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La noche anterior al cumpleaños número 9 de su hija menor, Rafael Ramírez se enteró de que un grupo de jubilados convocaba a una marcha para protestar contra una reforma al seguro social que reducía en 5% sus pensiones; se sumó a ellos a las 8:30 de la mañana de ese miércoles y, 16 meses después, aún llora cuando recuerda la golpiza que recibieron él y otros adultos mayores en una calle céntrica de la ciudad de León.

Fue “un salvajismo”, afirma Ramírez, de 52 años de edad, cuando relata por enésima vez cómo fueron agredidos por turbas afines al Gobierno durante la mañana del 18 de abril de 2018.

Esa fue una violación a la Ley 720, de protección al adulto mayor, precisa la abogada Karla Sánchez Gutiérrez, especialista en derecho de familia civil y mercantil, indicando que del artículo 1 al 6 están claros los derechos y deberes de estas personas, como la dignidad, la integridad, la participación y el trato justo, humano y respetuoso que deben darles el Estado, el sector privado y la sociedad.

El problema sigue

Esa reforma impuesta por el Gobierno, que desencadenó las protestas ciudadanas, pretendía resolver el déficit financiero del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) que inició en el año 2013 con un faltante de C$250 millones. En el 2018 llegó a C$4,738 millones, según datos oficiales, y durante 2019 ese déficit podría ser mayor de C$2,500 millones, ya considerando las nuevas disposiciones fiscales de principios de año, ha pronosticado la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).

Se desconoce cuál ha sido el déficit del seguro social en lo que va del 2019, porque el Banco Central dejó de publicar esos datos en sus informes sobre las finanzas públicas.

Será difícil resolver este año la falta de recursos económicos del INSS, advierte Manuel Israel Ruiz, especialista en el tema, porque la extensión de la crisis sociopolítica iniciada en abril de 2018 y su consecuente recesión han provocado que unos 8,200 empleadores se desafiliaran del seguro social, de un total de 32 mil que había.

Datos oficiales muestran que entre enero y abril de 2018 se sumaron al INSS 1,892 nuevos empleadores, pero de mayo a diciembre del mismo año se retiraron 4,814.

También se desafiliaron 122,592 trabajadores del régimen obligatorio y del seguro facultativo, entre abril de 2018 y febrero de 2019.

“Los empleadores, al tener dos reformas que impactan su patrimonio, como es la Ley de Concertación Tributaria y la reforma del seguro social (febrero 2019) buscan mecanismos para no perder su equilibrio financiero, y en busca de ese equilibrio dolorosamente los trabajadores tienen que perder su empleo”, explica Ruiz.

El irrespeto

Los derechos de los jubilados “fueron totalmente violentados desde la primera protesta ocurrida en León, al no recibir un trato justo primeramente de parte del Estado que es el encargado y creador de la ley, y ellos mismos (el Gobierno) echaron a sus turbas para agredir a estas personas”, dice Sánchez.

Explica que esos grupos violentos también son parte de la sociedad y tienen el deber de cumplir las leyes y la Constitución. Les “irrespetaron la integridad física, psíquica y moral, violentando a la vez artículos del Código Procesal Penal”, enfatiza.

El 16 de abril de 2018, el INSS emitió una resolución que cambiaba los aportes de asalariados y empresarios, y gravaba las pensiones de jubilación; y al amanecer del día 18, La Gaceta, el diario oficial, publicó el Decreto Presidencial 3-2018, de reforma al Reglamento de la Ley de Seguridad Social, sin haber sido consultado a los sectores afectados.

El recorte a las pensiones provocó que los primeros en salir a protestar, de forma cívica, hayan sido personas mayores de 60 años, jubilados de León; y lo que menos esperaban ellos era que grupos de choque sandinistas les atacaran con palos, puñetazos, patadas y pedradas, para arrebatarles los carteles con que mostraban su inconformidad con las reformas.

Protesta válida

El doctor Arnoldo Toruño, exdecano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León), jubilado desde hace cinco años, relata que en la mañana de ese 18 de abril los partidarios del Gobierno, entre ellos estudiantes afiliados al Centro Universitario de la UNAN (CUUN), se plantaron en la entrada a las oficinas del INSS decididos a evitar la concentración de los adultos mayores.

“Creo que la gente está cansada de esas decisiones sin consultas; hubo agresiones, ancianos tirados al suelo, golpeados, y más tarde esta agresión aumentó en intensidad”, asegura Toruño, quien recuerda que la marcha la encabezaban personas de la tercera edad, jubilados y por jubilarse.

Esa protesta era legítima, considera el abogado Manuel Israel Ruiz, porque la reforma violentaba el artículo 108 de la Ley de Seguridad Social (No.974), de que ninguna pensión puede estar sujeta a impuestos, no puede ser disminuida ni embargada.

“Cuando a mí se me disminuye la cantidad de mi pensión, siento que me están violentando el derecho a la vida, es decir, cuando uno se siente realmente agredido tiene que protestar, es lo más natural”, argumenta Ruiz.

“Y lo más gravoso no es lo que les quitan de su pensión, sino el daño físico que les causaron” a los jubilados, enfatiza, porque el artículo 46 de la Constitución Política establece que en Nicaragua tiene plena vigencia la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Les apoyan

La marcha de los ancianos, como la anunciaron en redes sociales desde la tarde del 17 de abril, estaba prevista para las 9:00 de la mañana y culminaría frente al edificio departamental del INSS. En el inicio, al menos 30 adultos mayores acompañados por algunos jóvenes caminaron por una de las calles principales de León y al acercarse a la oficina del Seguro vieron que los grupos de choque progubernamentales les estaban esperando y, por eso, prefirieron quedarse una cuadra antes.

La defensora de derechos humanos Sara Henríquez estaba esa mañana dentro de la oficina del INSS, esperando que la atendieran para solicitar la cancelación de su seguro facultativo, su primera decisión después de conocer las reformas a la seguridad social.

“Varias (mujeres) nos organizamos para ir a darnos de baja, porque esas reformas eran un robo, era injusto. Primero fuimos al edificio y al estar adentro nos dimos cuenta que estábamos rodeados de turbas, a la espera de que saliéramos y que los demás autoconvocados llegaran”, recuerda Henríquez.

Debido a la tensión creciente afuera del INSS, Sara interrumpió su gestión y salió a la calle con sus amigas mostrando algunos carteles que ya tenían listos para sumarse a la protesta de los jubilados. Las agredieron y les rompieron las pancartas.

“Me metieron en medio de las turbas y vi cuando le arrebataron el celular a un hombre que protestaba con los ancianos; les cuestioné sin miedo, les dije que si a eso venían, a robar, y logré que se lo regresaran”, relata Henríquez, ahora en el exilio.

Delegación del INSS, en el barrio Zaragoza, León. Orlando Valenzuela/END

El asedio a los jubilados hizo que estos se retiraran, pero más gente se sumó a su marcha, llegando a ser casi 300 personas, y a eso de las 11:00 de la mañana, frente a la tienda de repuestos automotrices “Ronsa”, fueron agredidos por segunda vez.

De faltas a delitos

Nicolás Palacios, de 66 años, fue lanzado al suelo por hombres a bordo de motos que después lo golpearon. Esas imágenes quedaron grabadas en teléfonos celulares de los otros manifestantes y circularon el resto del día en las redes sociales y medios de comunicación. Se convirtieron de hecho en el primer detonante de las manifestaciones que luego se propagarían en el país.

“Me agarraron entre cuatro, uno se me guindo de la parte de atrás, me botaron al suelo y sufrí un golpe en la columna y en la pierna. Todavía tengo cierto malestar cuando camino”, relata Palacios, quien esa mañana del 18 de abril de 2018 iba marchando pacíficamente cuando los agresores intentaron quitarle el cartel que blandía en protesta y él se resistió a entregarlo.

“Nos iban hostigando, gente del CUUN y trabajadores de la UNAN, en cada esquina que pasábamos, hasta que me agredieron a mí. Seguimos y más adelante agredieron a dos mujeres”, cuenta Palacios.

Sara Henríquez describe así esos momentos: “Seguimos marchando, y en cada cuadra que íbamos llegando, cuadra que nos iban saliendo las turbas, ofendiéndonos. Yo les decía (a los protestantes) que no cayéramos en sus provocaciones, pero, fue una cosa que nos salieron en todas las calles, hasta que llegamos a Ronsa y golpean a don Nicolás fuertemente”.

“Fue una situación, en realidad, absurda”, afirma el doctor Toruño.

La jurista Karla Sánchez señala que esos atropellos pasaron de faltas leves, por los insultos, a delitos penales por las agresiones.

“Eso se convirtió, de no recibir un trato justo a un delito penal, como ya fueron las lesiones que, si en su momento han sido valoradas por un médico legal, se convierten en lesiones leves, graves o gravísimas”, insiste Sánchez.

La policía solo vio

Cuando el presidente Daniel Ortega revocó las reformas, el domingo 22 de abril, cinco días después de iniciada la ola de protestas, en el país habían muerto 27 personas por la represión estatal y en Managua ocurrían saqueos en supermercados privados.

El INSS tenía 135 mil jubilados en abril de 2018, y un año después serían 160 mil.

Toruño cree que la protesta inicial, apoyada por varios sectores sociales, era también contra la forma arbitraria con que el Gobierno estaba tomando decisiones importantes que afectaban a la población, en particular a los asegurados.

“Los estudiantes no son afectados, sino que las autoridades imponen medidas sin consultas, sencillamente porque sí y realmente la historia de estas reformas al Seguro vienen de ese estilo”, comenta el ex catedrático.

Asegura que la violencia contra los jubilados ocurrió delante de las autoridades policiales, quienes incumplieron el artículo 1 de la Ley de Funciones de la Policía Nacional y la Ley 144, la cual establece que este es el órgano encargado de proteger la vida, la integridad física y la seguridad de las personas, prevenir el delito, preservar el orden público y social y velar por el respeto de los bienes nacionales, sociales y particulares.

“En el momento no me percato, pero, después me doy cuenta que está la Policía viendo todo y no hicieron nada para impedirlo, y nosotros pidiendo a gritos que nos ayudaran”, revela Sara Henríquez.

Nicolás Palacios, de 66 años, recuerda que en esta esquina fue agredido por turbas progobierno el 18 de abril de 2018, hace 16 meses, cuando él y otros jubilados se manifestaron en contra de la reforma al seguro social.  Orlando Valenzuela/END

Toruño narra que “estaba la Policía de celeste por ahí cerca y no había agresión física, sí verbal, sí el hostigamiento; pero, más adelante sí hubo agresión, yo ya no estaba cuando se dio eso, pero logré ver los vídeos de lo que pasaba al momento y la Policía no hizo nada para evitarlo”.

“En ese momento no nos agredieron los policías, fue el CUUN, trabajadores de la UNAN y otros grupos violentos, pero, la Policía no nos protegió”, asegura Nicolás Palacios.

“Desde que comenzó este gobierno (2007), ha venido reprimiendo todo tipo de marcha y todo tipo de protesta”, añade el jubilado. “Para este gobierno, es prohibido protestar por tus derechos y la Policía se unió a eso, es un brazo opresor más”.

Rafael Ramírez comenta que “nadie se esperaba que sucediera eso” y deduce que el Gobierno “no soporta que haya una libertad de expresión” y “lo que nunca se imaginaron es que la gente al instante subiría todo lo que ocurría; eso vino a botarles todas las mentiras con la que han construido este sistema”.

Ataques verbales

Aunque esas reformas a la seguridad social fueron revocadas en la misma semana que las anunció el Gobierno, los adultos mayores de León continuaron protestando hasta que la represión estatal se los impidió; y 16 meses después, sin manifestarse en público, siguen bajo asedio, algunos se han ido al exilio y otros dejaron de retirar sus pensiones de vejez por miedo, han dicho.

Toruño afirma que desde entonces ha cambiado dos veces las ventanas del frente de su casa, porque gente afín al Gobierno las ha destruido a pedradas; y es constante la presencia de civiles armados en la calle donde él vive.

Palacios dice que este año él no ha sufrido asedio ni amenazas, pero entre abril y junio de 2018 fue acusado de participar en las quemas de algunos edificios en León y fue amenazado de muerte por una radioemisora progubernamental.

“Incluso, hubo publicaciones en Facebook donde me achacaban esas quemas, sacaron una foto mía que decía: ‘él es el responsable’. También, el exalcalde de León me ha mencionado mucho en una radio, recibí amenazas, pero no he recibido una agresión física últimamente”, relata.

Ramírez salió del país durante algunos meses y regresó para acompañar a su esposa, sus hijas y su mamá de 80 años, quienes quedaron en León.

“Me tildan de golpista, de terrorista, que me financia la CIA, que los gringos me pagan. Las patrullas llenas de policías se estacionan frente a mi casa por horas; lo que hacemos es no salir y si me ven en la calle, me siguen y me gritan: perdedor, fracasado”, relata Ramírez, un ingeniero agrónomo sin empleo.

Sus ingresos provienen del alquiler de dos casas, propiedad de su familia, y comenta que permanece dentro de la vivienda, igual que sus familiares, para evitar el asedio y las agresiones verbales en la calle.

“Aquí pasa la policía sonando las sirenas, y para la última convocatoria del paro nacional, que fue el 23 de mayo, mi mamá estaba en la puerta y pasó el hijo de una comandante, gritando: ‘Aquí vive el terrorista’. Mi mamá (una anciana) fue a parar al hospital”, cuenta.

Sara Henríquez dice que en la noche del 18 de abril de 2018 un grupo de personas se apostaron frente a su casa, amenazándola y tildándola de “traidora” y “vende patria”. Salió del país a finales de julio del mismo año, por motivos de trabajo, pero familiares y amistades le recomendaron no regresar porque había una supuesta orden de detención para ella.

Este hombre, que circulaba en una motocicleta sin placa, se dedicó a fotografiar con un celular al equipo periodístico de El Nuevo Diario que realizaba este reportaje en León. Archivo/END

INSS les debe

Los jubilados de León dicen estar en la incertidumbre, sobre sus derechos como pensionados, porque en el año 2018 y lo que va del 2019 el INSS no ha hecho los dos ajustes anuales a los montos de sus pensiones.

Nicolás Palacios declara que “la pensión es una miseria y está estática porque (en el INSS) no han dado ningún reajuste, mucho menos el reajuste que dan dos veces al año, más el ajuste que te hace de devaluación que es una vez en el año”.

El experto en seguridad social, Manuel Ruiz, indica que la población jubilada de Nicaragua está protegida por la Ley 160, que conduce beneficios adicionales a estas personas; por ejemplo, en el artículo 2 establece que la pensión no puede ser menor al 100% del salario de la industria manufacturera.

“En este momento, el salario mínimo de la industria manufacturera es de C$ 5,615.75, y ninguna pensión debe ser menor que ese monto, más las asignaciones familiares”, explica.

Por ley, en Nicaragua el salario mínimo es reajustado dos veces al año, en marzo y septiembre, y así mismo ocurre con la pensión mínima de los jubilados.

Ruiz confirma que el INSS le debe a los pensionados un ajuste salarial que se realiza cada 30 de noviembre, conforme el deslizamiento anual de la moneda nicaragüense que es del 5%.

“Ellos tienen muchísima razón jurídica y legitima, que efectivamente ese 5% del cheque de diciembre no se les ha honrado. Sí, esta honrado enero de 2019 que va a llegar hasta el 30 de noviembre para que en diciembre se les vuelva aplicar nuevamente el 5%”, dice el experto.

El jubilado leonés Ricardo Fuentes Huete, de 62 años, quien participó en la primera protesta el 18 de abril de 2018, ha preferido renunciar a la pensión, por miedo. “El año pasado iba a empezar a cobrar mi pensión, pero después de lo que pasó y por las amenazas que ha sufrido mi familia y yo, decidí no retirarla; no soy capaz de llegar al INSS porque ellos saben quiénes fuimos los que protestamos”, confiesa.

El artículo 112 de la Ley de Seguridad Social (No. 974) precisa que las acciones para cobrar los pagos mensuales atrasados, de pensiones ya concedidas, prescriben al año. Manuel Ruiz sugiere: “Cualquier pensionado que, por problemas de cualquier índole, dejó de retirar su pensión, puede ir al seguro social a cobrar lo que tiene acumulado, más el pago de aguinaldo proporcional, conforme al artículo 112 que establece reconocer solamente 12 meses”.

Incluso, puede nombrar a un apoderado, y el pensionado solo presentarse una vez al año en el INSS para confirmar que está vivo, lo que se conoce como “fe de vida”.

Nicolás Palacios optó por que le depositen el pago de su pensión en una cuenta bancaria, evitando así exponerse a ofensas y maltratos de empleados públicos, por el hecho de ser opositor al partido de gobierno, el Frente Sandinista (FSLN).

Cinco problemas

El seguro social muestra hoy “cinco graves problemas”, afirma Ruiz. Carece de autonomía administrativa, como establece el artículo 3 de la Ley de Seguridad Social; en el aspecto financiero, los ingresos son menores que los egresos; falta una ley que regule la atención médica de los jubilados; falta una ley que regule las inversiones y su nivel de cobertura es muy bajo, por lo que Nicaragua aparece con una de las tasas más baja de América Latina en ese campo, equivalente al 21% de la población económicamente activa.

“La (cobertura) que teníamos en el año 2004, que era el 21% de la población económicamente activa, es la que teníamos en el 2018; mientras que Costa Rica supera el 75%, acercándose al 80%. Nosotros, después de 62 años de vida institucional, estamos en esta situación”, detalla Ruiz.

Parte del déficit financiero del INSS es consecuencia de que en el 2014 se creó la Ley de Pensión Reducida por Vejez (Ley no. 900), y en base a ella el gobierno ha otorgado 55 mil pensiones hasta la fecha, a personas que no cotizaron lo necesario.

Otro problema, según Ruiz, son los gastos administrativos del seguro social, que deberían representar el 6.5% y están arriba del 13%. “Eso hace que se gaste más, puede ser que el déficit cada día vaya a aumentar porque los gastos van ser mayores y los ingresos menores”, destaca.

Desde 1990 hasta hoy el Poder Ejecutivo nicaragüense ha realizado 18 reformas al sistema de seguridad social, precisa Ruiz, quien hace énfasis en que la mayoría han sido verticales, decisiones unilaterales del gobierno “sin la participación de las empresas, salvo dos o tres que se hicieron en el 2014 con el Cosep (Consejo Superior de la Empresa Privada)”.

La elaboración de las demás reformas, incluidas la de abril de 2018 y la que entró en vigencia en febrero de 2019, carecieron de la participación de los sindicatos de trabajadores, de los pensionados y los empresarios, asegura Ruiz.

El pronóstico del experto en seguridad social es que, mientras persista la recesión económica en Nicaragua, habrá más desempleados y menos cotizantes al INSS.

“La reforma, aunque su motivación, según dice, es para mejorar el balance financiero, la conclusión a la que podemos llegar es que eso no va a ser posible para el 2019 y tampoco para el año 2020”, advierte.

El excatedrático Arnoldo Toruño, de 72 años, en una de las  marchas posteriores a la del 18 de abril 2018, en León. Oscar Sánchez/END

Rafael Ramírez explica que se la hace difícil evitar las lágrimas, cuando recuerda la agresión de que fue víctima el 18 de abril de 2018, por reclamar su derecho a recibir completa la pensión de jubilado. “Fue una maldad, no es humano, herir a tu propio pueblo, a tu propia sangre. Eso solo lo piensan y lo hacen las personas malas”, expresa entre sollozos.

La última reforma al INSS

El 28 de enero de 2019, el Gobierno de Nicaragua dio a conocer cambios en el sistema de pensiones, mediante la resolución número 1/325 del Consejo Administrativo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Entre los cambios importantes, destacan estos:

En el régimen integral, las empresas con 50 trabajadores o más pagarían una cuota patronal de 22.5% del salario del trabajador, 3.5 puntos porcentuales más.

El incremento en el seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) pasó del 10% al 13.5%, mientras los otros componentes como riesgos profesionales, aporte a víctimas de guerra y enfermedad y maternidad se mantienen en 1.5%, 1.5% y 6%, respectivamente.

Para las empresas que emplean menos de 50 trabajadores, el aporte patronal quedó en 21.5%, 2.5 puntos porcentuales más.

La cuota vigente para los asalariados era de 6.25%, y a partir de febrero de 2019 subió a 7%.

El pago por el seguro facultativo pasó de 18.25% a 22.25%; y en el caso del Facultativo IVM, de 10% a 14%.