos pudieran para buscar la justicia”, relata Francisca a El Nuevo Diario.

“A nosotros nadie nos invitó a poner la denuncia”, agrega. “Salí de Estelí con mi hija por cuenta propia a poner la denuncia, en ese momento nos sentimos confiadas y con gran esperanza de encontrar lo que no nos dieron las autoridades de Estelí. Nos recibieron las pruebas que nosotros llevábamos”.

A Franco Valdivia lo mataron con un disparo de arma de fuego el 20 de abril de 2018, igual que al también universitario Orlando Pérez. Más de un año después, ninguna persona ha sido detenida ni procesada por esas muertes.

Francisca dice que tras presentar la denuncia ante la CIDH, “sentí que iba a tener a alguien que nos iba a apoyar en encontrar esa verdad que necesitamos nosotros, los familiares; ellos se llevaron toda la documentación, nos sentimos bien, se fueron sabiendo lo que nosotros sentíamos, lo que pasó ese día que me asesinaron a Franco”.

“Me sentí mal al ver el video en el reporte, como madre; pero, bien porque estaban visibilizando la verdad, porque todo lo que ellos presentaron en el informe era la verdad viva, dicha por nosotros que poníamos la denuncia”, comenta.

La madre de Franco Valdivia, uno de los 325 muertos en las protestas registrados por la CIDH, considera importante que este organismo vuelva a Nicaragua “y así nos ayuden a aclarar todo”.

“Yo estoy confiando que las organizaciones internacionales nos ayuden a saber la verdad y encontrarla; es lo que más necesitamos. Eso me mata por dentro, al no saber quién fue el asesino de mi hijo, saber que los culpables pueden andar libres y tranquilos; eso me duele más”, expresa Francisca Machado Dávila.

Las impresiones

Desde su aterrizaje en Managua, el 17 de mayo, la misión de la CIDH fue estremecida por la situación del país. “Fueron varias cosas las que me impactaron y que compartimos con el resto del equipo”, rememora Antonia Urrejola. “Primero, el nivel de la crisis que había en el país; la falta de confianza absoluta en las instituciones, mucho más allá del Gobierno; falta de confianza en el Poder Judicial, el Instituto médico legal, la Policía, toda la institucionalidad; cero confianza”.

Con Urrejola, relatora para Nicaragua, llegó el comisionado Joel Hernández, relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad; el comisionado Francisco Eguiguren, relator sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos; y personal de apoyo.

Ella admite la sorpresa que les causó conocer a los manifestantes que iniciaron la rebelión: “Muchachos y muchachas muy jóvenes, que no eran militantes ni activistas políticos, que de repente se encontraron envueltos en una protesta social, algunos defendiendo a los adultos mayores que fueron reprimidos por lo de las reformas al seguro social, otros por temas ambientales… De repente reaccionaron simplemente por la gravísima represión de parte del Estado; los jóvenes tenían miedo, pero también mucho coraje. Ellos y ellas me impactaron mucho, hasta el día de hoy”.

En el caso de las Madres de Abril, como se le conoce a las mujeres que perdieron a sus hijos en las protestas, Urrejola dice: “Cuando me reuní con ellas y escuché el testimonio, cada una llevaba la foto de su hijo, contaban quién era su hijo, qué hacía el día que lo mataron; es un desgarro que llevo conmigo”.

A esa misión de la CIDH también le impresionó la apertura del Gobierno, en la primera visita, porque se reunieron con quienes quisieron, visitaron los lugares que se propusieron y recibieron información. Pero, esa actitud permisiva de las autoridades “cambió bastante en mi segunda visita y hoy, lamentablemente, es completamente lo contrario”, dice la relatora.

Paulo Abrao. Archivo/END

La CIDH expuso entonces a la comunidad internacional “la clara violación de los derechos humanos” en Nicaragua, y a partir de entonces, “creo que hay un antes y un después en cuanto a la respuesta de la comunidad internacional, en relación a lo que estaba sucediendo en el país”, asegura Urrejola.

La justicia

La Asamblea Nacional nicaragüense aprobó el sábado 8 de junio de 2019 una ley de amnistía para “perdonar” a todas las personas que cometieron “algún delito” durante las protestas antigubernamentales, a partir de abril del 2018. También incluye perdón y olvido para todos los delitos cometidos desde el Estado.

Antonia Urrejola señala que con esta amnistía se pretendería “impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de derechos humanos”, contraviniendo “derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

Bajo esa Ley de Amnistía, el 23 de julio de 2019 el Poder Judicial de Nicaragua dejó en libertad al autor de la muerte de una estudiante brasileña residente en Managua, Raynéia Gabrielle Lima. Se trata del exmilitar Pierson Adán Gutiérrez Solís, quien disparó con un arma de guerra contra el automóvil que conducía Lima, la noche del 23 de julio de 2018, cuando Managua estaba virtualmente sitiada por civiles armados pro-Gobierno que habían reprimido a balazos a los protestantes.

Sobre la liberación de Gutiérrez, el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, alertó de inmediato que “las violaciones graves de derechos humanos no pueden ser sometidas a un procedimiento de amnistía” y “este es un estándar legal interamericano consolidado en diferentes decisiones de la Corte”.

Urrejola señala que, por eso, “las leyes de amnistía que sean incompatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos carecen de efectos jurídicos”.

“La experiencia en la región es que en aquellos países donde se dictaron leyes de amnistía de estas características, posconflictos armandos o posdictaduras, ellas finalmente han sido invalidadas a través de distintos mecanismos judiciales o legislativos”, explica.

Cita un caso reciente en Italia, donde condenaron a más de 24 perpetradores de crímenes de lesa humanidad de varios países de América del Sur, quienes secuestraron y desaparecieron a opositores durante las dictaduras militares. “Siempre, de alguna manera, aunque tarde, el sistema logra hacer justicia”, reflexiona.

¿Qué opciones tienen los nicaragüenses que buscan justicia y no la pueden obtener dentro del país? La CIDH tiene un sistema de peticiones y casos, mediante el cual esas personas pueden denunciar al Estado por la violación de un derecho humano determinado, indica Urrejola.

“Hay un conjunto de requisitos y un procedimiento determinado, pero esa es una vía”, explica. “La Corte Penal Internacional es otra vía, que busca establecer responsabilidades individuales cuando se cometen crímenes de lesa humanidad, pero Nicaragua no ha ratificado el Estatuto de Roma y, por tanto, la Corte no tiene competencia para conocer de casos de este país, salvo bajo unos supuestos que implica que sea el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas quien remita el caso a la Corte”.

Boanerges Fornos, el abogado que atendió el caso del periodista Ángel Gahona, asesinado el 21 de abril de 2018 durante una protesta en la ciudad de Bluefields, señala que el Código Penal de Nicaragua reconoce los delitos de lesa humanidad a partir de su artículo 486 y para juzgar estos casos se puede aplicar “el principio de universalidad” establecido en el artículo 16 del mismo código.

Por ejemplo, el artículo 486 define la tortura como el sometimiento a otra persona “a cualquier tipo de tortura física o psíquica con fines de investigación penal, como medio intimidatorio, castigo personal, medida preventiva, pena o cualquier otro fin”.

El Principio de Universalidad, fijado en la legislación de Nicaragua, especifica que las leyes penales del país “serán también aplicables a los nicaragüenses o extranjeros que hayan cometido fuera del territorio nacional” delitos contra el orden internacional.

“En base a ese principio, probablemente un nicaragüense que se considere víctima y afectado puede acudir ante las autoridades de otro estado, americano o europeo que tenga retomado este principio”, explica Fornos.

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“Por supuesto, tendrá que llevar las pruebas que acrediten que ese hecho existió, que las personas que ellos indiquen como responsables fueron quienes participaron y que obviamente ella es una víctima en un sistema de justicia internacional, el que cada Estado aplica siempre y cuando tenga retomado en su legislación el Principio de Universalidad”, sugiere el jurista.

La relatora de la CIDH, Antonia Urrejola, hace énfasis en que, según la jurisprudencia de la Corte y la Comisión Interamericana, “las obligaciones de investigar, determinar y sancionar a los responsables por graves violaciones de derechos humanos tienen carácter irrenunciable”.

En Nicaragua, “falta la verdad judicial, falta determinar los responsables individuales, sancionarlos, falta reparar a las víctimas y a sus familiares; la justicia es fundamental, no es posible reconstruir un país que vive una crisis tan grave de derechos humanos, sin justicia, sin verdad y sin memoria”, advierte.

Claves de la resolución

Algunos puntos de la resolución de la 49 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Medellín, Colombia, del 28 de junio de 2019:

Reiterar la preocupación de la comunidad interamericana por el deterioro de las instituciones democráticas y los derechos humanos en Nicaragua y su apoyo a una solución pacífica a la crisis política que afecta a este país desde hace más de un año.

Instar a la reanudación de la negociación efectiva y de buena fe entre el Gobierno de Nicaragua y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y al cumplimiento pleno de los acuerdos alcanzados.

Paulo Abrao y Edwin Carcache. Archivo/END

Insistir en la necesidad de que el Gobierno de Nicaragua permita el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus mecanismos, así como de otros mecanismos internacionales de derechos humanos.

Instruir al consejo permanente a que nombre una comisión que, en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, realice gestiones diplomáticas al más alto nivel para procurar una solución pacífica y efectiva a la crisis política y social en Nicaragua y que rinda un informe en un plazo máximo de 75 días.