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Un cuatrimestre con malas señales
Apenas ajustan 4 meses del año y el país ya ha vivido fuertes conmociones políticas, sea para bien o para mal, como la inscripción de la candidatura del presidente Daniel Ortega en busca de su reelección, aún cuando la Constitución Política se lo prohíbe doblemente.

Es un año electoral y la opinión pública está al vaivén de los hechos políticos, sociales y económicos que de alguna u otra forma afecta a la ciudadanía. Pero hasta el momento, todo parece favorecer al partido de gobierno, específicamente al presidente Ortega, pues en la última encuesta de M&R Consultores el mandatario obtuvo un 47.8 por ciento de intención de voto, frente a un 12.8 por ciento de su principal contrincante, Fabio Gadea Mantilla.

El 2011 arrancó con la expectativa sobre si el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, inscribiría por sexta vez a Daniel Ortega como su candidato presidencial.

Sin embargo, mientras llegaba ese día, la política nacional se vio trastocada por un cable de WikiLeaks que decía que el jefe de Gabinete del Consejo Supremo Electoral, CSE, Rodrigo Barreto, había admitido en una conversación privada con el embajador de los Estados Unidos en Nicaragua, Robert Callahan, que en las elecciones municipales de 2008 hubo un fraude masivo.

Ante tal revelación, muchos esperaban que rodara la cabeza de Barreto, pero éste salió a desmentir el señalamiento amparándose en su militancia sandinista y la noticia pasó a la historia.

La Haya otra vez
Pero escándalos no le faltaban al CSE, pues días antes EL NUEVO DIARIO había publicado información que prueba que entre 2004 y 2008 se extrajeron sin ningún control 407 millones de córdobas de este Poder del Estado. Este otro caso también quedó sin pena ni gloria.

Después la atención se enfocó en otro punto, cuando el 8 de marzo la Corte Internacional de Justicia, CIJ, resolvió sobre el conflicto entre Nicaragua y Costa Rica por el dragado del Río San Juan y la supuesta invasión de parte de militares nicaragüenses a territorio tico. La CIJ ratificó que Nicaragua puede dragar el río, pero mandó a las partes a evitar presencia militar en el territorio en conflicto y a buscar una solución dialogada.

Halleslevens y los desmovilizados

Y llegó el 18 de marzo. Ortega se presentó como candidato presidencial del FSLN, y para mayor sorpresa, con el ex jefe del Ejército, Omar Halleslenvens, como su fórmula. Con ello, opositores y analistas políticos críticos del Gobierno declararon el proceso electoral 2011 como nulo.

Sobre el nombramiento de Halleslevens, militares retirados opinaron que se debe a una estrategia para reconciliar al Gobierno con desmovilizados del Ejército Popular Sandinista, EPS, jóvenes que cumplieron su Servicio Militar que se autodenominan “Cachorros de Sandino” y que exigen el pago de una pensión.

La marcha y la indiferencia de la oposición
Marzo transcurrió convulsionado por la inevitable postulación de Ortega, al punto que algunos analistas llegaron a asegurar que la única solución a esa ilegalidad era una rebelión popular.

No hubo una rebelión, pero el 2 de abril varias organizaciones de la sociedad civil salieron a expresar su rechazo a la reelección de Daniel Ortega. No obstante, la marcha no se dio como se había previsto, pues la Juventud Sandinista organizó un festival para ese mismo día y se plantó desde días antes en el lugar que la sociedad civil había escogido como punto de partida.

En dicho evento, la Policía Nacional resultó muy criticada por políticos opositores y representantes de la sociedad civil, pues la señalaron de obstaculizar y reprimir la marcha original por estar al servicio del partido de gobierno.

La conmoción por estos hechos no había pasado cuando se conoció que el presidente Ortega, a través del decreto 15-2011, despojó a la Región Autónoma del Atlántico Sur, RAAS, de los municipios del Muelle de los Bueyes, El Rama y Nueva Guinea, para pasarlos al departamento de Chontales.

Dicha decisión fue vista como una estrategia electoral del FSLN para obtener un diputado en la RAAS, lo cual admite el presidente de la Comisión de Municipios de la Asamblea Nacional, diputado Agustín Jarquín Anaya; sin embargo, señala que es legal, según el último párrafo del artículo 8 de la Ley 137, Ley de reforma a la Ley de División Política y Administrativa.